Seis meses han pasado desde que el pasado 8 de julio un grupo de manifestantes, liderado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES ) y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular -posteriormente a ellos se sumó la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, junto con la Coordinadora de Víctimas de Perdigones- se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Este lunes, los consejeros se volverán a reunir para definir cuál serán los lineamientos a seguir tras una nueva semana de negociaciones en la que no se logró llegar a acuerdo. Y mientras algunos de los integrantes del Consejo esperan que se pueda poner en tabla un eventual desalojo del establecimiento porque ya es «insostenible» la situación, otros apuntan a que se debe dar un margen de tiempo para que la comisión de consejeros pueda llegar a un acuerdo con la ACES. De igual forma, hay un sector que se niega a este tipo de propuestas por lo que significa para el instituto el ingreso de Carabineros al recinto.
Desde la interna del Consejo, la comisión de consejeros a cargo de las negociaciones -Yerko Ljubetic, Debbi Guerra y Branislav Marelic- descartaron dar declaraciones para no entorpecer las negociaciones con los ocupantes. El grupo es quien realiza las reuniones con la ACES y posteriormente, cada lunes, entrega los avances para que sean discutidos con el resto de los miembros.
Al interior de la instancia ha sido difícil lograr un consenso sobre los pasos a seguir. Para algunos, el petitorio de los representantes de la toma ya quedó respondido y no hay otra opción que el desalojo, por lo que el tema debería ser abordado en la sesión de hoy. Otros coinciden en que efectivamente ese tema debe estar en tabla, pero antes de tomar una definición habría que fijar un plazo para que los tres negociadores del consejo lleguen a un acuerdo con la ACES. Y otros están negados de plano a solicitar el desalojo a Carabineros.
Uno de los consejeros, Carlos Frontaura, envió un correo electrónico a Micco presionando al director para solicitar el desalojo del inmueble. Según dio a conocer Ex-Ante el 30 de diciembre, el abogado se refirió a la amenaza de la colectividad de estudiantes donde aseguraron que el recinto pasaba a ser «un lugar bajo control del pueblo». Ante, el actuar de la ACES, escribió: «Le adelanto a Ud. y al resto de los consejeros que solicitaré que se pida el desalojo del inmueble, recurriendo a todas las herramientas que el Estado de Derecho ofrece y con pleno respeto de los derechos humanos».
En todo caso, según describen fuentes con conocimiento de los hechos, pese a que el Consejo decida unánimemente -para lo que actualmente no existe respaldo- solicitar el desalojo, la decisión final pasaría exclusivamente por quien preside la entidad, Sergio Micco.
Ya con anterioridad, en 2017, cuando Branislav Marelic presidía la instancia, una serie de activistas por los presos políticos del régimen militar ocuparon las instalaciones durante 140 días, alrededor de 4 meses. Y no fue hasta que el exdirector, respaldado por una mayoría de los consejeros, solicitó el desalojo a través de la Intendencia Metropolitana que lograron recuperar la sede.
Diálogo en «punto muerto»
El grupo de jóvenes se instaló en el lugar bajo una serie de solicitudes que incluían, entre otras cosas, la renuncia del director de la organización Sergio Micco y que el Instituto definiera o manifestara que en Chile hay violaciones sistemáticas a los DD.HH., que hay presos políticos y que estos deberían ser liberados. Las demandas han perdurado durante el período de toma, sin embargo, las negociaciones se encuentran más bien en «punto muerto».
El pasado 27 de diciembre la ACES entregó un documento donde acusa al Instituto de responsable de «boicotear los esfuerzos por justicia y reparación», ocultamiento de datos respecto al «comportamiento de fuerzas de orden y seguridad que develan la sistematicidad de la violación a los Derechos Humanos». El escrito fue compartido a través de las redes sociales de la asamblea coordinadora junto a la frase «El primer paso para avanzar en libertad, justicia y reparación es #FueraMicco»
El INDH dispuso una comisión de consejeros, integrada por Yerko Ljubetic, Debbi Guerra y Branislav Marelic, para encabezar las negociaciones con los estudiantes secundarios. Tras el último intento por acercarse entre las partes, se entregó una respuesta por parte de los miembros del Consejo donde aseguraban que la definición de sistematicidad sería permanentemente revisada por instituto, mientras que trabajarán y emplazarán al gobierno para avanzar en políticas de reparación y garantías de no repetición. En tanto, respecto a la solicitud de renuncia de Micco, decidieron no pronunciarse.
Si bien en un inicio, el petitorio se realizó de forma verbal, rápidamente los estudiantes materializaron la lista de solicitudes. El último de ellos, incluía entre otras cosas incluir la clasificación de presos políticos, indemnizaciones por daño moral para las víctimas y sus familiares. Además, se plantea la posibilidad de entregar pensión de invalidez y vitalicia para aquellos que hayan sufrido secuelas físicas o psicológicas que les hayan impedido desempeñarse en sus labores de trabajo. En tanto, incluye atención médica especializada para las víctimas de trauma ocular.
Sin embargo, las instalaciones ubicadas en Eliodoro Yáñez 832, en la comuna de Providencia, siguen bajo las pancartas, afiches y panfletos que cubren la fachada del edificio, luego de que tildaran de «precario» el documento entregado por el Consejo. Adicionalmente, los estudiantes entregaron una respuesta, a su juicio el Instituto se ha cerrado a cualquier posibilidad de diálogo, «no fueron capaces de poner ninguna propuesta serie sobre la mesa».
Con esta respuesta cercanos al Consejo apuntan que la negociación se encuentra en un «punto muerto» donde «ya no es sostenible» mantener la movilización al interior del recinto.
Las amenazas de la ACES
El pasado 21 de diciembre la Asamblea Coordinadora, a través de un video que difundió en sus redes sociales, anunció que la ocupación del edificio será indefinida. «Declaramos públicamente que este espacio será un lugar bajo control del pueblo, porque cuando no existen respuestas a las demandas, debemos organizarnos”, señaló Antonia Rolland, vocera de la ACES.
Tras 5 meses, declaramos permanente la #TOMAINDH bajo control del pueblo de Chile porque cuando no existen respuestas, debemos organizarnos para abrir espacios q permitan buscar las formas de resolver las injusticas que ha cometido el gob. de Piñera.
Gentileza @PiensaPrensa pic.twitter.com/YsPx4apKMh— ACES – CHILE (@AcesChile) December 21, 2021
Rolland agregó: «Desde hoy utilizaremos el edificio para recoger las demandas del pueblo y que realmente sea un lugar donde las víctimas puedan llevar adelante un proceso de catastro y memoria».
Al mismo tiempo, en la instancia emplazaron al INDH para que en 24 horas puedan «retirar los archivos que se encuentren en este edificio”. Esto, luego de que amenazaran con tomar posesión y divulgar la documentación del Informe Valech para que fuera de público conocimiento.
Fue así como el pasado 4 de enero un equipo de funcionarios del INDH retiró del recinto las carpetas que contienen información de la comisión Valech y que se encontraban en las dependencias institucionales actualmente tomadas. «Esperamos llevar a cabo las reuniones necesarias con los dirigentes de las organizaciones que participan de esta ocupación a la mayor brevedad y con el objetivo de que culminen con la entrega de nuestras dependencias», señaló el INDH a través de un comunicado.