Publicado el 08 de agosto, 2020

Oposición comunal al alcalde de Independencia acude a Contraloría por licitación de luminarias

Autor:

Sebastián Edwards

Falta de diversidad de oferentes, costo considerablemente superior en comparación a comunas que cuentan con más luminarias, despilfarro de recursos públicos sin contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Estas son parte de una serie de supuestas irregularidades que el abogado Juan Carlos Gazmuri y un grupo de concejales de Chile Vamos detectaron en la comuna de Independencia.

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Sebastián Edwards

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El pasado miércoles 29 de julio, un grupo de concejales de Chile Vamos, liderados por el abogado Juan Carlos Gazmuri, interpusieron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra del alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), por posibles irregularidades en las licitaciones de luminarias que realizó el municipio.

Este caso tiene como antecedente lo que ocurrió en las comunas de Providencia y Recoleta. Los alcaldes Evelyn Matthei y Daniel Jadue, también siguieron el mismo paso al interponer una denuncia en sus respectivos municipios. La oposición comunal encabezada por Gazmuri, en conjunto con los concejales Sandra Álvarez (RN), Ivan Brockway (UDI)  y el ex concejal Rodrigo Barco, decidió realizar este requerimiento luego de una investigación que concluyó que habrían existido irregularidades y despilfarro de recursos municipales en el proceso de licitación.

De acuerdo a lo expuesto por este grupo, el edil de Independencia habría realizado licitaciones para el cambio de alumbrado público y luminarias a 10 años plazos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda, comprometiendo al municipio por más de 4.600 millones de pesos y contraviniendo lo dispuesto en la ley Nº 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.

Sobre este punto, Gazmuri afirma que “los vecinos de Independencia están pagando los costos de una pésima licitación que despilfarró recursos que son de todos. El municipio está pagando más de $5.300 mensuales por la mantención de cada punto lumínico. Esto es altísimo, y es más de cuatro veces el costo que pagan otras comunas. A modo de ejemplo, comunas como Peñalolén o Providencia pagan montos que oscilan entre los $1.200 y $1.300 pesos mensuales por el mismo concepto”.

Tanto Gazmuri como los concejales llegaron a establecer una serie de comparaciones en las que se evidenciaban una serie de irregularidades. Por ejemplo, los valores de mantención de cada punto lumínico en la comuna equivalen a $5.312  Este monto llega a ser muy alto, comparado con los valores de mantención por punto de otras licitaciones, ya que este es cerca de 4 veces el costo de mantención mensual unitario de las comunas de Peñalolén ($1.256) y Providencia (que oscila entre los $900 y $1.300).

En la primera etapa de este proceso, se asignó un monto de apenas 16 millones de pesos totales para 4 meses de instalación. Según consigna Gazmuri, “este monto, en opinión de muchos técnicos, es evidentemente inferior al requerido para instalar tal cantidad. Por esto, lo que pareciera ocurrir es que dentro de los montos de mantención se están incluyendo los costos de instalación de las luminarias”.

En esa línea, agrega que “esta distorsión de los precios en las bases de licitación actúa como una barrera de entrada para eventuales oferentes con menor capacidad de endeudamiento, que no pueden costear el valor total de las 7.361 luminarias para luego recuperarlo con los pagos de mantención durante los 10 años siguientes. A su vez, la distorsión en los valores nos impide ver cuánto es lo que realmente se gastó en la instalación de las luminarias vs lo que se gastó en mantención”.

En base a esto, se fueron dando cuenta de otras posibles irregularidades. Tras la adjudicación del contrato, el municipio amplió el contrato a su máximo legal. El monto de la ampliación corresponde a $ 1.391.784.645. Esto, para 4 proyectos de la comuna: 2 obras, mantenimiento adicional, y un servicio en una parroquia. “Este monto de aumento es considerablemente grande, por lo que debiera haberse aplicado una nueva licitación. Si bien dentro de las bases está contemplado un aumento como el observado, la práctica de transparencia indicaría lo contrario”, señalan desde la oposición comunal.

Otra falta a la norma que se evidencia es la estipulada en la Ley 20.128, la que sostiene que “una municipalidad requiere permiso de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes y de determinados servicios”.

Sobre este punto, Gazmuri afirma que “por transparencia hemos solicitado esta información tanto al Ministerio de Hacienda como al municipio y nos hemos percatado que no ha habido una autorización del Ministerio de Hacienda para llevar adelante esta adjudicación del contrato, la que es requerida por la ley de responsabilidad fiscal”.

El abogado, en conjunto con los concejales, se percataron de una serie de aspectos administrativos que catalogaron como “sospechosos”.

-Tiempos de muestra escasos: no existe tiempo adecuado desde la publicación de la licitación y el plazo máximo de recepción de muestra de prueba. Ésta consiste en llevar, en palabras simples, una luminaria de muestra al municipio, para que ahí le hagan distintas pruebas. Por lo general, este tipo de luminarias se debe importar, para lo cual no alcanzan los 27 días entregados por las bases. Esto implica que el posible oferente debía tener luminarias en su poder en Chile al momento de la publicación de la oferta, lo que deriva en un impedimento a la competencia.

Tiempos de inicio de obras escasos: adicional al punto anterior, las bases exigen que el oferente que se adjudique la licitación debe comenzar a cambiar las luminarias en enero próximo al cierre. Esto significa otra traba para oferentes que no tengan stock en el minuto de la oferta, ya que en caso contrario requiere de cotización, compra e importación de luminarias, todo en un plazo de 1 a 3 meses.

En cuanto a los aspectos sospechosos de carácter técnico, hay uno que, de acuerdo a lo indicado por la oposición comunal, también contemplaría una falta a la norma. Las bases contemplan la exigencia de cierto tipo de equipamiento (por ejemplo, cierto tipo de vehículos con uso exclusivo para la comuna de Independencia), lo cual es, según Gazmuri, “ineficiente en este contexto, ya que lo que debería establecer la base es el aseguramiento de un objetivo definido. A su vez, estos requisitos pueden considerarse como limitación a la competencia, ya que exige a la compañía contar con cierto tipo de implementos exclusivamente para la comuna. De forma similar, se exige demostrar que luminarias tengan vida útil de al menos 50.000 horas”.

Por otro lado, se exige que el oferente cuente con una base de operaciones (con capacidad para estacionamiento de la infraestructura, bodega para materiales y oficinas) en la comuna o en alguna de las comunas aledañas, entregando un beneficio de entrada para empresas que ya trabajan en el sector.

El abogado sostiene que “los precios y el costo que se terminó pagando es muy alto, por sobre los municipios que uno mira de la Región Metropolitana como ejercicio de comparación. Para tener una idea, Independencia está pagando 5.300 pesos mensuales de mantención. Mucho más que otras comunas, Peñalolén está pagando 900, Providencia 1.200″.

Asimismo, subraya que “si es que lo que estamos investigando es así y hay un despilfarro de recursos públicos, afecta un montón, porque es plata que se puede haber usado en muchísimas otras iniciativas, muchísimos otros servicios de atención a los vecinos. Y eso es lo que nos preocupa”.

Esperamos que la Contraloría pueda esclarecer lo mayor posible. Ojalá el municipio pueda dar las explicaciones correspondientes para poder visibilizar este tema. Hoy día Independencia es un municipio que no le sobran los recursos, es una comuna que tiene desafíos gigantes por delante”, apunta Gazmuri.

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