“Le meteremos la mano en el bolsillo a los empresarios” fue una polémica frase que usó el candidato presidencial Alejandro Guillier en un eventual gobierno suyo, pero que después matizó debido a las críticas que recibió.
Sin embargo, una variación de dicha amenaza tomó fuerza ayer luego de que un estudio de Libertad y Desarrollo mostrara el impacto que tendría una de sus propuestas en salud: Quitarle el 3% de la cotización obligatoria a los afiliados de las isapres para redestinar esos recursos a Fonasa.
Ello equivale a un monto de $730 mil millones al año, y corresponde al 30% de lo que actualmente aportan 3,4 millones de afiliados al sistema de salud privada del país.
La idea de Guillier es utilizar esos dineros para “fortalecer la universalidad y la calidad de la atención pública, asegurar la atención primaria de salud al 100% de la población e inyectar nuevos recursos al sistema, mejorando su calidad y cobertura”, según plantea en la página 132 de su programa.
El impacto de quitarle el 30% de los aportes a los afiliados a isapres
El problema es que ese millonario monto dejaría desfinanciadas a las isapres, lo que obligaría a los usuarios a aportar un 30% más de lo que hacen actualmente para mantener el mismo plan actual, con los beneficios que ya tienen.
Según explican especialistas de dicha industria a este diario, un plan de salud promedio mensual en las isapres por persona es de $64 mil, pero con la medida de Guillier deberán pagar $84 mil. Eso significa un incremento de $215 mil al año por persona, por lo que una familia de tres integrantes tendría que pagar $645 mil adicionales a lo que aporta hoy.
De acuerdo a estimaciones realizadas con la encuesta CASEN 2015, del total de beneficiarios del sistema isapres (abiertas y cerradas) más de 750 mil pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso, lo que equivale a 200 mil hogares con un ingreso total promedio de cerca de $556 mil pesos.
Además, y utilizando la metodología del Banco Mundial, 63,4% del total de beneficiarios de ISAPRE (más de 2.150.000 beneficiarios) pertenecen a la clase media.
Medida obligaría a salir a un millón de afiliados de las isapres
“Utilizando datos de la Asociación de Isapres, estimamos que con la medida propuesta por el candidato Guillier al menos 28% de los afiliados a Isapres estaría en riesgo de tener que irse a Fonasa, puesto que, luego de descontársele el 3%, el monto pactado actualmente con su Isapre no le alcanzaría para comprar un plan de salud básico”, señala un estudio de LyD.
Si bien los 3,4 millones de personas que están asegurados por el sistema Isapre tendrán menos recursos disponibles para los beneficios en salud que reciben, existe un grupo de ellos que puede verse más afectado que otro, explica la investigación.
“Esto significa que cerca de 1 millón de beneficiarios corre el riesgo de pasar a formar parte del sector público, lo que no sólo empeora su atención en términos de calidad y oportunidad, sino que también la de quienes estando en Fonasa hoy no acceden a prestaciones a tiempo”, afirma Alejandra Candia, quien realizó el estudio.
Ex pdte. del Colegio Médico: “Es una expropiación de los cotizantes y dejará desprotegida a la clase media”
El doctor Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico, califica de un profundo error la propuesta de Guillier, porque deja en la desprotección a las familias de clase media, expropiándoles sus aportes y obligándola a atenderse en el colapsado sistema de salud.
“Con esta medida están pasando de una clase media protegida, a una clase media desprotegida. Es una expropiación de los cotizantes de isapres. La solidaridad es bien vista y estamos de acuerdo, pero a nadie se le puede quitar parte de su sueldo para destinarlo a otro fondo sin preguntarle. Además, esa cantidad de plata no será suficiente para cubrir la atención primaria”, sostiene Paris.
El especialista califica la medida de “populista”, ya que genera un círculo perverso en que el Estado obligaría a millones de personas a atenderse en el sector público y las isapres tendrán menos fondos para dar un mejor servicio, por lo que todos salen perdiendo.
En una analogía con quitarle los patines que dijo el ministro Nicolás Eyzaguirre sobre la reforma escolar, el facultativo señaló que se requiere una reforma a la salud que le “ponga patines a Fonasa y no se los quite a las isapres, para que en el futuro los planes de salud de isapres y Fonasa puedan ser homologables y la gente pueda cambiarse de isapre sin preexistencias, sin cobrarle más al adulto mayor y a la mujer en edad fértil. No se trata de destruir el sistema sino de mejorarlo para llegar a un intercambio”.
Ex director de Asociación de Isapres: “Las isapres tendrían que subir sus precios violentamente o cerrar”
“Las isapres tendrían que subir sus precios violentamente o cerrar. La judicialización de las alzas de precios hace imposible subir los precios en esa magnitud”, sostiene el ingeniero comercial de la UC, quien agrega que el efecto en el sector privado sería “letal”.
“Las clínicas y hospitales perderían un 30% de sus pacientes con lo cual se generaría un efecto dominó sobre la industria prestadora y sus médicos. Esta industria tendría que subir sus precios para compensar la menor demanda y ello volvería a presionar al alza de los precios en las isapres”, detalla.
También abre otra arista, ya que afirma que dicha propuesta sería inconstitucional, porque el destino de la cotización del 7% es una opción que según la ley, la ejerce libremente una persona, es de su propiedad y no es expropiable por el Estado.
“Por lo tanto, hablando claro, se trata de una expropiación del 3% del sueldo imponible de los trabajadores de clase media que escogieron libremente atenderse en el sector privado y no en el público. Es otra bajada de patines. Es meterle la mano al bolsillo de la clase media y es consistente con la amenaza de Guillier de “meterle la mano a los bolsillos”. Es muy grave ya que estará expropiando el dinero a la gran clase media chilena”, asegura de la Carrera.
Además, aclara que no se podría bajar la cobertura de los planes actuales ante los menores recursos, porque están vigentes, y que el sistema público no tiene los recursos, ni la infraestructura, tecnología y especialistas para atender la oleada de personas que llegaría de las isapres.
“Si se llegara a implementar lo que propone Guillier, las isapres no tendrían más alternativa que entregar sus carteras de clientes al Estado y decirle ‘usted hágase cargo, no podemos nosotros operar así. Se acaba el sistema. Es lo mismo que decir no más isapres’”, concluye.