El presidente del sindicato Uno de trabajadores de la Universidad Arcis, Eugenio Ulloa, pidió al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que intervenga en la casa de estudios ante la inviabilidad financiera que tendrá en 2015, luego de comparecer ayer a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Ulloa detalló que la universidad, que estuvo controlada por miembros del Comité Central del Partido Comunista hasta diciembre pasado, perderá el 70% de su financiamiento el próximo año.
Ello porque dejará de percibir ingresos por $2.600 millones del Crédito con Aval del Estado (CAE) ingresos –equivalente al 45% de los ingresos totales- por el vencimiento de la acreditación el próximo mes; y $1.000 millones por la fuga de 500 alumnos a fin de año, que significan el 25% del presupuesto total.
“Tal como está, la universidad es inviable y estamos pidiendo la ayuda del Gobierno para que intervenga, ya sea traspasando recursos o con una administración compartida”, revela a “El Líbero” el dirigente gremial, quien habla de “desgobierno” y que hubo “muy malos manejo de dineros”, que han llevado a la crisis actual.
$125 millones en cotizaciones impagas
Ulloa añadió que demandaron a la universidad, al Partido Comunista y a centros de estudios y ONG vinculadas, por el no pago de las imposiciones previsionales, de salud y cesantía a 148 trabajadores durante junio, julio y agosto por $125 millones, y denunciaron acoso laboral, maltrato y persecución política de parte de las autoridades de la casa de estudios.
De hecho, no reconocen como legítima a la rectora, Elisa Neumann García, porque su nombramiento no cumplió los estatutos de la universidad, irregularidad que también denunció el Ministerio de Educación.
“Nos preocupa e inquieta la violencia sistémica de parte de las autoridades políticas, económicas y administrativas de Universidad ARCIS expresada en el reiterado atraso del pago de sueldos y cotizaciones legales a los trabajadores y trabajadoras, así como los maltratos, despidos arbitrarios y la persecución sindical que sufren nuestros asociados y dirigentes sindicales”, reveló el sindicato en una declaración pública ante el despido de funcionarios.
Si en enero había 330 trabajadores, la cifra se ha reducido a 236, en su mayoría autodespidos, a los que tampoco se les han pagado sus indemnizaciones de años de servicios y previsiones.
«Completo desamparo»
Incluso, la tesorera del sindicato, Jacksa Suazo, denunció en la comisión investigadora que han sufrido amenazas de muerte, amedrentamientos y persecuciones, por lo cual varios diputados oficiaron al Ministerio del Interior y al Ministerio Público para que informen sobre ello y les den protección especial.
“Hemos tocado todas las puertas y ya no sabemos a quién recurrir. Es doloroso ver diputados que se llenan la boca hablando de los derechos de los trabajadores y ni siquiera nos contestan un correo. Estamos en completo desamparo”, señaló Suazo, quien afirmó que le escribieron en marzo una carta a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, denunciando los atropellos laborales y que nunca les respondió.
Vínculos de la Arcis con el PC
El sindicato también demandó al Partido Comunista porque el inmueble de la calle Cumming 350, en Santiago, es de su propiedad y es la sede de varias empresas relacionadas de la U. Arcis.
“Ello es de suma relevancia, pues demuestra el estrecho vínculo entre este partido con ICAL, el cual, a su vez, se relaciona con la Corporación Arcis”, señala la demanda en su página 15.
Otro de los antecedentes aportados son que el PC creó la universidad como parte de un proyecto político, y que ha participado en su “gestión, administración y ha sido su soporte financiero central”. Adicionalmente, la casa de estudios mantiene pagos a empresas relacionadas del Partido Comunista, como la radio Nuevo Mundo e ICAL.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIA UNO