«Tenemos que comprender que las constituciones son cuerpos vivos que van mutando en el tiempo (…) ¿Porqué Foxley, Aninat, Eyzaguirre, Velasco y Larraín llevaron a cabo las políticas económicas que llevaron como ministros de Hacienda? No porque la Constitución se los mandatara, si no porque había una férrea convicción política y económica de llevarlas adelante. Entonces echarle la culpa a la Constitución de que esos ministros hicieron lo que hicieron porque esta se los señalaba es un argumento parcial, y no es correcto», explica el constitucionalista y profesor de la PUC Sebastián Soto, en conversación con el Director Ejecutivo Internacional de la Fundación para el Progreso Axel Kaiser.
Durante la entrevista, Kaiser explica que no hay en la Carta Fundamental chilena una prohibición de que el Estado crezca para poder eventualmente satisfacer necesidades o incrementar sus gastos: «no hay nada en la Constitución que le impida al Estado proveer educación gratuita a nivel universitario, de hecho eso ya está ocurriendo, no hay nada que le impida mejorar las pensiones de la gente con recursos públicos, o que impida hacer un mayor gasto en salud, una mayor protección del medio ambiente, etc», afirma el abogado.
Soto dice que efectivamente no hay tales prohibiciones, y dice que «las razones por las cuales eso no se ha hecho es porque ha habido una convicción de los diversos gobiernos de que no es adecuado desde la perspectiva de la política pública hacerlo, y aumentar el déficit, el endeudamiento, o proveer con masividad una serie de bienes directamente por el estado».
Eso sí, el constitucionalista de la PUC enfatiza que «la Constitución, sobre todo para aspectos de salud, educación y previsionales, contempla la libertad de elección. No podría ser posible que hubiera un único sistema público de, por ejemplo, provisión educacional. Los padres pueden elegir entre un sistema público o privado. Eso sí es algo que considero correcto, pero algunos señalan que impediría una única forma estatal de servicios».