La compleja situación del gobierno y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego que se anunciara una formalización en su contra por el supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos en el contexto del estallido de 2019, fue uno de los temas que abordaron el ex diputado Pepe Auth y el ex ministro Jaime Bellolio en la más reciente edición del podcast de El Líbero, Política para Adultos.

«Lo que está intentando hacer la fiscal Ximena Chong es ver cuánta agua hay en la piscina para ver si pueden seguir adelante con las otras causas. Lo que está tratando de testear es si acaso, en la operación, puede llegar a una investigación sobre responsabilidad del cargo y no una responsabilidad directa como son las investigaciones penales», sostuvo Bellolio.

Auth, en tanto, fue más allá: «Si prospera la acusación contra Yáñez, vienen los siguientes, y el Presidente Piñera está en la fila».

Auth: El «conflicto existencial» del Presidente Boric ante la acusación de Yáñez

En criterio de Auth, el Presidente y su gobierno están «en un conflicto existencial» con relación a la formalización del general Yáñez.

«Es evidentemente contraintuitivo acusar o juzgar al director general de Carabineros en un momento en el que la tasa de respaldo a Carabineros es más alta y la demanda de orden es más alta que nunca. El hecho es que el Presidente sabe que tiene que respaldar a Carabineros, sin embargo, tiene a parte importante de su coalición a la que le basta una acusación. Hay algunos que desean fervientemente el regreso de octubre, y se adelantan entonces a pedir la salida de Yáñez, pero octubre ya se fue, ese es el problema», señaló el ex diputado.

Para Auth, La Moneda entró en una posición muy complicada tras la petición de formalización de la fiscal Chong. «Como la demanda de orden es máxima, el gobierno se queda sin conducta posible. Esta situación deja al gobierno en una situación de parálisis», sostuvo.

Bellolio: «Cada vez que tratan de salir de octubre, les vuelve a aparecer octubre»

El ex ministro Bellolio coinció con Auth. «Para el gobierno obviamente es muy incómodo, porque por un lado ellos fueron los que levantaron ese tema, hicieron de todo, denostaron a Carabineros de manera sistemática, abusaron de la confianza de Carabineros, y sin embargo hoy día se le filtra al Presidente que el mismo abogado defensor dice: ‘el Presidente Boric llamó a mi general y dio el apoyo'», dijo.

«Cada vez que tratan de salir de octubre, les vuelve a aparecer octubre, y en este caso, quien se los hace aparecer es una amiga de octubre, como la fiscal Ximena Chong. Al gobierno le hubiera encantado que no hubiera hecho este anuncio de formalización de Yáñez», agregó.

“Esas reuniones en la casa de Zalaquett debieron haber sido declaradas»

Las implicaciones de las reuniones de algunos ministros en la casa del ex alcalde Pablo Zalaquett, que no quedaron registradas por la Ley de Lobby, también fueron abordadas en el podcast.

“No hay dos opiniones en el mundo de las transparencias respecto a que esas reuniones en la casa de Zalaquett debieron haber sido declaras. Lo que pasa es que el gobierno es culposo, entonces le duele y algo le ocurre en su estructura declarar que se juntó con empresarios. Se sienten en pecado y siempre es difícil confesar los pecados», aseveró Auth, para quien es clave que estas conversaciones se den en espacios institucionales.

El ex diputado ahondó en lo que probablemente pasó en la interna de el gobierno. «Ellos se enfrentaban a la disyuntiva de declararlo y entonces confesar que están haciendo lo que consideraban nefasto y que es absolutamente imprescindible en la política, que es, cuando vas a emprender una iniciativa, conversar con los actores eventuales beneficiados y perjudicados por ella, interactuar, lo que no significa que vayas a hacer necesariamente lo que te planteen, pero el diálogo es imprescindible», dijo.

Bellolio también se refirió al respecto: «El gobierno es culposo en general en su forma de hacer política. Ellos tienen esa lógica culposa que otros no tienen. Lobby es una palabra que ha sido demonizada precisamente por quienes hoy día no gobiernan. Entonces, si es que tú supones que solo por el hecho de juntarte con alguien que está siendo afectado por tu legislación compra tu conciencia y compra tu voto, tenemos un problema de argumentos». 

«Ellos se manifestaban completamente ajenos a cualquier tipo de contacto que significara que les pudieran decir ‘ah, tú votaste a favor de lo que a ellos les interesaba, por tanto, te compraron’. Ellos no pueden entender que haya gente que no sea comprada», agregó.

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4 Comments

  1. Formalización de general Yáñez
    El mundo al revés. El general Ricardo Yáñez está siendo procesado por supuestos delitos cometidos en cumplimiento de su función policial al hacer uso de la violencia física legítima del Estado a fin de mantener la seguridad y el orden publico durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 —que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Sebastián Piñera— mientras se premia con indultos y con pensiones de gracia a los delincuentes que, aplicando una violencia física ilegítima superlativa (en más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público) incendiaron el Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saquearon supermercados; destruyeron innumerables bienes públicos y privados; y atacaron al personal de Carabineros con diversos elementos (contundentes, incendiarios —bombas Molotov—, hondas cargadas con bolitas de acero de rodamientos que causaban lesiones oculares; 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos con daños estructurales).
    Lo que sí podría reprochársele al general Yáñez y a su antecesor, el general Mario Rozas, es la responsabilidad que les cupo en la violación de los derechos humanos del personal bajo su mando al prohibirles el uso de sus armas de fuego; razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados: 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.
    El general Rozas, junto con ufanarse porque los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego —lo que a mi juicio es motivo de vergüenza— declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su función policial, produjere bajas mortales.
    Adolfo Paúl Latorre
    Abogado
    Magíster en ciencia política

  2. Complemento el comentario precedente con la explicación de dos conceptos íntimamente relacionados con el tema del control del orden público y que son mal entendidos por una gran parte de políticos, académicos, periodistas e, incluso, policías. Me refiero a los conceptos de disuasión y de uso proporcional de la fuerza.

    Disuasión
    La disuasión es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.
    Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas; no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de espantajos, de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.
    Si quienes están dispuestos a cometer graves atentados saben que los policías o los militares tienen prohibido usar sus armas letales o que no se van a atrever a emplearlas —ya sea por impedimento legal o porque si lo hicieren serían defenestrados o condenados a severas penas de presidio por «abuso de la fuerza» o por «violar los derechos humanos»— tienen la seguridad de que podrán actuar impunemente y no solo van a cometerlos, sino que se van a burlar de ellos.

    Uso proporcional de la fuerza
    La «proporcionalidad» en el uso de la fuerza no significa igualdad: que si un delincuente agrede con piedras, con un arma blanca o con una bomba Molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos.
    La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
    La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
    La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, ella debe ser superior a la de los delincuentes.

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