La ONU, Unicef y el Banco Mundial se cuentan entre las instituciones que han hecho llamados para privilegiar la presencialidad de las clases. A esto se suma que en el país, de 5.400 establecimientos educacionales abiertos, solo en 0,04% de ellos hubo brotes por Covid-19 en el primer semestre del año, y el momento actual de la pandemia: con una baja en el número de nuevos contagios y de la positividad.

Con este escenario a la vista era difícil que la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, prosperase. La admisibilidad del libelo fue rechazada con 71 votos a favor y 76 en contra. De este modo, concluye su trámite en la Cámara de Diputados y se entiende por no presentada la acusación desde la perspectiva formal. El proceso fue iniciado por parlamentarios de oposición y liderado por la diputada del partido Comunes, Camila Rojas. Con este resultado el titular de Educación podrá seguir ejerciendo su cargo.

La acusación fue rechazada por todo el oficialismo, y también hubo algunos votos de oposición que terminaron favoreciendo al ministro que vinieron desde la bancada Radical, Independientes y de la Democracia Cristiana, entre ellos: Pedro Velásquez, Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa, Pablo Lorenzini y Matías Walker. Por otro lado, al Secretario de Estado le benefició la ausencia de siete parlamentarios de oposición.

Al argumentar su voto, para muchos sorpresivo, Matías Walker (DC) explicó: “No estoy dispuesto a cometer con el ministro Figueroa la misma injusticia que cometieron con Yasna Provoste. Puedo tener críticas a su gestión, pero no se acreditó infracción a la Constitución y a la ley. La acusación constitucional es algo serio, que impone pena de inhabilitación”

La acusación contaba con tres capítulos. El primero de ellos responde a la vulneración del derecho a la educación. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus y omisión en la regulación de las clases a distancia, entre otros.

El segundo capítulo se refiere a la vulneración de los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección» respecto a las condiciones laborales durante la pandemia.

Por último, el tercer capítulo apuntaba a la amenaza a la vida e integridad física y psíquica, donde se detallaba la insistencia del ministro a la vuelta a clases presenciales.

«(Los diputados) han tomado una decisión muy clara, que es terminar con discusiones estériles y avanzar en un camino común que no es otro que poner a los niños como nuestra primera prioridad y desgastarnos con ese único fin», sostuvo Figueroa tras conocerse el resultado.

«El objetivo por el que estamos trabajando es tan noble, es tan importante, que lo que yo interpreto es que diputados de diversos pensamientos, de diversas corrientes encontraron aquí una oportunidad de dar una señal clara al país, que en materia de bienestar de nuestros niños tenemos que trabajar unidos (…) Las legítimas diferencias no pueden entorpecer, no pueden obstaculizar lo que los niños hoy día necesitan», agregó el ministro.

En el papel la oposición tenía los votos para que el libelo fuese aprobado y enviarlo al Senado, que en última instancia es la cámara que actúa como tribunal para decidir la suerte de los acusados, si es que era destituido o no.

Sin embargo, lo que se tiene por origen del libelo era el reproche a la insistencia de Figueroa por tratar de que los colegios abrieran. Una medida que al comienzo de la pandemia no gozaba de popularidad pero que tras un año y medio de convivir con el virus es considerada como necesaria por diversas instituciones, nacionales e internacionales, debido a que ya esta reportado y documentado el impacto negativo que eso tiene sobre los niños, sus aprendizajes y su salud socio-emocional; y el hecho de que la falta de presencialidad contribuye a aumentar las brechas educativas.

Con el plan de apertura «gradual y voluntario» que implementó el Ministerio de Educación se logró que a dos días del inicio del segundo semestre 2021 abrieran más de 6.300 establecimientos, y para la fecha son más de 10.000.

Figueroa además contaba con el resultado a favor de la comisión revisora del libelo -integrada por mayoría oficialista- que en la previa, por cuatro votos a favor y uno en contra, recomendó a la sala que se rechazara la acusación.

Contar con el respaldo de la mayoría del Comité Independiente también beneficio al ministro. El debate lo cerró en nombre de este grupo el diputado Pepe Auth, quien criticó el uso de la acusación constitucional y la polarización del debate en torno al retorno a clases. “Las escuelas deben ser lo último que se cierra y lo primero que se abre”. Señaló que debieron implementarse más recursos, pero puntualizó que esto es una diferencia política y no justifica una acusación constitucional.

