Publicado el 5 marzo, 2021

Una ley obsoleta, el desafío de las nuevas oficinas de inteligencia instaladas en la Macrozona Sur

Autor:

Emily Avendaño

En el Congreso se discute una iniciativa que Moderniza el Sistema de Inteligencia, ingresada el 13 de noviembre de 2018, durante la tramitación del texto legal se han presentado 46 urgencias, pero la norma aún atraviesa su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Como parte de las acciones en materia de seguridad que el Ejecutivo ha tomado en la Macrozona Sur está la creación de una Prefectura de Inteligencia y Operativa de la PDI, así como una mesa de coordinación encabezada por la ANI. La PDI asegura que en los nueve meses que lleva operando la Prefectura han conseguido buenos resultados.

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Emily Avendaño

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En una minuta difundida por el Gobierno referida a las “Acciones en materia de seguridad en la Macrozona Sur” se menciona entre las principales medidas tomadas el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, lo que incluye acciones en materia de inteligencia como la conformación de una mesa de coordinación integrada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas. Asimismo, en particular la PDI inauguró una Prefectura de Inteligencia y Operativa. 

La oficina fue creada el 12 de junio de 2020, “con el objetivo de articular el esfuerzo operativo de las unidades policiales de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, con asiento en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”. De esta manera, explican desde la PDI, “es posible fortalecer la respuesta institucional a los requerimientos en materia de orden y seguridad. La creación de esta Prefectura es el resultado de un análisis de los fenómenos delictuales de manera macro, entendiendo la movilidad y posibles vinculaciones, que puedan tener sus actores. Es por eso que se crea una Prefectura que une a 4 regiones del país y que centra sus esfuerzos en el esclarecimiento de delitos de connotación pública”.

Esta postura de coordinación fue reiterada por el ministro del Interior Rodrigo Delgado cuando visitó la Región de la Araucanía y la Provincia de Arauco. Uno de los objetivos, afirmó el jefe del gabinete, es “mejorar la coordinación, aumentar la sinergia, mejorar la cooperación entre las distintas instituciones, mejorar la inteligencia a partir de los datos”. Precisamente en esta última tarea trabaja desde hace nueve meses la nueva Prefectura de Inteligencia de la PDI que quedó a cargo de la prefecta Consuelo Peña. Mientras que en el mes de septiembre se conformó el grupo de trabajo que dirige la ANI.

En el documento de trabajo difundido por el Ejecutivo, que fue elaborado por la Subsecretaría del Interior y Presidencia se informa que entre el 1 de agosto de 2020 y el 22 de febrero de 2021 hubo 267 detenidos por hechos asociados a violencia y delincuencia rural, de los cuales el 81% fue sorprendido en flagrancia. 

De este balance, de acuerdo con el registro de la Prefectura de Inteligencia de la PDI, durante ese período esta instancia logró detener a 58 personas por distintos delitos. “Respecto a ese número la mayoría de ellos ha sido detenido tras un proceso investigativo que se desarrolla de manera coordinada bajo las directrices del Ministerio Público. En general las investigaciones que desarrollan las unidades de la Macrozona Sur se centran en delitos de connotación pública como los son el secuestro, extorsión, amenazas de autoridades o aquellos que atenten en contra la seguridad del Estado”.

Para operar la Prefectura depende “por una parte las Brigadas de Inteligencia Policial, que actúan conforme a la Ley 19.974, y por otra, también dependen las Brigadas de Investigaciones Policiales (BIPE) de Concepción, Cañete, Los Ángeles, Angol, Temuco y Valdivia, que actúan conforme a las instrucciones del Ministerio Público, al tratarse de unidades de investigación criminal de delitos”, explican desde la PDI.

Una mejor Ley de Inteligencia

La Ley 19.974 tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado. Esta normativa de acuerdo con fuentes que han tenido a su cargo la coordinación de seguridad en la Macrozona Sur luce obsoleta de cara a los fenómenos que hay que enfrentar. En la práctica el trabajo de inteligencia en el área debería incluir el uso de drones con mayor tiempo de autonomía y mayor celeridad al momento de implementar escuchas telefónicas. 

En consecuencia, desde la región afirman que el mayor reto al que se enfrentan las unidades de inteligencia son las herramientas con las que cuentan para investigar y las facultades que se les asignan. Por ejemplo, en el caso de las escuchas telefónicas, que deben ser autorizadas por un juez, advierten sobre el riesgo de filtraciones al momento de hacer la solicitud. 

Aseguran que en el caso de la violencia rural, lo que mejor funciona para investigar es la Ley Antidrogas, ya que permite mayor celeridad al momento de autorizar escuchas telefónicas. Un elemento esencial, ya que subrayan que uno de los factores que dificulta el avance de las causas desde el punto de vista judicial es la “falta de pruebas contundentes”, que podrían ser imágenes tomadas por un dron o estas escuchas que no se pueden obtener hasta que los jueces no entregan las autorizaciones, mientras que por la Ley de Drogas estos permisos se tramitan de forma más expedita. 

