Publicado el 2 mayo, 2021

Personas con discapacidad, otras víctimas de la emergencia: 8 mil perdieron su trabajo

Autor:

Daniela Bas

De los 32.334 contratos laborales alcanzados con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral en abril de 2018, un 34,7% de ellos terminaron. En conversación con El Líbero, Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, una de las impulsoras de la ley, da a conocer las principales barreras que tienen las personas con discapacidad para ingresar al mercado laboral y sus propuestas para mejorar la normativa.

Autor:

Daniela Bas

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En abril se cumplieron tres años de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral que exige la contratación de personas con discapacidad en el sector público y privado. La cuota mínima de 1% establecida por la ley se alcanzó, llegando a más de 32 mil personas con algún tipo de discapacidad contratadas, según la Dirección del Trabajo (DT). Sin embargo, sus impulsores aseguran que se requiere un esfuerzo mayor, ya que la pandemia afectó el proceso de consolidación y perjudicó a miles de personas que fueron desvinculadas de sus empresas.

Antes del 1 de abril del 2018, cuando se promulgó la Ley 21.015 o Ley de Inclusión Laboral, las personas con discapacidad que habían sido contratadas se calculaban en 14 mil, cifra que fue aumentando gracias al porcentaje mínimo exigido, llegando a 32.344 relaciones laborales totales en marzo de este año. De este número, un 44,2% se había iniciado antes de que esta normativa entrara en vigor, mientras que el 55,7% de los convenios fueron celebrados a partir de que comenzó a regir.

“Esto refleja el impulso que le ha dado esta normativa a la contratación de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto”, destaca Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, uno de los actores fundamentales para sacarla adelante.

Sin embargo, del total de contratos registrados desde antes de la ley, el 34,7% (11.206) ha terminado y 8.063 despidos fueron principalmente por los efectos de la pandemia en la economía nacional. Actualmente son 21.128 las personas con discapacidad que tienen un contrato vigente, por lo que más que nunca, la Fundación Descúbreme busca entregar sus recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones.

Rubia explica que actualmente hay en Chile un universo de alrededor de 2,7 millones de personas con alguna discapacidad, pero no hay claridad de la cantidad de personas que está habilitada para entrar al mercado laboral. De acuerdo con sus investigaciones y las cifras que maneja el Servicio Nacional de Discapacidad, hay “un 63,9% de ese universo que no han podido acceder al mundo laboral”, aunque lamenta que “son pocas las cifras que tenemos”. Entre quienes están contratados actualmente un 53% son hombres y un 37% mujeres.

Barreras para entrar al sector público

Entre un 95% y 98% de las personas con discapacidad actualmente contratadas están en el sector privado debido a las restricciones normativas que tiene el Gobierno y el sector público en materia de educación. Según la directora de la Fundación Descúbreme “para poder trabajar en el estamento público tienes que tener cuarto medio rendido, en algunos casos, o mínimo octavo básico y las personas con discapacidad en su gran mayoría no tuvieron escolaridad regular”.

Rubia señala que hasta marzo de 2017, cuando se regularizó la situación, las personas con discapacidad asistían a escuelas especiales que no reconocían octavo básico ni cuarto medio rendido. “Eso dejó atrás a varias generaciones complicadas que tienen problemas para entrar al estamento público”, afirma.

Para la directora de la fundación, esta es la principal barrera que tienen para entrar al mercado laboral y la política pública más urgente que debe implementarse. “Habría que partir por lo esencial que es reforzar la educación, capacitar y darle herramientas a las personas con discapacidad que vienen en desventaja con respecto a otros candidatos”, dice.

Una de sus propuestas tiene que ver con facilitar las certificaciones que obtienen las personas con discapacidad en Chile Valora para nivelarse con respecto a los otros candidatos. De acuerdo con Rubia, un curso de capacitación tiene un costo de $150 mil pesos por lo que “facilitar ese tipo de certificaciones sería una muy buena política pública” y agrega: “No es un subsidio directo, pero sí uno que ellos mismos recibirán para poder participar, estudiar y presentarse a un trabajo”.

Por el contrario, no está de acuerdo con los subsidios a las empresas para incentivar la contratación de personas con discapacidad como existe, por ejemplo, con jóvenes o mujeres. Según Rubia “se conversó un subsidio cuando se creó la ley y preferimos que no hubiera. Queremos que se reconozcan por sus habilidades, no porque la empresa va a recibir un beneficio por contratarlo”, sostiene.

De hecho, asegura que hay empresas en Chile, principalmente multinacionales, que se han puesto como meta cumplir el 1% de contratación y aumentarlo incluso a un 2% o 3% como parte de su misión y que el resto está haciendo las adaptaciones necesarias para poder contratar personas con discapacidad. Explica que se puso una cuota razonable para que fuera factible cumplirla, ya que dice que “no tenemos registro en el mundo de algún país que haya cumplido su cuota”, debido a las altas exigencias que establecían en sus leyes. Aunque, de todas formas, establecen como principal desafío “considerar un aumento en la cuota establecida para seguir impulsando la participación de personas con discapacidad en el mundo del trabajo” en los siguientes tres años de vigencia de la Ley de Inclusión.

Propuestas para mejorar la ley a tres años de su entrada en vigencia

Rubia asegura que como Fundación Descúbreme tienen entre sus propuestas principales fortalecer el sistema de fiscalización, aunque pueda tener una connotación negativa por las multas, pero explica que “permite tomar medidas”. Actualmente la DT visita o contacta al azar a las empresas para que les informen su situación actual en relación a la ley de cuotas, sistema que, según Rubia “solo logra fiscalizar una muestra debido a la gran cantidad”.

Los organismos del Estado o las empresas sobre 100 trabajadores pueden cumplir con la normativa de tres maneras. La primera es contratando al menos 1% de personas con discapacidad, pero si esa cuota no se cumple, la empresa debe hacer una donación en alguna organización que esté aprobada por la Ley 21.015. La tercera opción es que la empresa subcontrate a otra que sí sea inclusiva y así cumpla con la cuota mínima.

A su vez, Rubia mantiene que es clave “entregar herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles”, ya que uno de los desafíos que se vendrán para adelante es que las personas se mantengan en la empresa y tengan posibilidades de crecer en ella.

Además, “fortalecer las políticas públicas orientadas a capacitar a personas con discapacidad” y en este punto agrega “la importancia de reformular el estatuto administrativo del sector público que está al debe, no porque no quieran, sino por las barreras”. “Hay que adaptarlo y hacerlo flexible para que diferentes perfiles puedan postular a cargos en el Estado donde hay muchas vacantes”, sostiene.

Todas las propuestas de la Fundación Descúbreme se enmarcan en el contexto del Artículo 4 de la normativa, que establece que durante el tercer año desde su entrada en vigencia, “los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Hacienda deberán evaluar conjuntamente la implementación y aplicación de la ley en el sector público y privado“, lo que debería suceder próximamente, de acuerdo con Carola Rubio.

En concreto, esta evaluación deberá abordar el impacto de la cuota establecida y argumentos sobre la mantención o aumento de ésta, los efectos de la normativa en las empresas según tamaño y tipo de actividad productiva y una revisión de la aplicación y resultados de las medidas alternativas de cumplimiento, formulando mejoras cuando sea necesario.

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