Publicado el 6 abril, 2021

Provoste impone su “chantaje” y el Gobierno cede ante la oposición para lograr cambio de fecha en las elecciones

Autor:

Daniela Bas

A pesar de que el proyecto de ley para postergar los comicios todavía no ha sido aprobado por el Congreso, el Gobierno ya concretó dos de las condiciones que impuso la oposición para darle su apoyo. El “chantaje”, como lo calificó el ministro vocero Jaime Bellolio, consistió en nuevas restricciones sanitarias y medidas económicas, estas últimas aprobadas e incluso promulgadas este lunes, con una celeridad que no acompaña al cambio de fecha de las elecciones.

 

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Daniela Bas

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Hasta la mañana de este lunes el escenario que enfrentaba el proyecto que establece el Bono de Clase Media, la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el préstamo solidario era complejo. Ni los más optimistas previeron que el Presidente promulgaría la ley el mismo día en que los diputados votaron la iniciativa, más cuando la jornada del domingo terminó con un anuncio de reserva de constitucionalidad; pero sucedió.

Pasadas las 17:00 horas del lunes el Presidente Sebastián Piñera firmó la promulgación de la norma desde La Moneda y si bien le acompañaban varias autoridades, la presencia que más destacó fue la de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien participó del punto de prensa a través de una pantalla que duplicaba al Mandatario en tamaño. A su izquierda se dispuso otra para que estuviera el diputado y presidente de la Cámara, Diego Paulsen, quien no se conectó.

En el acto, el Presidente fue enfático en agradecer en tres ocasiones “los acuerdos alcanzados por el Congreso”. Para concluir su discurso dijo: “Quiero agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados por haber aprobado y mejorado el proyecto del Gobierno, y a los ministros que participaron en su discusión por su entrega y por su compromiso”. Y destacó que “una casa unida siempre es más fuerte”.

El avance del proyecto estaba supeditado a lo que sucedería durante la mañana de este lunes en la Cámara de Diputados, ya que existía la opción de que pasara por un nuevo trámite en Comisión Mixta o incluso que el Gobierno fuera al Tribunal Constitucional tras las indicaciones aprobadas en la Cámara Alta.

Sin embargo, esto no ocurrió y las ayudas sociales, tal como exigió Provoste, consiguieron vía rápida. En cambio, la reforma constitucional que introdujo el Ejecutivo para aplazar las elecciones cinco semanas y que estas se realicen en mayo no logró una tramitación tan expedita. La iniciativa tuvo que ser vista en Comisión Mixta y hoy nuevamente está citada una sesión especial en la Cámara Baja para zanjar el tema entre las 11:00 y las 12:30 horas; pese a que se esperaba que a cuatro días de la fecha originalmente pautada para los sufragios el asunto ya estuviera saldado.

En su momento estas condiciones opositoras fueron calificadas como un “chantaje inaceptable” por el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, quien defendió la propuesta de La Moneda para postergar elecciones y aprovechó la oportunidad para lamentar la actitud de la oposición. “Lamentamos profundamente que desde la oposición haya quienes digan: ‘mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueban todo este paquete de otras medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos, no sacar la calculadora para saber a quién le beneficia y a quién no”, dijo el ministro vocero. Quien luego aclaró que la alusión de “chantaje” no era en referencia de la presidenta del Senado.

En el Senado el proyecto que fortalece el Bono Clase Media se aprobó el domingo, tras largas horas de debate que estuvieron marcadas por una solicitud de la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (DC), y el senador Carlos Bianchi (ind), para votar en forma separada los incisos que hacían incompatible este bono y el IFE.

Tras la admisibilidad de la votación separada, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, presentó una reserva de constitucionalidad debido a que la eliminación de estos incisos generaría un mayor gasto fiscal infringiendo el “artículo 65 de la Constitución que señala que es de iniciativa exclusiva del presidente todas aquellas iniciativas que arroguen gasto”.

De esta manera, la inconstitucionalidad de esa indicación podía ser una piedra de tope para despachar rápidamente el proyecto, por lo que comenzaron las negociaciones. Previo al debate en la Cámara, los diputados oficialistas iniciaron las tratativas con el Ministerio de Hacienda para avanzar en la rápida aprobación y que se cayera el argumento recurrente de que “el Gobierno llega tarde”, por lo que debía retirarse la reserva de constitucionalidad. Esto, debido a que si la ley no se promulgaba este lunes, los beneficios no podrían haberse pagado durante el mes de abril  y habrían quedado para mayo. Una situación que aseguran “habría generado un duelo en que cada sector culparía al otro de la demora, pero el Gobierno tendría las de perder”.

