Este jueves la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos en 2020 y 2021.
“Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Asimismo, se pidió la aplicación de las multas más altas de la historia, las que ascienden a un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones.
Horas después de la presentación del requerimiento de la FNE, a través de un comunicado, Dreams sostuvo que «lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención» y que «rechazamos toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos». Adicionalmente señalaron que se defenderán ante el TDLC para que “desestime el requerimiento».
Desde el gobierno, en tanto, el ministro de Economía Nicolás Grau señaló que los antecedentes de la FNE son “contundentes” y que “la consecuencia es que se recauda menos para el Estado y las instituciones regionales que reciben recursos de estos casinos (…). Esto es sumamente grave. La colusión incluso puede implicar consecuencias penales, una vez que termine el proceso que está ahora”.
Reducción de Presupuesto que no se ha recuperado
Pero mientras la FNE presenta este caso de alta connotación en donde solicita las mayores multas de su historia, el presupuesto que recibe para operar sigue siendo muy bajo, señalan distintas fuentes a El Líbero. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
A ambos organismos se les redujeron sus presupuestos en el año 2021 con la llegada de la pandemia y la priorización de otros gastos, pero en 2024, ya pasada la crisis, no lograron llegar a los aportes fiscales -traídos a valor presente- que tenían en 2020, según indica un documento del Centro Competencia de la UAI sobre la FNE (ver gráfico).
De hecho, para el Presupuesto de 2025 que anunció el Presidente Gabriel Boric hace unos días, se contempla un aumento sólo de un 0,9% para la FNE. Lo mismo para el TDLC. A pesar de esta alza, tampoco lograrían llegar a los aportes fiscales a valor presente que tenían en 2020.
De esta forma, todo el financiamiento al sistema para fiscalizar y sancionar las colusiones sigue siendo inferior al que había hace cuatro años, pre pandemia.
Si bien en su programa de gobierno no había mayor detalle sobre estos temas, en su propuesta actualizada una vez que logró pasar a segunda vuelta en 2021 junto a José Antonio Kast, el Presidente Gabriel Boric incorporó una serie de medidas, como aumentar la dotación y presupuesto de la FNE, según indica un documento del Centro Competencia de la UAI.
Quejas históricas de la FNE y el incumplimiento de Boric
El Líbero contactó a la Fiscalía Nacional Económica para conocer su opinión respecto al Presupuesto que se le asigna para el año 2025, pero prefirieron no referirse al tema.
Sin embargo, en sus memorias anuales, publicadas en su página web, se puede ver que tanto el actual fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, como su antecesor, Ricardo Riesco, han levantado el tema.
En la cuenta pública realizada el 29 de mayo de 2024, Grunberg señaló que desde hace algunos años “hemos visto una baja sostenida en los recursos asignados a nuestro funcionamiento y para este año 2024 se nos otorgó un presupuesto de continuidad, que no nos permite ampliar nuestro ámbito de acción como quisiéramos”.
“A la par con los menores recursos, nuestra dotación máxima autorizada también ha ido cayendo. Si en 2018 cerramos con 125 funcionarios, fuimos perdiendo cupos en forma sucesiva durante los años siguientes, hasta llegar a los 114 que somos actualmente”, agregó.
Ambos puntos habían sido comprometidos por Boric cuando era candidato.
El ex fiscal nacional económico Ricardo Riesco, en tanto, en su cuenta pública realizada el 31 de mayo de 2022, sostuvo que “un presupuesto anual de alrededor de US$8 millones, como el que tenemos actualmente, no solo implica una disminución de más de un 5% respecto de nuestro presupuesto de hace dos años, no solo no es siquiera remotamente proporcional a los ahorros para las personas y para el Estado que generan las actuaciones de la Fiscalía, sino que es absolutamente insuficiente considerando la importancia y alcance nacional de su labor respecto de los mercados de nuestro país”.
En un ensayo escrito después de su salida de la FNE, Riesco fue más duro aún, advirtiendo que el actual gobierno no ha hecho nada para revertir esta situación, a pesar de sus compromisos.
“Tratamos, en forma reiterada, de explicarle y convencer al gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, a través de funcionarios del Ministerio de Economía, que la mejor reforma que se podía realizar para defender la libre competencia en los mercados chilenos era aumentar el presupuesto de la FNE (…). Lamentablemente, se nos indicó, una y otra vez, de manera tajante, que no era factible entregarle recursos adicionales a la FNE. De hecho, como veremos más adelante, pese a que para el año 2022 el Ministerio de Hacienda asignó al Ministerio de Economía un aumento presupuestario total del 14% para los servicios públicos de su dependencia, pese a nuestros reiterados reclamos el Ministerio de Economía destinó 0% de ese incremento presupuestario a la FNE. Esto último me resultó aún más incomprensible dado lo que supuestamente se esperaría de gobiernos de este signo político y, muy especialmente, por el enorme énfasis público que, al menos durante la campaña presidencial, la coalición actualmente gobernante dio a la necesidad de introducir mayor competencia a los mercados”, se lee en la página 24 del texto “Sobre la aplicación de las atribuciones legales de un órgano público en épocas convulsas: Algunas reflexiones sobre la Fiscalía Nacional Económica entre 2018 y 2022”.
Mea culpa del ex ministro Briones
Otro actor que se ha referido al bajo presupuesto de la FNE es el ex ministro de Hacienda del Presidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, quien en el seminario “Diálogos CECO” de octubre de 2023, donde se analizó el ensayo de Riesco, hizo un mea culpa.
“En el Presupuesto 2021, el primero que me tocó elaborar desde cero, la pandemia significó bajas presupuestarias transversales para seguir priorizando recursos a lo sanitario y en las ayudas sociales. El presupuesto de la FNE terminó cayendo 2,7%. Mucho menos que otros servicios, es cierto, pero con la distancia del tiempo, pienso que ojalá me hubiera preocupado no solo de que cayera poco, sino que idealmente aumentara (…). En la danza de miles de millones que significa el presupuesto de la nación, muchos destinados a programas de escaso impacto, un presupuesto de US$10 millones como el de la FNE es un grano de arena con un retorno infinito”, dijo.
Los datos dan cuenta de las palabras de Briones. Según el estudio “Multas sentenciadas por TDLC o Corte Suprema a requerimiento de la FNE” de la Biblioteca del Congreso, “el presupuesto fiscal asignado a la FNE más TDLC en el periodo 2011 a 2024 representa un 75,64% de las multas sancionadas en materia de ilícitos económicos. Dicho de otra manera, por cada peso gastado en la FNE y el TDLC, se han aplicado sentencias por 1,32 pesos de multas”.