«La PGU es una reforma urgente y responsable que está completamente financiada». Así de enfático es el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, al referirse al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que se discute actualmente en el Congreso.
Weber señala que esta es una reforma que cuesta del orden de 3 mil millones de dólares anuales, que corresponden a 0,95 puntos del PIB y procede a desglosarlos: «Esos 0,95 puntos se descomponen en 3 partes: la primera parte son 0,5 puntos del PIB, o sea la mitad, que corresponden a provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programación Financiera, por lo tanto son recursos comprometidos que estaban asignados a la PGU».
En segundo lugar, explica, están 0,1 puntos del PIB, que corresponden al Fondo de Reserva de Pensiones, en la que se cambia la regla de ahorro, «ya no vamos a ahorrar todos los años 0,2 puntos, sino que 0,1, para que así la diferencia la destinemos a la PGU». Y el tercio restante del financiamiento es decir, 0,35 puntos del PIB, «son las exenciones que pusimos sobre la mesa que incluyen por ejemplo el IVA a los servicios o la eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011″.
La ley que busca eliminar exenciones tributarias va en paralelo a la tramitación de la Pensión Garantizada Universal. Recién hoy día la Sala de la Cámara de Diputados vota el proyecto de financiamiento, el cual propone la eliminación o reducción de exenciones tributarias para el respaldo económico de la medida presentada por el Ejecutivo. «El resto del financiamiento, que es cerca de dos tercios de la reforma, ya está garantizado», afirma el subsecretario.
Sin embargo, desde la oposición agregaron una indicación que generó molestias en el oficialismo: el llamado impuesto a los altos patrimonios o impuesto a los súper ricos.
Y aunque exista la posibilidad de que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional, en el programa radial Mirada Líbero en Agricultura, el subsecretario de la cartera, asevera: «Nosotros mantenemos diálogos permanente con parlamentarios de Chile Vamos y también de la oposición porque queremos llegar a un acuerdo. Ahora quiero ser muy transparente, nosotros creemos que las tres fuentes de financiamiento que están puestas hoy día sobre la mesa son fuentes apropiadas, por lo tanto si fuera por nosotros, no haríamos ninguna modificación».
[LA MIRADA LÍBERO] Alejandro Weber (@AlejandroWeberP) sobre el financiamiento de la PGU: «Nosotros creemos que las tres fuentes de financiamiento son fuentes apropiadas, responsables, por lo tanto si fuera por nosotros, no haríamos modificación de eso». #LAMIRADALIBERO pic.twitter.com/8FzsXPA7P1
— El Líbero (@elliberocl) January 10, 2022
«Cuándo nosotros decimos que hay nuevos ingresos permanentes, que son estos componentes de las exenciones, nosotros no las sacamos de debajo del sombrero, sino que las sacamos de estándares que son OCDE y de un informe transversal de economistas que recomendó avanzar en estas exenciones». Por lo que para Weber, el proyecto de PGU debe estar legislado sobre esas tres fuentes de financiamiento.
En criterio del subsecretario, el impuesto que incorporó la oposición tiene dos vicios. «Por una parte es inconstitucional. El Congreso no puede crear nuevos tributos, eso es facultad exclusiva del Presidente de la República, y aún así se puso este impuesto al patrimonio, llamado impuesto a los súper ricos, que a nosotros no nos parece apropiado porque es legislar sin un informe financiero que lo acompañe, sin los impactos analizados y sin saber cuánto va a recaudar, es muy malo».
Agrega que, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo, «un impuesto al patrimonio como éste recauda menos y termina generando incluso éxodo de altos patrimonios o de inversionistas de nuestro país».
En este sentido, Weber invita al Congreso «a legislar y a discutir con altura de mira, pero con sentido de urgencia, porque si nosotros somos capaces de aprobar la PGU en las próximas dos semanas legislativas vamos a poder en febrero beneficiar a más de 1 millón y medio de personas». Añade: «La solución para mejorar la pensiones está a la vuelta a la esquina y hoy día depende del Congreso poder aprobar la instancia para que avancemos».
Las críticas de los economistas y el informe del Consejo Fiscal Autónomo
Para el subsecretario de Hacienda, los cuestionamientos de economistas como Andrea Repetto, Eduardo Engel, José de Gregorio y Rodrigo Valdés, «son completamente legítimos», no obstante, insiste en que ellos están convencidos del financiamiento y «no es solo nuestra opinión, sino que los números así lo refrendan».
Primero, «se decía que esta PGU estaba financiada con holguras, espacios de gastos que se generan en el presupuesto de la nación a partir de una proyección en base al PIB tendencial y esos espacios de gastos no tienen un compromiso determinado, es decir no decimos van a ir a educación, salud, o transporte, sino que son espacios programados. Bueno, eso se incorrecto, la PGU no se financia con espacios de gasto que dependen del crecimiento, se financian con provisiones que son los recursos con los cuales ya contamos», aclara.
Ejemplifica que es lo mismo que se hizo con la ley larga de pensiones, «es decir nosotros guardamos recursos para la ley larga de pensiones y esos recursos son los que estamos utilizando hoy en la PGU».
Por otro lado, desde el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recomendaron que fuera otra la fuente de financiamiento y no los fondos de reserva de pensiones, a lo que Weber responde que «es una opinión válida, nosotros la respetamos profundamente» aún cuando el informe del CFA no es vinculante para la tramitación.
De todas maneras, indica que «sí es una recomendación que nosotros escuchamos con atención y si hubiese alguna conversación en esa dirección para llegar a un acuerdo en esa materia, por cierto que vamos a estar disponibles, pero lo importante es que la discusión hoy día está después de que algunos dijeron que esto no estaba financiado».
En tanto, sobre si hay un tema político detrás de todos los cuestionamientos, el subsecretario de Hacienda, dice que «hay varias hipótesis detrás. Algunos han señalado que aquí hay un grupo de la oposición que quería anticipar la reforma tributaria que había comprometido el presidente electo».
«Otros han señalado que más bien esto era una especie de mezquindad política, es decir para que la PGU no tuviera la firma del Presidente Piñera, sino que la firma del presidente electo, en fin. Hay muchas hipótesis, y yo no me quiero poner en ninguno de esos escenarios, porque nuestro escenario es uno solo y nuestro norte es claro: mejorar las pensiones de todos los chilenos», advierte.
Por esta razón, que Weber espera que esta tarde la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley que elimina o reduce las exenciones tributarias. «Está en manos del Congreso seguir avanzando y estamos seguros que va a primar la cordura, la visión de Estado y la responsabilidad que el gobierno de Piñera ha puesto sobre la mesa con un sentido de urgencia que es fundamental», concluye.