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Publicado el 11 mayo, 2021

Vanessa Kaiser: La farsa del Estado benefactor

Para imponer el Estado benefactor a una realidad como la nuestra es necesario destruir la diversidad de tipos de vida con políticas totalitarias que van desde la ESI (Educación Sexual Integral) hasta el proyecto de autonomía progresiva que suprime la necesaria autoridad dentro de una familia.

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España tomó una decisión en favor de la libertad, entregando 65 escaños de 136 al Partido Popular (PP), con lo que los representantes de aquel ciudadano democrático, tolerante y pluralista, duplicaron su presencia en la Asamblea madrileña. Podemos significar estos resultados como un primer triunfo en el marco de una gran batalla por las ideas que han dado quienes no transan sus principios democráticos por quimeras populistas que prometen seguridad de la cuna a la tumba. ¿Por qué no aceptar dicha promesa? Porque se hace a costa de la esclavitud de mucha gente. Además, salvo excepciones, que no se encuentran en Iberoamérica, el modelo de derechos universales sólo beneficia a los redistribuidores de turno.

Expliquemos por qué en tantos países no funciona eso de que la ayuda llegue de peón a paje a través del mecanismo que le quita dinero a los pobres para financiar a los ricos y a los ricos para financiar a los pobres.
Siempre comparándonos con Europa, los chilenos nos acomplejamos del barrio al que pertenecemos. De ahí que soñemos con el Estado de bienestar de países con una cultura radicalmente distinta a la nuestra y no seamos capaces de ver que esa receta siempre fracasa en nuestro contexto. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros?

Los países donde funciona el Estado de bienestar y fórmulas del tipo “a derechos universales, impuestos universales” tienen una base cultural que sus habitantes comparten. Son países homogéneos tanto en alto capital humano como en sus concepciones morales. De ahí que vivan con altos niveles de confianza interpersonal, baja corrupción y escasez de crímenes en general. Nosotros no contamos con esa homogeneidad natural por lo que el diseño de derechos universales sólo aumenta las injusticias. Baste recordar que, hace cuarenta años, la universidad era un derecho universal, pagado con el dinero de todos los chilenos ¿Dónde estaba entonces la injusticia? En que sólo estudiaban los hijos de aquellas familias que contaban con los medios para pagar los mejores colegios. Así las cosas, los pobres pagaban la universidad a los ricos.

Enfrentados a este tipo de escenario, a los igualadores no se les ocurre nada mejor que anular las desigualdades de origen, lo que implica destruir las condiciones en que emergen: familias, religión, género, lenguaje, establecimientos escolares, etcétera. Específicamente, para el caso en comento, la solución habría sido acabar con la educación privada y con todas las escuelas en que los estudiantes tienen mejores condiciones y un innumerable etcétera de diferencias que llega hasta la anulación de las mismas facultades mentales que sirven al mérito. Es entonces cuando la igualdad que anhelan los diseñadores del Estado benefactor se traduce en un intento por homogenizar a la población en talentos, virtudes, capacidades y defectos de modo que no haya diferencias importantes en el resultado que producen sus esfuerzos. Sólo así llegamos al punto en que nadie sienta odio o resentimiento, porque nadie tiene más que alguien y así, “todos más pobres, pero más felices (porque somos más iguales)”. De ahí que fuera tan importante eliminar la idea de mérito, cuya máxima expresión fueron los liceos emblemáticos.

En suma, para imponer el Estado benefactor a una realidad como la nuestra es necesario destruir la diversidad de tipos de vida con políticas totalitarias que van desde la ESI (Educación Sexual Integral) hasta el proyecto de autonomía progresiva que suprime la necesaria autoridad dentro de una familia. No importa que todo esto aumente los niveles de dolor hasta el punto máximo en el umbral de la sociedad porque, luego, viviremos en el paraíso de la igualdad.

Visto desde la perspectiva económica, la miseria humana y el nivel de coerción necesario para lograr la homogeneidad cultural que sirve al Estado benefactor es mucho peor que una crisis como la que el mundo vivió en los años treinta. Y es que la destrucción del capital humano y de las facultades que sirven a su desarrollo es mucho peor que la economía esclavista que se promueve con los derechos universales: estamos ante una involución forzada por un Estado opresivo; una vuelta al estado de ignorancia en las nuevas generaciones y, por tanto, a la pobreza que lo acompaña.

En cuanto a la farsa que es para Chile la promesa del Estado benefactor, baste comparar el sistema que impone a la esclavitud. Usted me dirá que exagero, que no es para tanto y le muestre los esclavistas. No es difícil verlos; habitan un aparato gigantesco llamado Estado. Y es ese monstruo el que, en la versión latinoamericana del Estado benefactor, nos amenaza con la esclavitud. ¿Por qué sólo en esta versión?

Porque el selecto grupo de países europeos en los que el Estado benefactor funciona tiene, al mismo tiempo, los mercados más libres. Además, cuentan con una burocracia profesional, lo que se traduce en que cada peso que se obtiene de los esfuerzos de los contribuyentes, se gasta con máxima responsabilidad sobre la base de los dos criterios técnicos neoliberales que la izquierda y, últimamente también la derecha acomodaticia, denostan: eficacia y eficiencia.

¿Qué pasa si aplicamos la fórmula del Estado de bienestar en un país como Chile? Lo mismo que en el resto de Latinoamérica, un estruendoso fracaso y la razón es muy simple. No sabemos gastar bien los recursos ni jerarquizar la inversión en el orden que lo demanda la ciudadanía. No contamos con burocracias profesionales y parte importante del Estado está capturado por operadores políticos que consumen ingentes recursos en trabajos poco productivos. Por otra parte, los políticos no hacen un trabajo legislativo a la altura que lo exige un Estado benefactor.

En simple, antes de proponer políticas es necesario un estudio sobre su pertinencia. Tampoco evaluamos los programas y, lo que es peor, a los que arrojan malos resultados, les ponemos más dinero. Y es que en las flojas mentes de nuestros parlamentarios existe una sola causa para explicarlo todo: plata. Pero no todo se arregla con más plata, más impuestos ni mucho menos, prometiendo derechos que esquilman a los pocos que mantienen a flote la economía. Ejemplo de ello es que el Estado de Chile aumentó entre 2008 y 2018 un 70% su gasto real en términos absolutos. En 1995 el Ministerio de Educación tenía 67 mil funcionarios y a fines de 2018 la cifra ascendía a 175 mil. La población no creció más de un 10% pero el malestar por las colas, la mala atención y déficit de servicios, aumentó al punto que se volcó a las calles el 18 de octubre reclamando en contra del modelo. ¡Y qué decir de la educación! Pasamos en ese mismo período de 9.200 funcionarios a 37.00 y sólo el 5% de los chilenos entiende lo que lee.

En definitiva, el modelo de Estado benefactor aplicado a nuestra realidad es una farsa y cada vez que avanzamos en esa dirección nos empobrecemos, nos hacemos más desiguales respecto de las castas de privilegiados que “redistribuyen” los recursos y, lo que es peor, nos transformamos en una sociedad más pobre y más infeliz.

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