El 8 de marzo el Gobierno sufrió un traspié cuando la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, bloqueando su avance y modificando los planes del Ejecutivo. En un intento por enfrentar este revés, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya lleva casi dos meses de conversaciones y negociaciones.
Sin embargo, al no alcanzar acuerdos transversales, el Ejecutivo optó por no insistir en el Senado, como lo habían anunciado, sino que dividirán el proyecto en partes para entrar por la Cámara. Son seis pilares los que componen el llamado pacto fiscal del Gobierno, que fue presentado este martes en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric.
En Mirada Líbero, conversamos con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), gremio que ha tenido un rol importante en estas reuniones y en la entrega de propuestas para modificar el primer proyecto.
A pesar de calificar este pacto como una buena noticia, Jiménez criticó que “hay una perseverancia del proyecto original, tanto en la aspiración de recaudación con mayor carga tributaria, como en las medidas de evasión y elusión. Lo que se hizo es que se complementó con una agenda interesante, como es lo del crecimiento, de abordar la informalidad, de incentivar la inversión con medidas administrativas, por lo tanto se amplió a un pacto que tiene aspectos que son positivos, pero que en la idea original probablemente no ha cambiado tanto. Algunas cosas se cedieron, pero creo que todavía queda harto por conversar para que de verdad tenga viabilidad política”.
En este sentido, señaló que pese a haberse reunido en más de una ocasión con el Presidente y con el ministro Marcel para las negociaciones del pacto fiscal, hubo algunos aspectos en que no fueron escuchados. Jiménez manifestó que “hicimos una presentación la semana pasada, en la cual fuimos bastante claros conceptualmente en señalar que seguir subiendo los costos de la actividad productiva es complejo”.
“Es verdad que acá no se suben los impuestos corporativos –que cabe recordar que son más altos que el promedio de la OCDE– pero sí la carga tributaria general. Y si uno suma todos los efectos de las últimas modificaciones sólo en este gobierno, dígase salario mínimo, 40 horas, reforma de pensiones con un aumento de 6 puntos de carga de las empresas, el royalty, estamos hablando de casi 4 puntos del PIB de mayor costo. Entonces, esto claramente no fue escuchado y el ministro persevera”, sostuvo.
En esta línea, Jiménez no quiso hablar derechamente de que lo presentado por el Presidente Boric sea un acuerdo, “estamos de acuerdo en algunas partes y en otras no. Es una propuesta en que se escuchó en una parte al sector empresarial y en otras no, y hoy día les va a tocar, después de las instancias de conversación que hubo, conversar con el mundo político, que es el que finalmente negocia y da los votos para estas iniciativas”.
Aún así, la vicepresidenta del gremio que reúne a las grandes empresas, destacó que “el hecho de haber ampliado la discusión es reconocer que ha habido un diálogo, que ha apuntado en esa dirección, y eso fue recogido. En esos aspectos, el Ejecutivo fue capaz de visibilizar que eran temas en los que necesitamos avanzar, que necesitamos que la economía vuelva a despegar y crecer. No hay redistribución cuando no hay crecimiento”.
“No debiera ser posible que parcelando un proyecto se pueda insistir en la Cámara”
En su presentación de hoy, el Mandatario señaló que este pacto fiscal se dividirá en dos proyectos: uno que considera modificaciones al impuesto a la renta, aumentando los impuestos a las empresas y personas con mayores ingresos, y otro que se hace cargo de robustecer la fiscalización y el cumplimiento tributario.
Este último punto es una de las medidas que más hace ruido en la CPC. “Ingresar tan pronto en septiembre un proyecto de evasión y elusión, que le cambiaron el nombre por el de Fiscalización del incumplimiento de las obligaciones tributarias, es parecido a las ideas matrices del proyecto rechazado. Tengo ciertas dudas de si eso efectivamente va a ser acogido, porque no debiera ser posible que parcelando un proyecto de ley puedas insistir en la Cámara de Diputados, cuando en realidad era parte del proyecto original”.
Jiménez insistió que, respecto al proyecto de evasión y elusión, “tengo bastantes aprehensiones, a todos nos gusta el título, pero cuando uno hace doble click en el proyecto rechazado anteriormente, es preocupante que, por ejemplo, la calificación del delito de elusión se haga en sede administrativa, en el SII, y no en los tribunales tributarios y aduaneros. Es un retroceso”.
Agregó que “cuando se introduce la figura del denunciante anónimo, es fuente de judicialización, un daño que supera con creces a los beneficios. Pensar que ese tema está zanjado, creo que tampoco atiende a las discusiones que se han tenido en esta etapa. Vamos a ver si se acoge primero y luego ver el detalle de cada uno de los proyectos y las medidas administrativas que debieran respaldar estas propuestas, que hoy están a nivel de titulares”.