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Publicado el 18 de agosto, 2016

Polémica por Emiliano Arias: Otros fiscales han realizado declaraciones similares y no han sido sancionados por el Ministerio Público

Autor:

Uziel Gomez

Fiscales como Carlos Gajardo y Manuel Guerra han sido protagónicos en los medios y redes sociales, criticando al SII, la ley de royalty, la legislación vigente y las investigaciones en curso, pero no han sido apartados de sus casos ni sumariados. Asociación de funcionarios defendió a sus colegas.
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Uziel Gomez

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“Me gustan más los fiscales de bajo perfil que los fiscales de alto perfil”.

Esa frase del fiscal nacional, Jorge Abbott, dicha en su primera entrevista el 6 de diciembre pasado después de reemplazar a Sabas Chahuán, podría explicar su decisión de sacar al fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, de la investigación de la causa Corpesca, que involucra hasta ahora al senador UDI Jaime Orpis.

Arias –quien fue ascendido a fiscal regional precisamente por Abbott- dijo a La Tercera que en la tramitación de la ley de pesca “se cometieron delitos (…) En consecuencia, en el proceso de la formación de la ley hay corrupción». También afirmó que «puede haber más casos como el de (Jaime) Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos».

En la entrevista se señala que el fiscal requería indagar el alcance de los pagos recibidos por el diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Walker.

Fiscalía acusó a Arias de “escasa prudencia” y faltar al “deber de reserva”

Lo anterior llevó al Ministerio Público a emitir un comunicado en que acusó a Emiliano Arias de infringir el “deber de reserva que impone a los fiscales el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional”, por actuar con “escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado”.

Abbott, además, instruyó abrir un sumario por sus presuntas responsabilidades administrativas. Sin embargo, su decisión ha sido cuestionada por diversos abogados penalistas y ex fiscales, quienes aseguran que la sanción fue excesiva y que es lo mismo que otros fiscales han señalado.

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público afirmó que la salida del persecutor de O’Higgins “refuerza las aprensiones que hicimos saber en la tramitación legislativa de la ‘Agenda Corta’, porque, en definitiva, cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de valer la presente norma para conseguir mantener desinformada a la ciudadanía«.

Dichas acusaciones fueron rechazadas por la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, quien descartó cualquier presión política: «No existe ningún cuestionamiento al rol como investigador del fiscal Emiliano Arias, pero respecto de las declaraciones que realizó se pudo advertir que quizás podría haber existido algún manejo no adecuado de los antecedentes que se entregaron».

Las polémicas declaraciones del fiscal Gajardo

Revision de medidas cautelares Caso Fraude al FUTLos cuestionamientos al castigo apuntan a que otros fiscales que investigan el financiamiento en la política también han realizado polémicas declaraciones. De hecho, la crítica original de Abbott a los persecutores con alto perfil público fue en respuesta a una entrevista que dio el fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, en la revista Qué Pasa, en que dijo que “si la Fiscalía no tiene éxitos semejantes en Penta y SQM se pueden levantar sospechas”.

Gajardo, quien ha sido el  más mediático de los persecutores, señaló también que los fiscales que han llevado investigaciones relevantes “no han logrado posteriormente acceder a cargos más altos en la institución”, luego de que no fuera elegido fiscal regional oriente.

En dicha entrevista hizo una infidencia al afirmar que Jorge Abbott le había dicho que su renuncia de febrero de 2015 cuando Solange Huerta lo sacó de los casos Penta y SQM, fue “relevante para el desarrollo de la institución”; y calificó de “histórica” la condena por delitos tributarios en contra del senador UDI, Jovino Novoa.

En plena elección de fiscal nacional, Gajardo aseguró que renunciaría si se nombraba un sucesor que tuviera otros criterios para investigar los delitos tributarios en el financiamiento político, y cuando asumió Abbott demarcó los desafíos institucionales que tendría en la persecución penal.

El fiscal Guerra las ha emprendido contra el SII, la ley de royalty minero, las AFP, isapres y clínicas privadas

manuel guerra fiscalEl fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, es otro que ha generado polémica por sus declaraciones, incluido su activismo en Twitter, en que ha atacado a las isapres, las AFP y las clínicas privadas, en circunstancias que es el fiscal jefe en la investigación del grupo Penta, que está vinculado con dichas actividades comerciales. También hizo «retweet» a la entrevista de Arias que señalaba que “en la génesis de la Ley de Pesca hubo corrupción”.

“Quítale una i a afiliado y encontrará la mejor definición de usuarios de AFP e Isapres”; “más que una AFP estatal se requiere terminar con las AFP”, son una “frescura legalizada”; “las clínicas ganan tremendas cifras, un síntoma más de un país enfermo donde la salud claramente no es un derecho” son algunos de sus posteos en la red social.

Además, al igual que Arias, el fiscal Guerra criticó otra institución autónoma del Estado, al afirmar que el Servicio de Impuestos Internos  ha tenido criterios “bastante zigzagueantes” para querellarse contra delitos tributarios de políticos.

Tuits del fiscal Manuel GuerraQuizás al servicio (SII) le complica tomar una decisión por  los costos políticos que pueda tener, puede ser considerada como un perdonazo”, señaló en una entrevista, y pidió que la Fiscalía tenga la atribución de presentar los delitos tributarios y no un “organismo que dependa del gobierno de turno. Cuando eso ocurre se crea un manto de sospecha”.

También cuestionó la ley de royalty minero que debe ser “un elemento digno de estudio de parte de la Fiscalía”.

Los fiscales Guerra y Gajardo han liderado una cruzada pública para que el Congreso suba las penas del delito de cohecho y lo castigue con cárcel. “La legislación tiene que ser depositaria de la soberanía popular. Hay un repudio ciudadano y debe ser objeto de corrección de la legislación. Creemos que ciertos bienes jurídicos, que son esencialmente importantes para la sociedad chilena, debiesen tener penalidades más altas”.

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