Por qué siguen luchando contra el proyecto de ley de garantías de la niñez, pese al veto presidencial

El Presidente Sebastián Piñera ingresó el veto al proyecto de ley de garantías y protección de la niñez, iniciativa que lleva más de seis años en tramitación. En el documento  –que fue enviado a la comisión de Familia– el Mandatario propone el cambio a siete artículos por medio de vetos supresivos y aditivos. Desde las organizaciones defensoras del derecho de los padres en la educación aseguraron que están conformes y agradecidos con la decisión, pero creen que se podría hacer más.

El proyecto de ley de garantías de la niñez entró a la Cámara por medio de un Mensaje Presidencial durante el mandato de Michelle Bachelet y busca ser “una ley marco para la aplicación de la política de la niñez”. Además, entre sus objetivos está otorgar “un rol más fuerte del Estado en la protección de los niños”. Consideración que ha derivado en la crítica de diferentes organizaciones de padres y madres que por medio de una carta ya le habían solicitado al Presidente que presentara un veto al texto. 

Ante la decisión de esta semana, Ingrid Bohn, vocera y presidenta de la agrupación “Con mis hijos no te metas” asegura: “100% conformes no estamos porque creemos que no fue lo contundente que debió haber sido, sin embargo agradecemos la instancia, agradecemos que el Presidente haya cumplido con la promesa que hizo de vetar esta ley, específicamente con algunos artículos que son muy malos”. 

Entre lo considerado por la autoridad de gobierno y uno de los fundamentos de la iniciativa es que tanto el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, como el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, podrían verse debilitados “por modificaciones introducidas que no consagran la responsabilidad real y el rol protector primordial que los padres y/o madres deben cumplir respecto a la protección de los derechos de sus hijos”, menciona el texto.

Entre los aspectos de la norma que aún hacen ruido para las organizaciones que le han hecho oposición está el Artículo 3 que establece los derechos de los niños como único criterio de interpretación del proyecto, sin tomarse en cuenta el rol de los padres y las normas del Código Civil. El Artículo 7 reduce el interés superior del niño al máximo goce de sus derechos, en su reconocimiento y garantía, lo que no toma en consideración la disposición del contenida en el Código Civil que indica que son los padres quienes deben preocuparse de la mayor realización espiritual y material posible de sus hijos.

También permanece el Artículo 30, referido a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que puede interpretarse como que limita el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones; entre otros puntos que pueden hacer que se cuestione la autoridad de los padres.

El proyecto también ha generado nudos en la política. El Tribunal Constitucional (TC) había aceptado un requerimiento presentado por Chile Vamos para que la institución se pronunciara sobre tres artículos del proyecto que fueron cuestionados por su constitucionalidad. Las críticas apuntaban a la autonomía de los niños, el rol de los padres en la educación de sus hijos y los límites de la educación sexual.

“El Tribunal Constitucional hizo su parte, cosa que lo agradecemos enormemente. Sacó, por ejemplo, el tema de la autonomía progresiva, educación laica y no sexista, esas dos palabras salen, siendo de tremenda ayuda para los colegios confesionales. Pero nos preocupa que siga estando la educación sexual integral, nos gustaría que fuera educación sexual, el ‘integral’ nos hace un poco de ruido por el adoctrinamiento que hoy ocurre en los colegios”, expresa Bohn.

Según especifica la Defensoría de la Niñez en su sitio web, se entiende como autonomía progresiva la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Lo anterior se debe a que “a temprana edad es muy difícil que los derechos sean ejercidos por los propios niños y niñas, necesitan que los adultos velen por el cumplimiento de sus derechos, pero a medida que crecen, los niños, niñas y adolescentes serán capaces de poder ejercer con mayor ímpetu sus derechos, por ejemplo, el derecho de la participación”. Asimismo, en el Artículo 11 del proyecto en cuestión se establece que todo NNA (niño, niña o adolescente) “podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades”.

Así como generó debate en Chile Vamos y las organizaciones, los parlamentarios también reaccionaron a la decisión del Jefe de Estado. El diputado Matías Walker (DC) expresó a través de su cuenta de Twitter que con la decisión el Presidente violó el acuerdo al que se llegó en comisión mixta de infancia. Además, aseguró que al jefe de Estado “no le preocupa la infancia sino complacer grupos fanáticos ultra conservadores”.

Los dichos del congresista no pasaron desapercibidos. “Como dijo el diputado Walker en un tuit, el Presidente le hizo caso a grupos de padres conservadores y no se trata de eso. Se trata de que esta ley es mala así como estaba propuesta porque sacó a los padres. Nosotros vemos que en el veto, por ejemplo, se habla de los derechos de los niños. Por sí solos ellos pueden convocar a una manifestación, pero su asistencia debe ser con un adulto responsable; madre, padre o tutor y eso no lo tenía la ley”, enfatiza Ingrid Bohn.

El Tribunal Constitucional acogió los requerimientos acerca de la inconstitucionalidad de parte de los artículos 11, 31 y 41 y, con el veto, ahora el proyecto vuelve al Congreso para su revisión final.

“Los padres quedamos como meros orientadores”

Más de 64 mil personas conforman «Con mis hijos no te metas». La organización que busca fortalecer el derecho de los padres en la educación  ha sido una de las principales opositoras al proyecto de ley de garantías y protección de la niñez. Semanas antes y junto a otras organizaciones, habían participado de la entrega de una carta al Presidente para solicitarle el veto a la iniciativa. 

El movimiento se ha opuesto al proyecto durante largo tiempo. Bohn afirma la crítica se debe a que “es una ley que en su encabezado dice que entrega derechos de pleno goce a los niños, niñas y adolescentes. En la ley en ningún minuto vas a encontrar la palabra deber, nosotros creemos que la construcción social, emocional, de un niño se construye  desde la base de los derechos –que no estamos en contra–, pero también de los deberes como los tiene un ciudadano adulto también los tiene que tener un niño y en este caso, deberes para con sus padres que son las personas tutoras, que les ponen normas y ese tipo de cosas”.

«Con mis hijos no te metas» es un movimiento de origen peruano que actualmente está presente en algunos países de Europa, en Colombia y Ecuador, en estos dos últimos bajo los principios evangélicos. En Chile, su creación estuvo bajo el alero de la Fundación Chile y Familia, mientras que –a diferencia de las mencionadas– no es de connotación religiosa. 

A través de las redes sociales y los coordinadores regionales presentes en Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Chiloé, buscan expandir sus ideales a lo largo de Chile. Dentro del último tiempo, movilizar a quienes están en contra de la ley.

Otra de las críticas que hizo la líder del movimiento al proyecto de ley es que esta «se basa en que los niños son sujetos de derecho y se basa en la autonomía progresiva abiertamente. No es que estemos en contra de la autonomía progresiva, si es normal que los niños vayan siendo autónomos y quién mejor que los padres sabemos cuándo lo son. El tema es que la ley no dice en ningún minuto quién regula esa autonomía, te dice «de acuerdo a la autonomía progresiva», pero ¿quién le pone coto o el límite? no somos los padres, quedamos como meros orientadores y guías en la educación de nuestros hijos y eso nos preocupa demasiado”.