Sebastián Piñera será el primer Presidente que tendrá que aplicar la nueva ley que perfeccionó el sistema de Alta Dirección Pública, que establece nuevos mecanismos para nombrar y desvincular a las altas autoridades.
La legislación, que se aprobó en diciembre de 2016 y surgió de la comisión Engel que creó la Presidenta Michelle Bachelet, hizo una serie de modificaciones, como la eliminación de la figura de los altos directivos transitorios y provisionales (TYP), reemplazándolos por los subrogantes legales; suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos 8 meses de un gobierno; y facultar al Consejo de Alta Dirección Pública para citar a los subsecretarios y jefes de servicio a informar confidencialmente sobre cumplimiento de convenios de desempeño y motivos de desvinculaciones.
Piñera podrá nombrar 12 altos cargos sin concurso
Un aspecto medular, además, es que faculta al Presidente de la República para nombrar directamente hasta 12 altos directivos públicos de primer nivel jerárquico, sin concurso previo.
Esa facultad tiene algunas limitaciones, como ejercerla sólo durante los primeros tres meses de gobierno, por una sola vez y los candidatos deben cumplir con el perfil que elaboró para el cargo el Consejo de ADP y que tienen publicado en un banco de perfiles. Si luego esta persona renuncia, aplica la regla general y se debe proveer por el sistema de ADP.
Esos 12 cargos son parte de los 125 de autoridades de primera línea ADP que tiene la Administración Pública, y que se nombran a través de un concurso público, que demora alrededor de tres meses.
La elección que realice directamente el Mandatario de esos 12 cargos develará su eje programático y las prioridades que impondrá en su administración, según revelan fuentes conocedoras del proceso de selección.
Entre esos cargos podrían estar los directores de Presupuesto, Impuestos Internos, Sename, Dirección del Trabajo, INE, servicios de Salud, entre otros puestos clave. De hecho, para la Dipres suena el nombre de Rodrigo Cerda, economista “mano derecha” del ministro Felipe Larraín. En el INE se menciona al doctor en economía, Juan Eduardo Coeymans, quien tuvo una destacada gestión entre 2013 y marzo de 2014, y al ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. En el SII la prensa ha develado el nombre de la abogada tributarista Carolina Fuenzalida, ex coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda en el gobierno anterior.
El Presidente también está facultado para nombrar 750 autoridades políticas, como ministros, subsecretarios, gobernadores, seremis, entre otros. De hecho, el pasado martes 23 nombró a las primeras 23 de dichas autoridades, al elegir a su gabinete.
Esas designaciones son personas de absoluta confianza, que no tienen que pasar por ningún proceso de selección o concurso público.
Pero quienes sí deben concursar son 1089 cargos adscritos al sistema ADP, que son autoridades de primera y segunda línea, como directores regionales, de servicios, de división, entre otros.
Antes de la ley, el Presidente podía remover a cualquiera de ellos y poner en el puesto a un directivo transitorio y temporal (TyP), mientras se realizaba el concurso público. Pero ello fue suprimido en la legislación actual, ya que asume el segundo a cargo mientras se realiza un nuevo concurso.
En caso de remover a alguno de esos directivos se le deberá indemnizar por los años de servicio, con un tope de seis años, siempre que se les haya pedido la renuncia y no hayan tenido sanción penal o administrativa. En caso de vencerse el plazo de su nombramiento no se realiza pago alguno.
La capacidad de ADP para realizar concursos oscila entre 350 y 420 al año, y la demora promedio es de tres meses.
María Jaraquemada: “Con las reformas a ADP se busca avanzar en más mérito”
“Con las reformas a ADP se busca avanzar en más mérito y estabilidad de ciertas autoridades y funcionarios, combinado con la confianza en dichos cargos, particularmente los de servicios más técnicos”, sostiene a este diario María Jaraquemada, directora de Incidencia de la fundación Espacio Público.
La profesional explica que al eliminarse los PyT (provisionales y transitorios), si se le pide la renuncia a alguien del primer nivel jerárquico del sistema de ADP, debe volver a proveerse por el sistema y en el intertanto lo reemplaza el subrogante legal o el ADP de 2° nivel, por lo tanto hay menos discrecionalidad ya que no puede reemplazarlo el Presidente por la persona que decida (P&T), que luego normalmente ganaba el concurso.
Asimismo, el Presidente saliente no puede abrir concursos en los últimos 8 meses de su gobierno, salvo con autorización de 4/5 del Consejo de ADP.
“A los cargos de segundo nivel jerárquico del sistema de ADP se les puede desvincular durante los 6 primeros meses de gobierno, con comunicación fundada a ADP que puede llamar a la autoridad para que de mayores explicaciones del motivo”, sostiene Jaraquemada.