Ayer cerró el plazo de postulación para reemplazar al fiscal nacional, Sabas Chahuán, y se presentaron 10 candidatos en el concurso público que organiza la Corte Suprema.
La gestión de Chahuán, quien estuvo ocho años en el cargo y saldrá el 2 de diciembre, ha estado marcada en el último año por la investigación al financiamiento político, y las críticas al manejo de los fiscales en el combate a la delincuencia.
De hecho, este tema ha estado fuera de la agenda del fiscal nacional durante este año, ya que sólo el 0,3% de sus declaraciones oficiales han sido sobre la delincuencia, dedicándole sus mayores esfuerzos (70%) a abordar los casos Penta y SQM sobre financiamiento político.
Los postulantes del Ministerio Público
De los 10 postulantes, la mitad trabaja en el Ministerio Público, cuatro de ellos como fiscales regionales –Raúl Guzmán, José Morales, Luis Toledo y Rafael Mera– y el otro como director ejecutivo de la institución –Jorge Abbott-, pero quien también fue fiscal regional en Valparaíso.
Los cinco tienen amplia experiencia en la reforma procesal penal, ya que a varios de ellos les correspondió implementarlas en diferentes regiones.
Además, les ha tocado dirigir fiscalías relevantes y numerosos juicios y causas de todo tipo, como delitos sexuales, narcotráfico, bandas de secuestro, explosiones en el Metro, como la ocurrida en la Escuela Militar y las denominadas en el “caso bomba”. A los que se suman causas como La Polar, farmacias y cascadas.
Las edades oscilan entre los 41 años (Morales) y 68 años (Abbott) y todos tienen más de una década como abogados, que es uno de los requisitos para postular al cargo de fiscal nacional.
La más “mediática” de las postulaciones es la de Luis Toledo, el fiscal regional de Rancagua que dirige las investigaciones en el caso Caval, que involucra a la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y a su cónyuge Sebastián Dávalos.
El dilema que plantearía su candidatura es que de ser incluido en la quina de la Corte Suprema podría generarle un dilema ético a la Mandataria e, incluso, su inhabilidad, pero el tema tiene diferentes miradas jurídicas según los especialistas consultados por este diario.
Los postulantes independientes
De los postulantes que no trabajan en el Ministerio Público, el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, postulará por segunda vez, dado que compitió en la elección pasada en que Bachelet eligió a Chahuán, quien fue confirmado después por el Senado.
Vargas fue uno de los especialistas que diseñó e implementó la reforma procesal penal en nuestro país, y tiene una extensa experiencia como académico y consultor en materias similares en organismos internacionales, como el Banco Mundial y la OEA.
José Luis Pérez Calaf es un abogado que ejerce de manera privada desde 2008 cuando renunció a su cargo de fiscal jefe en Rancagua, donde implementó la reforma procesal penal. Antes había ejercido como secretario, juez y relator en las cortes de Apelaciones y Suprema.
Juan Carlos Manríquez fundó su propio bufete de abogados y tiene una larga carrera como docente de jueces orales y de garantía de la Academia Judicial. Entre otras causas, representó al padre de Felipe Camiroaga en una demanda en contra del Estado.
Los otros dos postulantes son menos conocidos. Se trata del asesor jurídico de la Seremi de Educación de Antofagasta, Iván Marcos Pavlov Peric, y la abogada Hilda Cerda.
Suprema definirá la quina el próximo mes
La próxima semana la Corte Suprema comenzará la revisión de los antecedentes profesionales y académicos de cada postulante, quienes tendrán 15 minutos para exponer sus proyectos para el Ministerio Público.
El máximo tribunal del país tendrá un plazo de 10 días para fijar la fecha de dichas exposiciones, que deberán realizarse el mismo día. Luego votarán por la quina que se enviará a la Presidenta Bachelet, quien elegirá un nombre que luego será votado en el Senado.
