Publicado el 21 marzo, 2021

Politzer y Kantor entran al debate sobre la libertad de expresión tras polémica entrevista a Hernández Norambuena

Autor:

Daniela Bas

La franja de la “Lista del Pueblo” donde se hace alusión a la muerte del Presidente Piñera y la entrevista al “comandante Ramiro”, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards abrieron un debate sobre la libertad de expresión. En El Líbero, Patricia Politzer y Pauline Kantor, candidatas a constituyente y periodistas, dan a conocer sus puntos de vista al respecto.

 

Autor:

Daniela Bas

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Durante la última semana, la libertad de expresión en los medios de comunicación ha sido protagonista en el debate entre abogados, periodistas y políticos. Esto, a propósito de un segmento de la franja electoral de constituyentes de la campaña de la “Lista del Pueblo”, en la que se hacía alusión a la muerte del Presidente Sebastián Piñera, y por la entrevista que emitió La Red al frentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Ambos hechos generaron más de 300 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. Ambas polémicas abrieron un debate en los medios de comunicación. El rector de la UDP  Carlos Peña, escribió en El Mercurio la columna Muerte del presidente, declaraciones de un asesino donde plantea que “si controlar el contenido del discurso es inaceptable en momentos ordinarios, lo es mucho más todavía en momentos constitucionales”. Según Peña: “no hay incitación al odio en ese mensaje. Tampoco en las declaraciones del condenado por el asesinato de Jaime Guzmán”, señala. “La franja y la televisión exhiben mensajes. A los ciudadanos corresponde decidir cuál merece el apoyo y cuál el rechazo”, subrayó el abogado.

Rodrigo Hinzpeter, ministro de Interior y Defensa durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, le respondió a través de una carta al director en el mismo medio. El abogado discrepó con Peña y señaló que “los derechos, aun los derechos tan fundamentales para la democracia como lo es la libertad de expresión, deben ejercerse en el marco legal vigente, y admiten limitaciones, muy específicas y fundadas, por cierto, pero no son derechos absolutos ni incondicionales”.

Se sumó al debate el abogado Julián López , quien en “Libertad de expresión y censura previa”, defendió la tesis empleada por Peña. El penalista señaló que, según la Convención Americana de DD.HH, “el ejercicio de la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores”. “Entender que los límites a la libertad de expresión autorizan la censura previa implicaría permitir al Estado determinar por anticipado qué opinión es ofensiva y qué información es falsa, e impedir que ella se divulgue con fundamento precisamente en ese juicio”, argumentó.

José Joaquín Brunner, ex ministro secretario general de Gobierno, también abordó el tema de la libertad de expresión en su última columna de opinión: “Asaltos a la razón democrática”. En ella, manifiesta que existe una contradicción, cada vez más frecuente “entre la demanda por autonomía y libertad de las personas y el reclamo por mayores controles y sanciones para ellas”. Señala: “Algo similar ocurre con la libertad de expresión; despierta reacciones negativas en un ancho espectro, desde la protección de ciertos valores -como decoro, honor y autoridad- hasta el deseo de suprimir locuciones políticamente incorrectas o funar y cancelar a personas o grupos con cuyas ideas y actitudes se disiente”.

A raíz del debate, El Líbero invitó a candidatas a constituyente que también son periodistas para que entreguen sus puntos de vista sobre un tema que será central en la futura Constitución.

Patricia Politzer, candidata independiente por el distrito 10 y Pauline Kantor, representante de Evópoli en competencia por el distrito 11, presentan sus miradas sobre el tema. Ambas coinciden en lo clave que es este derecho para la democracia. Y mientras Politzer subraya que “la sensibilidad de las víctimas frente a un crimen, por horrendo que sea, no puede poner en riesgo la libertad de expresión y sus consecuencias para la democracia”, Kantor señala: “La coherencia con los principios que declaramos debiera ser la mejor defensa para ejercer con responsabilidad la valiosísima libertad de expresión”.

Patricia Politzer: “Ningún crimen debe amenazar la libertad de expresión”

Es ya un lugar común sostener que la libertad de expresión es indispensable para una democracia sólida. Pero otra cosa es mantener tal convicción en la práctica, especialmente, cuando los dichos expresados nos molestan e incomodan. Es justamente en esas situaciones en las que se juega de verdad el derecho a la libre expresión de las ideas.

La polémica surgida a raíz de la entrevista del periodista de La Red, Eduardo Fuentes, a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, lo dejó en evidencia una vez más. El entrevistado sostuvo que la muerte de Guzmán pudo ser un error político, pero no ético. A muchos, especialmente familiares y seguidores del ideólogo de la UDI, los dichos de Norambuena les hirieron y enfurecieron.