La discusión en Sala

Al comenzar la sesión, el ministro Figueroa decidió no hacer uso de su derecho a la “cuestión previa” -una estrategia que utilizó previamente y funcionó para Jaime Mañalich-, por lo que se procedió a exponer y discutir directamente el fondo del libelo.

Camila Rojas, impulsora de la acción constitucional, fue la primera en hacer uso de la palabra: “Es deseable el retorno presencial en aquellos establecimientos que cuenten con las condiciones. Ojalá todos pudieran retornar a la presencialidad, pero sabemos que no todos cuentan con las condiciones adecuadas para un retorno seguro. Cuando se tuvo un año y medio para la preparación correcta no ha ocurrido».

“Los docentes han sido apuntados como los responsables de que no haya clases presenciales, incluso el ministro insinuó que habría comodidad por parte de ellos”, expresó Rojas añadiendo que los trabajadores de la educación no cuentan con la adecuada protección legal en materia laboral.

“La gestión ha sido deficitaria. En este año y medio de pandemia, el abandono de las escuelas y docentes, es lo que ha impedido que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación, ya sea virtual, presencial o híbrida”, agregó la legisladora.

Terminó diciendo que “por acción u omisión, el ministro Figueroa ha faltado a la ley y a la Constitución, afectando a todas las comunidades educacionales. El ministro deja de manifiesto que no tiene responsabilidad de nada o bien que así se hacen las cosas en este gobierno. Se perpetúa la idea de que la educación es un problema entre privados”, concluyó la diputada del partido Comunes.

En tanto, Jorge Gálvez, el abogado defensor del ministro, sostuvo que la forma en que estaba planteada la acusación constitucional, vulneraba el principio de legalidad. “Por esfuerzo que hagamos, no encontramos en la acusación constitucional imputaciones de comportamientos precisos dirigidos al señor ministro, ni tampoco encontramos la identificación de mandatos y deberes imputados.

Gálvez subrayó que ninguno de ellos alcanza el estándar necesario para afirmar una infracción de aquellas para llevar el ejercicio legítimo de esta acción punitiva.

“Me llama la atención la cantidad de situaciones país que se atribuyen al pretendido control e intencionalidad dolosa del ministro, como la brecha digital, problemas logísticos puntuales de Junaeb, las omisiones de algunos sostenedores para mejorar infraestructura, los resuelto por Contraloría aplicable al cuerpo docente, entre otros”, agregó el profesional.

“Por eso digo de manera categórica, que la acusación constitucional vulnera el principio de culpabilidad, porque resulta del todo irracional pretender que todo este conjunto de situaciones haya sido provocado por actos dentro del control y disposición de decisiones del ministro. Eso es propio de un juicio político”, concluyó Gálvez.

Las reacciones posteriores

Una vez finalizada la sesión, Camila Rojas fue una de las primeras en reaccionar frente a la decisión de la Cámara de Diputados: “De ocho inasistencias, siete eran de oposición, así que si hubiesen estado se hubiese podido contar con esos votos. Lo lamento principalmente porque presentamos faltas graves, situaciones muy duras, pero vamos a persistir denunciando estas situaciones y buscando soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades educativas”.

Luego, añadió a través de su cuenta de Twitter: “Con la ayuda de los de siempre, que se hacen llamar ‘oposición’ pero que votan con la derecha, se rechaza la AC contra Raúl Figueroa. Prefieren mirar para el lado, son cómplices”.

Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa valoró la decisión y señaló que, “el país entero ha hecho un esfuerzo enorme para darle continuidad al proceso educativo en el contexto de la pandemia, todos hemos trabajado incansablemente con un principal objetivo, que fue asegurarle a cada niño a cada joven su derecho a educarse en un contexto tan difícil”.

Autoridades como el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, el ministro de Economía, Lucas Palacios, entre otros, manifestaron durante toda la sesión su apoyo al ministro Figueroa a través de redes sociales con el hashtag #EstoyConFigueroa.

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