Según fuentes que estuvieron presentes en las negociaciones, también se habrían sumado a la solicitud el diputado Pablo Lorenzini y la bancada del Partido Socialista, representada por su jefe, Marcelo Schilling. Cuentan que el PS tendría una doble intención al participar en las negociaciones debido a que un eventual desacuerdo en la Cámara podía provocar una Comisión Mixta que estuviera liderada por la candidata presidencial DC, Ximena Rincón, quien ha ganado protagonismo durante la semana por la discusión de este proyecto, opacando a la candidata socialista, Paula Narváez.

Tras escuchar los argumentos, el Ministerio de Hacienda envió una minuta a los parlamentarios oficialistas en la que se recomendó expresamente votar a favor de las modificaciones del Senado, dejando la reserva de constitucionalidad en el pasado, pese al aumentó del gasto fiscal. El proyecto inicial tenía un presupuesto de US$2.800 millones, a los que se sumaron “cerca de US$25 millones adicionales”, dijo el líder de la cartera, Rodrigo Cerda. Para subsanar el gasto explicó que “lo que vamos a tener que hacer es buscarlos dentro del Presupuesto Fiscal y durante el año vamos a ir buscando su financiamiento en el entendido que tenemos más recursos sobre todo del cobre y esperamos mayor crecimiento económico”.

Las presiones de Provoste al Ejecutivo

Se podría resumir en cuatro los “actos” en que Yasna Provoste, en su rol de presidenta del Senado, le puso presión al Gobierno desde que se hizo oficial el cambio de fecha de las elecciones.

Tras el anuncio del Presidente sobre un proyecto de ley de reforma constitucional para postergar los comicios, Provoste inmediatamente publicó en sus redes sociales que  “la postergación de las elecciones requiere soluciones que den garantías a toda la ciudadanía. Además, medidas sanitarias y económicas que le den sentido a este cambio”, por lo que convocó a un diálogo amplio con todos los partidos y movimientos de oposición.

En la instancia, la senadora logró el respaldo de los timoneles de Unidad Constituyente, Frente Amplio, PC, Comunes y PH, entre otros, en torno a las exigencias que permitirían respaldar dicho aplazamiento, entre ellas estaban medidas sanitarias -como acotar permisos a trabajos esenciales y cierre de grandes comercios- y económicas, donde se exigía ayudas sociales para la población en cuarentena y un IFE que llegara a todo el Registro Social de Hogares.

Tras los dichos del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, el lunes 29 de marzo, la mesa de la Cámara Alta, representada por Provoste y por el vicepresidente, Jorge Pizarro (DC), se reunió con el Presidente para hacerle saber sus solicitudes. Al salir, la senadora valoró la “disposición genuina del Presidente” para establecer un equipo entre el Ejecutivo y el Parlamento para revisar la “política de protección social” y para “enfrentar de una manera distinta esta crisis sanitaria”.

Las condiciones canalizadas por Provoste al Ejecutivo, al parecer, tuvieron eco en las decisiones que se tomaron los días siguientes. Cuatro días después de la cita, el Ministerio de Salud anunció nuevas restricciones sanitarias como el adelanto del toque de queda, cierre de fronteras y limitaciones a permisos individuales y colectivos. Y luego, dejaron pasar la reserva de constitucionalidad presentada en el Senado para promover una rápida aprobación de las medidas económicas, que fueron aumentadas e impulsadas en la Cámara Alta.

Dos peticiones de la oposición que se concretan antes de que se apruebe el cambio de fecha de las elecciones. A diferencia del proyecto de ley ingresado por el Presidente para posponer los comicios, que pasó este lunes a una Comisión Mixta luego de que la Cámara de Diputados rechazara las indicaciones presentadas por el Senado.

En cuanto a las ayudas sociales aprobadas, tal como fue despachada la ley, ya no se descontarán otras prestaciones sociales, como el IFE, del Bono Clase Media. Además, el Ingreso Familiar de Emergencia se extendió del 60% al 80% de los hogares más vulnerables, se pagará desde abril hasta junio y será de hasta $100.000 por cada integrante del grupo familiar para aquellos hogares que hayan estado en Cuarentena o Transición y de $50.000 para el resto de hogares que califiquen.

El Bono Clase Media alcanzará un monto de hasta $500.000 por beneficiario y le va a llegar a más 3 millones de personas. De acuerdo al Jefe de Estado, son más de 14 millones de chilenas y chilenos los que serán beneficiados y recibirán estas ayudas.

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