Las fuentes consultadas ejemplifican con el caso del allanamiento hecho en Temucuicui a principios de enero, en el que se investigaban delitos como el tráfico de drogas, cultivo de marihuana, tráfico de armas y municiones. Sin embargo, pese a que incautauron 1.277 plantas de marihuana, 40 kilogramos de marihuana procesada, 12.320.640 pesos en efectivo, siete armas de fuego, y 148 municiones de distinto calibre, el operativo no se pudo completar ante el alto poder de fuego que los recibió, y que además causó la muerte del inspector de Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Iquique, Luis Morales Balcázar. Hay versiones que indican que la comunidad estaba advertida de que la PDI iría.

Otro factor que es necesario reforzar es “unir los llamados delitos conexos”, que son drogas, porte de armas, robo, tráfico. Por eso, señalan, debiese existir una voluntad por parte del Poder Judicial de tomar estas causas, unir los nombres y empezar a hilar, como una estrategia para acabar con la impunidadDatos a los que tuvo acceso El Líbero indican que, en cifras gruesas, entre 2017 y principios de 2020 hubo más de 2.000 causas asociadas a la violencia en la Macrozona Sur de las cuales 2 han llegado a resultado, 200 siguen en curso y 1.800 están archivadas.

“Hoy día no hay acceso rápido a escuchas, no tienen acceso, simplemente eso tiene que estar ligado a algún procedimiento y autorizado por un juez y los únicos que pueden escuchar hoy día son carabineros y la PDI y, por lo tanto, lo que hace la mesa de inteligencia de la ANI  son análisis de información”, indican sobre las labores de inteligencia.

El Sistema de Inteligencia del Estado fue establecido el año 2004 con la Ley 19.974. Es decir, se trata de un instrumento legal que tiene 17 años de vigencia. Actualmente en el Congreso se discute una iniciativa que Moderniza el Sistema de Inteligencia, ingresada el 13 de noviembre de 2018 y que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, luego de habérsele aplicado 46 urgencias (actualmente no tiene). Esta es una de las medidas legislativas que se busca impulsar desde el Ejecutivo para “fortalecer el marco jurídico para la persecución de las acciones de delincuencia organizada en la Macrozona Sur”. 

Las fuentes consultadas insisten en la necesidad de modificar la Ley de Inteligencia para que instancias como la Prefectura de Inteligencia de la PDI y la mesa de coordinación que encabeza la ANI puedan operar como corresponde. Agregan que “el tema pasa más por la impunidad que por el trabajo que puedan desarrollar las policías”. E insisten en que la mesa requiere de más herramientas para poder funcionar bien.

El balance de la PDI

Al ser consultada la PDI sobre si consideran un obstáculo para su labor investigativa el hecho de necesitar la autorización de un tribunal, por ejemplo, para las escuchas telefónicas responden que no es así ya que “es lo que dicta la legislación vigente”.

“Nosotros como policía investigativa desarrollamos nuestra labor en ese marco normativo. Los roles que cumple cada interviniente en los procesos son muy claros. Más allá de lo que usted señala, todo lo que se pueda hacer para mejorar la línea de la coordinación es muy positivo tanto para nosotros como para el buen resultado de las investigaciones”, destacan.

El balance que hacen desde la Prefectura de sus nueve meses de operación es positivo; y mencionan algunos de los casos en los que han logrado resultados. Uno de ellos es la detención de 12 personas en el mes de septiembre de 2020, señalados por los delitos de desórdenes públicos, daños a monumentos nacionales, porte de arma prohibida, daños simples, porte y lanzamiento de bombas molotov e incendios; esto debido a los ataques que sufrió la Universidad de Concepción entre el 18 de febrero y el 6 de marzo de 2020.

Señala la PDI que estos hechos de violencia ocurren en el contexto del denominado “estallido social”, y que de estos detenidos 11 quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. A varios de ellos en diciembre se les revocó la cautelar por arresto domiciliario.

Otro resultado que enumeran es la detención de una persona en octubre de 2020 por el delito de atentado incendiario, por un hecho ocurrido en julio de ese año que afectó a un fundo de propiedad de la forestal Mininco, ubicado en la comuna de Mulchén.

Un mes después detuvieron a otro sujeto inculpado, junto a otras siete personas, por el delito de homicidio. Estos individuos, integrantes de una comunidad mapuche, el 29 de diciembre de 2019 ingresaron al camping Playa Blanca, en la comuna de Cañete, y apalearon a tres hombres (un abuelo y dos de sus nietos). Como resultados de estos hechos Eleodoro Raiman Coñuel (69), también mapuche, falleció. El 1 de marzo de 2021 se supo que el fiscal a cargo de violencia rural de la Fiscalía Regional del Biobío, Juan Yañez, solicitará penas que suman 50 años de cárcel.

Además mencionan que “hace pocas semanas se logró ubicar y detener a un comunero prófugo de la justicia, vinculado al homicidio del Sargento de Carabineros Hugo Albornoz, esto luego que evadiera durante más de 7 años el accionar de las policías”; y que “actualmente la BIPE Valdivia mantiene una investigación vigente por los delitos de atentado explosivo o incendiario ocurrido en julio de 2020 y por homicidio frustrado a carabineros, por dos ataques producidos en agosto y septiembre del año pasado”, como algunas de las diligencias que están realizando.

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