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Publicado el 13 abril, 2021

Vanessa Kaiser: Muerte civil

¿Se imagina usted cómo vive una persona que no puede renovar su cédula de identidad, el pasaporte y su carnet de conducir?

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Para nadie es una novedad que la situación provocada por la pandemia ha generado dificultades a la hora de proponer medidas que sirvan a la salud pública. Algunos gobernantes, como Angela Merkel, pidieron disculpas; otros, se retractaron y reconocieron que la situación los ha superado. A la luz de tantos errores podemos afirmar que jamás la historia había sido testigo de forma tan clara sobre cómo las buenas intenciones pavimentan el camino al infierno, ocasionando daños mucho mayores que los que se pretendía evitar. Es relevante poner los hechos que analizamos en el contexto que corresponde y, a partir de un análisis objetivo, preguntarse si acaso sea necesario poner un freno a las iniciativas que rayan en el absurdo, pues promueven la muerte por otras causas. ¿A qué me refiero?

Ya a mediados del año pasado la OMS advertía que: “Los efectos de la crisis de COVID-19 sobre la seguridad alimentaria se reflejarán dentro de muchos años” y nos hablaba de la muerte de 10.000 niños al mes producto del hambre que causan las medidas para evitar la expansión del virus. ¿Quién responde por ellos o por los 22 millones que cayeron en la pobreza en Latinoamérica producto de estas medidas? Silencio. (No vale la pena discutir con quienes creen que la vida no depende de condiciones materiales y disocian la pobreza de la enfermedad y de la muerte. La ignorancia no es un mal que pueda curarse con una columna de opinión). Tampoco hay quien responda a los preocupantes efectos de las cuarentenas sobre la salud mental. Depresión, ansiedad y significativo aumento de las probabilidades de morir por suicidio. El gran problema es que, para las enfermedades mentales no hay vacunas. Y qué decir de la falta de atención médica a otras enfermedades crónicas o a la prevención de ellas, resultado de que la obsesión política y mediática gira única y exclusivamente en torno las muertes <con> o <por> el COVID-19. (Nunca sabremos cuántas fueron por causa directa del virus.)

Hay otro tipo de muerte, igual de preocupante, cuya sombra avanza sobre la vida nacional. Me refiero a la muerte civil causada por un virus cuya particularidad es la de atacar específicamente a la clase política. Su síntoma más frecuente es la irracionalidad parlamentaria.

Encontramos una muestra de esta enfermedad en el proyecto presentado este fin de semana por los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida para castigar con la muerte civil a quienes no paguen las multas de carácter sanitario. ¿Se imagina usted cómo vive una persona que no puede renovar su cédula de identidad, el pasaporte y su carnet de conducir? La consecuencia directa es la imposibilidad de obtener algún tipo de prestación estatal y de sostener la vida por sus propios medios. O sea, queda liquidada. Cabe preguntarse: ¿a qué dedicaría su tiempo libre el condenado a la muerte civil?

La respuesta es muy simple y se repitió hasta el cansancio durante el estallido; cuando ya no hay nada qué perder sólo queda por destruir el mundo que nos ha negado un lugar en él. En otros términos, podemos esperar que la monstruosidad legislativa propuesta sirva a un engrosamiento importante de la Primera Línea y no creo que ese sea el propósito de los parlamentarios. ¿Cómo explicar esta situación?

Se esperaría mínimamente que nuestros legisladores tuviesen una capacidad básica de evaluar las consecuencias de sus propuestas, pero padecen de una desconexión absoluta con la realidad. Y es que en Chile nunca se ha hecho el ejercicio de proponer políticas públicas tras un examen exhaustivo de su aplicación a un universo de estudio acotado y, mucho menos, una evaluación de su impacto, de modo que no existe una práctica elemental de análisis básicos tras los impulsos facilistas e irracionales de proyectos como el que aquí analizamos.

El problema es que la irracionalidad parlamentaria es contagiosa. Ya con la definición de “bienes esenciales” parecía haberse cruzado una línea peligrosa hacia una existencia esquizofrénica. Eso de poder comprarse una botella de pisco, pero tener prohibido adquirir una esponja para bañar a la madre de 80 años, postrada y enferma (por mencionar uno de los muchos ejemplos de los que tuve noticia estos días), es francamente desquiciado. ¿Puede haber un modo más fácil y directo para horadar la legitimidad de la clase gobernante? ¿Y nos extraña que ante tanta barbarie se incumplan las normas sanitarias?

Sabemos que los problemas de la mente no se curan con vacunas, pero podemos intentar un cóctel paliativo que combine tres elementos: un recuerdo, un aterrizaje y un principio. El recuerdo situaría a los parlamentarios en medio de las protestas de 2019; el aterrizaje les mostraría el ingreso laboral promedio mensual de $620.528 (INE 2019) y el nivel de endeudamiento de los hogares, equivalente al 74,9% del ingreso disponible anual de las familias (Banco Central 20/04/2020). Finalmente, el principio para devolver nuestras vidas a cauces razonables es el de la proporcionalidad. En virtud de dicho principio la intervención pública debe tener alguna probabilidad de alcanzar la finalidad perseguida. Además, ha de ser “necesaria” o imprescindible, no habiendo otra medida menos restrictiva a libertad de los ciudadanos. Por último, tiene que ser “proporcional” por derivarse de aquélla más beneficios para el bien común que perjuicios sobre otros valores o bienes en conflicto, en particular, derechos y libertades. Quizás con algunas dosis de este cóctel logremos recobrar algo de la racionalidad perdida y evitar asesinatos civiles que contribuyan a encender la revolución.

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