Un incendio afectó el templo institucional de Carabineros, Iglesia San Francisco de Borja, en enero de 2020. El único imputado por el hecho debía enfrentar el juicio por el suceso el próximo 25 de octubre; pero tras permanecer en prisión preventiva desde el 3 de enero de 2020 y hasta el 26 de agosto de 2021, Gerardo Leal logró que el 7° tribunal de Garantía de Santiago le fijara una fianza de $1,5 millones y quedó con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Pero ahora Leal está prófugo. 

“Da rabia”. Con esas dos palabras Alejandra Cruzat, presidenta de la Fundación Nos Importan, resume lo que significa para la organización que algo así haya ocurrido en el programa Mirada Líbero en Agricultura. “¿Quiénes son el verdadero peligro para la sociedad? Me da rabia porque veo que carabineros no incumplen sus medidas cautelares, llevan más de un año detenidos y sabemos que si les das la libertad, o el arresto domiciliario, no se van a escapar”. 

Nos Importan es una agrupación ciudadana que surgió post 18 de octubre con la intención de apoyar a las personas que forman parte de las fuerzas armadas y de orden que fueron acusadas por su accionar durante las tareas de control de orden público. “Nos dimos cuenta de que estaban tremendamente abandonados. Nuestro apoyo es bastante integral, les damos apoyo comunicacional, legal, psicológico. Nosotros somos muy pequeños y los uniformados son muchísimos en cantidad, pero sentimos que como ciudadanos tenemos que darles un empujón porque realmente a partir del 18 de octubre los empezaron a tratar muy mal, hubo mucha violencia contra ellos y quedaron muy desprotegidos”.

Sin embargo, frente a esta situación, Cruzat destaca: “En principio me da rabia, pero un trabajo que tenemos que hacer nosotros como institución y también la sociedad, es que no podemos ponernos unos contra otros. Esto no es Carabineros contra el resto de los ciudadanos, somos todos chilenos, todos ciudadanos, que nos hemos visto envueltos en una situación tremendamente compleja. Para todos ellos, tanto para aquellos que han delinquido en la calle, como para quienes son uniformados, esperemos la justicia proporcional y correspondiente”.

Cruzat opina que el Poder Judicial da un trato distinto a los uniformados. “Han tenido una mano tremendamente dura porque hay mucha presión mediática, una presión tremenda por parte de algunos institutos de derechos humanos que yo creo que influyen en la decisión de los jueces”.

Ejemplifica con el caso del juez que lleva el Caso Gatica, por el que se encuentra en prisión preventiva Claudio Crespo. Explica que en el caso de Crespo han tratado de levantar esta medida cautelar pero no ha sido posible. “Gatica dijo que estaba sacando fotos y la verdad es que estaba tirando piedras. Habían disparos para todas partes, piedras, era una confusión tremenda y en el fondo se imputó a Crespo porque se dice que los perdigones que dejaron ciego a Gatica venían de su arma, pero su defensa tiene cuatro peritajes adicionales que dicen que eso no es cierto. Esto se hizo en base a un peritaje nuevo que hizo la PDI, con un sistema que no se había probado nunca antes y la defensa dice: ‘nosotros tenemos cuatro peritajes que dicen que eso no es correcto, que es imposible decir que venían del arma de Crespo’, pero nadie los oye. No es políticamente correcto oirlos, y él lleva un año preso”.

También levanta una alerta porque a los uniformados se les está formalizando por apremios ilegítimo u otros tratos crueles (tortura), “cuando la verdad es que como mucho ha sido violencia innecesaria, que está en el Código de Justicia Militar. Se van por apremios ilegítimos, porque en el fondo ahí empiezan con los delitos de lesa humanidad y porque las penas son mucho mayores, por ejemplo no tienen acceso a penas sustitutivas… Están abusando de la figura, pero sobre todo están abusando de las personas. Estos son seres humanos de carne y hueso, son ciudadanos que salieron a la calle mandatados por el Estado, porque ellos son los que tienen el monopolio de la fuerza. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Un carabinero no va a sacar su arma, o no va a usar la escopeta antidisturbios, no va a tirar el chorro de agua, porque no se va a exponer”.

“La Convención Constitucional tiene una manera de pensar que no representa a la ciudadanía”

La comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional hizo la propuesta de sustituir a Carabineros por una institución civil. A esto Cruzat responde: “La CC tiene una manera de pensar que yo creo que no representa a la ciudadanía. Si tu me preguntas qué opina la ciudadanía, yo creo que ésta sería contraria a alguna organización de ese tipo. De partida una polícia civil, media politizada no va a cumplir las funciones de reestablecer el orden público que se necesita, al final me parece un poco utópico, una especie de guardias municipales que no puedan enfrentar actos de violencia, que no puedan enfrentar terrorismo, que no puedan enfrentar narcotráfico. No creo que sirva de nada”.

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