La campaña para el plebiscito del 26 de abril, en el que se decidirá si se reemplaza o no la actual Constitución, comenzó hace casi una semana. Sin embargo, aún quedan diversos aspectos por definir en caso de que se imponga la opción del Apruebo y haya que establecer el funcionamiento de la Convención, indistintamente de si resulta electa la opción Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional.
Uno de estos puntos tiene que ver con su reglamento interno y el modo en que los convencionales emitirán su voto. Este debate se abrió ayer luego de una propuesta de la Democracia Cristiana (DC), que fue respaldada por Renovación Nacional (RN), que consiste en que el voto de los convencionales se conozca después de seis meses de emitido.
“Planteé esa alternativa en una reunión que tuvimos con Desbordes, con Heraldo Muñoz (PPD) y Carlos Maldonado (PR). Se puede explorar y que después el voto se libere, pero que pueda ser por un tiempo secreto. Y no solo para evitar funas, sino que también para dar la tranquilidad de que la gente no votará por presiones, sino que pensando en el país”, dijo a El Mercurio el presidente de la DC Fuad Chahin.
Tras la publicación, el timonel demócratacristiano debió ampliar su planteamiento y explicó a través de su cuenta de Twitter que esa fórmula aplicaría en el caso de la Convención Mixta, “donde sus miembros no tienen la inhabilidad de presentarse a otras elecciones. Por lo cual, las votaciones podrían transformarse en un instrumento de campaña permanente, desvirtuando su objetivo”. Agrega: “Es en esta última fórmula donde nos hemos abierto a analizar el secreto del voto, sin decidir nada aún. Y solo por el hecho, de evitar que cada decisión se transforme en una campaña futura, que termine por ser más importante que la redacción de una Casa de Todos”.
La Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República, promulgada el 23 de diciembre, establece que en el caso de la Convención Constitucional con integrantes 100% electos, estos no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención. Para Chain, en este caso -que es la cédula que apoya la DC-, “las votaciones deben ser transparentes pues es un órgano que elaborará una propuesta que será sometida al país y se disolverá”.
El dilema del voto secreto
Al respecto, el constitucionalista Sebastián Soto e integrante de la mesa técnica que elaboró el proyecto de reforma constitucional, señala a El Líbero: “Me parece que es una buena idea la que se plantea para algunas votaciones. Todo órgano colegiado tiene que tener espacios de transparencia, pero también debe tener espacios de reserva para ciertas negociaciones, donde de lo contrario se promueven comportamientos oportunistas o se polarizan demasiado las posiciones impidiendo los acuerdos, y creo que una forma inteligente de resolver eso en el derecho comparado ha sido con espacios de reserva temporal, como el que proponen la DC y RN”.
Agrega que estas son definiciones que debe tomar la propia convención en su reglamento de votación en caso de imponerse el Apruebo. “Debe haber máxima transparencia, pero no debe ser absoluta a todas las instancias. Hay espacios de deliberación y espacios de negociación, esa pudiera ser una fórmula de plantear una distinción”, indica Soto.
Otro integrante de la mesa técnica, que prefiere la reserva, también se inclina porque los espacios de negociación se mantengan en privado y que pueda existir una gran votación final, que sí sea pública. Este experto sostiene que el debate con respecto al secreto del voto puede tener dos orígenes: el reconocimiento de que la convención “no va a ser libre”, pues sus miembros están sujetos a demasiadas presiones, y lo segundo es que hay evidencia que muestra que cuando todo es tan tan público, se hace difícil que se tomen buenas decisiones o que se atrevan a tomar decisiones que son impopulares, por temor a la funa, por ejemplo. Destaca que en estos casos se necesita que el convencional pueda ir revisando opiniones para negociar, ceder, cambiar; casos en que la reserva puede ayudar.
Un punto de vista contrario tiene el abogado constitucionalista Javier Couso, para quien “cuando se discute algo tan importante y se vota algo tan importante como una nueva Constitución debe haber la máxima transparencia posible. Hacer voto secreto en esto sería concederle a las personas que supuestamente ejercerían presión, a la gente que funaría por decirlo así. Las personas que vamos a elegir para la Convención Constitucional son personas que deben tener temple, deben tener carácter suficiente como para no dejarse intimidar. Entendiendo la buena fe de Desbordes y Chahin y su mejor intención, es una mala idea en una sociedad como la que vivimos hoy, particularmente cuando se deciden las reglas que van a gobernar al país por 40 o 50 años. No puede ser secreto el voto de los que han deliberado y luego van a votar cuál va a ser la Constitución de Chile”.
Couso concede que no puede haber discusión en detalle de todos los temas en el plenario; y que es en las subcomisiones donde existe la posibilidad de dialogar con calma y de intercambiar ideas, “pero cuando llegamos al plenario lo razonable es que sean totalmente públicos. Uno puede entender que las subcomisiones que son momentos más de ‘brainstorming’, que esa etapa pueda tener cierta privacidad, pero cuando llegamos a la sala todo tiene que ser transparente y público”.
Para otros constitucionalistas que participaron en la mesa técnica la solución no es el secreto del voto, sino ir al origen del problema y lograr detener las funas. Incluso sostienen que es “una mala señal política” pedir el secreto, y que en caso de que haya temas delicados que deban ser abordados en reserva el punto sea no el miedo a la violencia, sino por conveniencia para los intereses del país».