Es grave, para la democracia y para nuestra convivencia, que la condena a un crimen horrendo ponga un tela de juicio y amenace la libertad de emitir opiniones y debatir sin temor ni represalias.

Mauricio Hernández Norambuena está condenado por sus acciones. Esto significa que debe pagar su delito con cárcel, perdiendo su derecho a circular libremente. Pero los condenados no pierden su libertad de expresión y tampoco la posibilidad de ser entrevistados por un periodista. Tanto así, que son muchas las entrevistas a criminales que han sido autorizadas por Gendarmería. Si ésta no lo fue, es un problema interno de esta institución que nada tiene que ver con el periodista ni con los derechos del reo.

Más allá de Hernández Norambuena y el crimen de Jaime Guzmán, lo que está en juego en esta controversia es la posibilidad de la sociedad chilena de discutir abiertamente, con todos los argumentos sobre la mesa -los que nos gustan y los que nos repelen-, sobre algunos aspectos de nuestra historia y nuestro presente, como es el uso de la violencia, tanto en dictadura como en democracia.

Ningún asunto que afecte a la sociedad debe ser tabú en la discusión pública. Más aún, el debate en torno a la violencia no sólo no debiera esquivarse en esta coyuntura histórica sino que, por el contrario, debe analizarse en profundidad y con plena libertad de expresión. Estamos en medio de un proceso constitucional surgido de un estallido social, vivimos actos de violencia graves y violaciones a los Derechos Humanos de parte del Estado. Sólo un diálogo serio y sin temores puede llevarnos a la paz social que todos queremos.

Como sostuvo el juez William J. Brennan en el caso New York Times contra Sullivan, en 1964, la libertad de expresión es “la garantía constitucional establecida para asegurar el libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios sociales y políticos deseados por el pueblo. Mantener la libre discusión política para lograr que el Gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se obtengan cambios por las vías legales, posibilidad esencial para la seguridad de la República, es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional.”

La sensibilidad de las víctimas frente a un crimen, por horrendo que sea, no puede poner en riesgo la libertad de expresión y sus consecuencias para la democracia.

Pauline Kantor: “Libertad de expresión y responsabilidad”

Soy una convencida de que debemos promover y resguardar la libertad de expresión. Una democracia sólo se robustece cuando sus ciudadanos, instituciones y sus medios de comunicación pueden ejercerla en plenitud, y será el resto de la comunidad la que ponderará si esas opiniones la interpretan.

Pero como todo derecho, siempre deben existir límites o ciertos rayados de cancha, lo que es aún más deseable en quienes tienen mayor posibilidad que sus acciones u opiniones se difundan. Quienes pueden ser vistos por miles o millones de personas -vía franja electoral o por conducir un programa de entrevistas en televisión- obviamente debieran ser más cuidadosos de ciertos marcos éticos o de responsabilidad, a diferencia de algún fanático con un puñado de seguidores en Twitter.

Una democracia sólida debiera tener como principios transversales el respeto por el otro, así como el rechazo más absoluto a la apología de la muerte y la violencia, sin que mis filtros sean más densos con el que está al frente, pero extremadamente porosos cuando son más afines a mí.

Todos somos responsables de ejercer con responsabilidad el derecho a la libertad de expresión. Pero si se abren espacios para justificar homicidios sin mayores cuestionamientos, si se ayuda a vestirse de luchador social a un criminal, si se aprovecha una franja obligatoria de TV para expresar alegría por la muerte de un ser humano o para instruir a niños inocentes a que difundan mensajes polarizantes, se está dañando ese tan preciado derecho de la libertad de expresión, transformándolo en libertinaje.

No creo que aumentar las regulaciones sea el camino. Pero sí lo es sacar lecciones del espacio que el victimario Mauricio Hernández Norambuena tuvo en horario prime para victimizarse, o bien de la exaltación del deseo de la muerte de un adversario político -el Presidente de la República- que hizo la Lista del Pueblo.

No basta con excusarse en que “él lo dijo” o “es nuestro trabajo”. Si le doy pantalla a un pedófilo que se escuda en el amor para sus aberraciones, ¿puedo argumentar solamente que “él lo dijo”? ¿No es también “trabajo” de los medios de comunicación apostar por sociedades más pacíficas, que no exalten y justifiquen a criminales y asesinos, y que contribuyan a fortalecer la democracia? La coherencia con los principios que declaramos debiera ser la mejor defensa para ejercer con responsabilidad la valiosísima libertad de expresión.

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