Al enterarse de que un artefacto le había explotado en las manos al presidente del Directorio de Codelco, el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, suspendió sus vacaciones. Regresó a Santiago y encabezó un comité extraordinario de seguridad en La Moneda.

A las 17:30 horas del 13 de enero de 2017 Óscar Landerretche, abrió un paquete que le habían dejado en su residencia pensando que era un regalo, cuando resultó ser un explosivo. La misma tarde del suceso llegaron hasta la residencia de Landerretche el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, quien el 16 de abril de este año fue designado como Secretario General del Senado.

Desde entonces han pasado 28 meses y por este caso, que acaparó portadas en los medios y que despertó un rechazo transversal, no hay, ni ha habido, ningún detenido y, en consecuencia, nadie ha sido formalizado. Landerretche prefiere no referirse al tema. No está informado de ningún avance en la investigación. Deja el asunto en manos de las autoridades encargadas de la defensa del orden público. “Cuando averigüen algo, espero, me informarán y actuaré”, cierra. 

Quienes se adjudicaron este atentado -el llamado grupo ecoterrorista “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” (ITS)- son los mismos que luego estuvieron tras la explosión en un paradero en el Transantiago, donde resultó herida una pareja de inmigrantes, y a comienzos de mes, del artefacto que iba dirigido al presidente del directorio de Metro, Louis de Grange.

En el caso de Landerretche, el 2 de febrero de 2017, el Partido Socialista presentó una querella ante el Décimo Segundo Juzgado de Santiago por el atentado que afectó al economista. Rafael Ferrada es el presidente de la Brigada de Abogados de la colectividad y querellante en el caso. Señala que por este también actúan los abogados de Codelco y los del Ministerio de Interior. “La Ley Antiterrorista permite que pueda querellarse cualquier organismo, sea privado, o persona natural cuando se da esta calidad de delito”, explica el jurista.

Ferrada (PS): “Esperamos que se refuercen los mecanismos de investigación del Ministerio Público”

La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur. Aunque la PDI participó en las primeras diligencias, en última instancia el ente persecutor determinó que continuaría la investigación con Carabineros, mismos con los que Guzmán ya había llevado el Caso Bombas II. Los uniformados declinaron referirse al caso debido a que se encuentra en etapa de  investigación.

En conversación con El Líbero, el abogado querellante Rafael Ferrada se refiere a los dos años de investigación.

-¿Cuál es el estado del caso tras casi dos años y medio del atentado?

-Claramente, estos delitos tenían connotación terrorista por la entidad -Codelco-, por la explosión y porque se involucró a una autoridad y en ese marco nosotros nos querellamos. Hemos sido súper respetuosos de no interferir en la investigación que ha desarrollado el Ministerio Público durante estos años, y no hemos pedido carpetas de investigación para evitar filtraciones o cualquier problema que se podría generar. Sin embargo, hemos tenido un par de audiencias con el Ministerio Público. Nos juntamos en enero, y nos dijeron que estaba bastante avanzada la investigación, pero todavía falta finiquitar ciertos puntos para poder llegar a determinar los responsables. Así que seguimos con la misma paciencia para poder ver este asunto.

Vemos los hechos en Vicuña Mackenna, vemos los hechos del presidente del directorio de Metro. Todavía hay un grupo organizado que está elaborando, planificando, distintos atentados. Si no hay responsables, claramente es una señal de alerta para toda la ciudadanía. Si bien tenemos paciencia, sí tenemos preocupación”, indica Ferrada.

-¿En este período no hubo ningún detenido?

-No hay detenidos, ni formalizados.

-Ahora que el ex fiscal Guzmán es Secretario del Senado, ¿quién asume el caso? ¿Héctor Barros, quien desde el 1 de mayo ocupa la Jefatura de la Fiscalía Metropolitana Sur?

–Héctor Barros. Todavía no nos presentamos ante él, pero dado que han vuelto estos ataques queremos conocerlo y ponernos a disposición.

-¿Considera que el Ministerio Público ha destinado todos los recursos disponibles para esclarecer este caso?

-No sé si han destinado todos los recursos disponibles. No tengo un parámetro para poder determinarlo. Confiamos en las instituciones, en el Ministerio Público, en el desarrollo de la investigación, por eso no hemos presionado de ninguna manera. De todas formas, como lo he señalado en otras ocasiones, tiene que ser preocupante que a dos años y medio, casi, de este atentado no se determinen responsables. Vemos los hechos que ocurrieron en Vicuña Mackenna, vemos los hechos del presidente del directorio del Metro. Todavía hay un grupo organizado que está elaborando, planificando, distintos atentados, que si no hay responsables, claramente es una señal de alerta para toda la ciudadanía. Si bien tenemos paciencia, sí tenemos preocupación.

Si bien se lo han reivindicado estos grupos a través de las páginas web, nadie sabe qué nombre tienen, qué individuos actuaron, de eso no existen antecedentes hasta ahora, así que esperamos que se refuercen los mecanismos de investigación del Ministerio Público para determinar responsables prontamente de todos estos hechos».

-¿En la investigación, se sigue tratando el caso como un delito terrorista?

-No pierde la calidad de terrorismo. Están los elementos que establece la Ley Antiterrorista por la forma en que se realizó; el ataque a una autoridad; que se lo reivindica la acción un grupo organizado; que tiene fines políticos, según este grupo: ‘evitar y terminar con el exterminio de los recursos naturales’. Claramente, hay antecedentes para determinar que caen bajo las normas de la Ley Antiterrorista.

-Si la investigación llega a buen puerto y, como dice Fiscalía, falta poco para dar con los responsables, ¿cuál es el próximo paso?

-Si llega a un buen puerto claramente hay que formalizar a las personas responsables y se inicia otro proceso de investigación. En este caso, un proceso formalizado, penal. En el cual esperamos que los imputados se mantuvieran en prisión preventiva y luego tuvieran derecho a un juicio para determinar las responsabilidades penales correspondientes. En este momento, el caso está en fase de investigación desformalizada.

-¿Es normal que el Ministerio Público se haya demorado tanto? En el caso Bombas II, el fiscal Guzmán sí logró la condena de Juan Flores por la colocación de un artefacto explosivo. En ese caso, las primeras detenciones ocurrieron diez días después del suceso.

–No hay parámetros para establecer si es normal o anormal la duración de la investigación. Es un hecho de una complejidad profunda, que no cuenta con muchos antecedentes para poder investigar. Se han manejado diversas aristas, así que igual se entiende la demora por la dificultad y la complejidad para determinar los responsables, porque si bien se lo han reivindicado estos grupos a través de las páginas web, nadie sabe qué nombre tienen, qué individuos actuaron, de eso no existen antecedentes hasta ahora, así que esperamos que se refuercen los mecanismos de investigación del Ministerio Público para determinar responsables prontamente de todos estos hechos.