En la región está el caso de Bolivia, cuyo proceso constituyente estuvo marcado por la violencia. Incluso algunas sesiones tuvieron que realizarse bajo custodia policial. En varias ocasiones la Asamblea Constituyente de ese país estuvo a punto de naufragar. Al extremo de que durante su primer año, es decir, de agosto de 2006 a agosto de 2007, no aprobó ni un solo artículo de la nueva Constitución por falta de consenso entre sus miembros. Pese a esto, el final de su período fue su momento más complicado. El 23 de noviembre de 2007, después de tres meses sin lograr sesionar, el MAS -partido de Evo Morales- forzó una sesión de emergencia para aprobar en general la Constitución con custodia policial en los salones del Liceo Militar Edmundo Andrade -que agencias internacionales describieron como “un cuartel”-. En esa jornada hubo 150 heridos y 70 estudiantes detenidos. La Asamblea siguió sesionando aunque los disturbios dejaron saldo de tres muertos.
Tras ese primer escenario de conflicto, el oficialismo trasladó la última sesión de la Constituyente a otra ciudad (Oruro) para concluir la aprobación en detalle. La oposición no se presentó. En principio, la directiva del foro había anunciado que la sesión se realizaría en la zona cocalera del Chapare, feudo político y sindical de Morales, lo que desató críticas que alegaban que sería el extremo de la «exclusión política» y sometería a los constituyentes a la presión de los «machetes» de los productores de coca. Para que hubiese acuerdo finalmente tuvo que intervenir el Congreso y revisar más de 100 artículos.
Las otras tareas pendientes
Más allá del voto secreto o no de los convencionales, hay otros aspectos referentes al funcionamiento de la Convención, en caso de que gane el Apruebo, que faltan por definir.
El abogado constitucionalista Víctor Manuel Avilés, señala: «Estamos a 55 días del plebiscito y todavía no se conoce, por ejemplo, cómo se va a conformar, si es que va a haber paridad y cómo sería esta paridad si es que hay integración de los pueblos originarios. Es fundamental que la gente vote de forma informada y eso significa saber cómo se va a conformar la convención mixta. Ahí hay un desafío enorme que si no se soluciona podría restarle legitimidad al proceso”.
Pero hay otros aspectos como el lugar en donde sesionará que tampoco tienen respuesta aún, aspectos en el que, sostienen, deben prevalecer dos factores, la seguridad del recinto y su funcionalidad. Otra opción sería que el órgano decida hacer cabildos similares a los que hubo en el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, lo cual implicaría recursos que también hay que definir de dónde provendrán; o también podría hacer audiencias públicas, similares a las que realiza el Congreso.
“Hay otros temas importantes de definición. El primero son los mecanismos de participación ciudadana, creo que estos tienen que estar reglamentados para que haya una efectiva participación, y mecanismos conocidos en los cuales la ciudadanía pueda plantear sus posiciones y los convencionales decidir”, enumera Soto. Agrega que “también tiene que haber una definición de las normas de procedimiento, el número de comisiones, cómo va a lograrse la coherencia del texto final que se propondrá a un plebiscito eventualmente. Puesto que si trabajan distintas comisiones tiene que haber algún comité que elabore un texto mucho más coherente y que dialogue entre las diversas propuestas. Asimismo, me parece que falta una definición muy relevante sobre la forma en que va a haber una asesoría técnica constitucional y las tareas que tendrá esta en su momento”.
Couso es más optimista en este punto, en el sentido de que los elementos esenciales de la Convención, independientemente de su tipo, ya quedaron definidos en la reforma constitucional que se aprobó en diciembre como, por ejemplo, el quórum de dos tercios, que en caso de que no haya acuerdo prevalece la actual Constitución; respeto por el carácter democrático y republicano del país; el derecho internacional de los derechos humanos y otros tratados internacionales; que no puede tomar otras facultades; que tiene que disolverse a los 12 meses y no puede interferir en otros poderes.
“Las cosas que quedan por definir son más bien prácticas… en el caso de que gane el Apruebo, una vez que se inaugure la convención van a tener que crear una subcomisión que va a proponer un reglamento interno, pero los límites más importantes ya han sido definidos por la reforma constitucional”, sostiene Couso.
Para Soto, las materias pendientes “no van a estar definidos antes del 26 de abril y creo que tampoco van a estar completamente definidos antes del funcionamiento de la convención. Antes del 26 de abril, la discusión es si iniciamos o no este proceso. Por lo tanto, estos temas si bien son importantes, es difícil que estén claros. Entre el plebiscito y la elección de la convención probablemente se van a discutir mucho más estos temas, pero quien debe definirlos es la propia convención en sus primeras sesiones”, en alusión a los aspectos logísticos y de reglamento.
Otras voces subrayan que lo que sí es relevante que se dilucide antes del 26 de abril es qué va a pasar con los independientes, las mujeres y los pueblos indígenas, cuyo plazo de definición es el 25 de junio, de lo contrario “eso sí sería votar por un cheque en blanco”.
“Las dudas que persisten en cuanto a la conformación paritaria y los pueblos originarios por un lado. También la necesidad de tener que establecer el secreto para proteger a las personas son cosas que ya están afectando la legitimidad del proceso. Cuando pasen los años, la gente va a decir que se trató de un proceso viciado porque la gente no alcanzó a conocer aquello por lo que estaba votando o porque no tuvo la posibilidad de saber qué es lo que estaban votando sus representantes en la convención mixta”, concluyó Avilés.