Publicado el 12 mayo, 2021

“No es prioridad”, atentados en Arauco aumentan, pero autoridades no ven “voluntad” en la Fiscalía

Autor:

Francisca Escalona

“La situación de seguridad pública que se presenta en la Provincia de Arauco no es actualmente una prioridad para la Fiscalía Regional y eso se traduce en la falta de recursos”, denuncia el coordinador de la macrozona sur en Concepción, Roberto Coloma.

Autor:

Francisca Escalona

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Los delitos de violencia rural en la Provincia de Arauco están desatados. Las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Tirúa que forman parte de esta localidad en la Región del Biobío sufren constantemente ataques incendiarios y atentados, pero de acuerdo con el coordinador de la macrozona sur delegado para Concepción, Roberto Coloma: La situación de seguridad pública que se presenta en la Provincia de Arauco no es actualmente una prioridad para la Fiscalía Regional y eso se traduce en la falta de recursos tanto humanos como materiales para avanzar en las investigaciones penales relativas a los hechos de violencia que ocurren”.

De acuerdo con el balance realizado por la Multigremial de La Araucanía en toda la macrozona sur, desde el 1 de enero de este año hasta el 15 de abril, son precisamente las comunas de Tirúa y Cañete en las que han ocurrido más ataques. Se trata de los sectores en los que se conoce que operan “organizaciones ilícitas” como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche y Resistencia Mapuche Lafquenche.

Pese a este escenario, el coordinador de la macrozona sur para Concepción, acusa falta de recursos para que la Fiscalía pueda cumplir su función de forma correcta. Si bien en la Provincia Arauco existe un fiscal con dedicación exclusiva para este tipo de delitos, el fiscal especial Juan Yáñez, el coordinador explica que “en la realidad y en la práctica trabaja prácticamente solo, sin mayor apoyo de recursos humanos y materiales para poder desarrollar su gestión. Eso dificulta y demora la tramitación de las causas y el avance en las investigaciones de estos delitos”.

Esto se refleja en que entre 2017 y principios de 2020 hubo más de 2.000 causas de las cuales solo 2 han llegado a una resolución, mientras que 200 siguen en curso y 1.800 están archivadas en la macrozona sur.

Coloma sostiene que por esto es importante que la Fiscalía Regional “tome cartas en el asunto” y transforme la situación de seguridad pública de la Provincia de Arauco en una prioridad en su gestión, asignando una mayor cantidad de recursos para la zona.

La situación de seguridad pública que se presenta en la Provincia de Arauco no es actualmente una prioridad para la Fiscalía Regional”, aseguró Roberto Coloma.

“Es evidente que existe una desproporción entre la gravedad de la situación que se vive en Arauco y los recursos designados por la Fiscalía Regional para las investigaciones de esos mismos hechos”, recalca el delegado.

En los primeros 105 días de 2021 se registran 105 casos de violencia rural en la macrozona sur, de acuerdo con el reporte de la Multigremial de la Araucanía. Esto sin considerar las usurpaciones que suman otros 134 hechos durante el 2021, cuando en el mismo período de 2020 hubo solo 17.

Considerando solo los atentados contabilizados por la Multigremial en la Provincia de Arauco hasta el 15 de abril de 2021, se encuentra que en Tirúa hubo 20 ataques; 16 en Cañete; 4 en Contulmo; y 2 en la comuna de Arauco. De este modo solo en esa provincia del Biobío se contabilizan 42 ataques en el lapso analizado.

El silencio del Fiscal Nacional

Andrés Cruz Carrasco, que formó parte del Ministerio Público como Asistente de Fiscal, Fiscal Adjunto y Fiscal Jefe en Talcahuano, en la región del Biobío por 10 años, concuerda con el coordinador de la macrozona sur y añade que es “indispensable que exista una mayor cantidad de recursos para abordar los delitos cometidos en la zona de Arauco con policía especializada, debidamente apoyada, y obviamente que un solo fiscal es absolutamente insuficiente para llevar a cabo este tipo de pesquisas”.

El también profesor de la Universidad de Concepción representa a 72 víctimas con querellas por delitos de lesa humanidad, es decir, “por una figura de traslado forzoso atendida la ausencia total del Estado para brindarles protección”, en sectores de la ribera del Lago Lanalhuepor, zonas del lago Lleu Lleu -como Puerto Choque-, y también en Quidico; por lo cual, dice, se debe mejorar la “voluntad” para jerarquizar la distribución de recursos.

El exfiscal advierte que existe un problema de “sensibilidad” que implica que se coordinen adecuadamente las fiscalías regionales de La Araucanía y Arauco para tratar de evitar que se produzcan estas situaciones, que, subraya, “obviamente constituyen paradojas que para muchos son inexplicables”, sobre todo considerando las características de los crímenes. 

Por ejemplo, del total de delitos considerados por la Multigremial en la macrozona sur los atentados incendiarios llegan a 69 que si se comparan con los 29 a igual fecha de 2020 representan un aumento de 137%. A esto le siguen los atentados con armas de fuego que suman 23, en este caso también hubo un incremento con respecto al mismo período de 2020 cuando hubo 4 (475% de aumento). Los delitos se concentran principalmente en las comunas de Tirúa y Cañete de la Región del Biobío; y en Ercilla, Carahue, Collipulli, Victoria y Lautaro, de la Región de la Araucanía.

Cruz Carrasco apunta a la necesidad de una restructuración del Ministerio Público a nivel de Constitución y de Ley Orgánica Constitucional, para avanzar en cómo poder prevenir e investigar este tipo de delitos cometidos en zonas rurales. Para ello sostiene que se requiere tomar en cuenta que las “organizaciones ya tienen un carácter paramilitar” y tener mayor disposición del Ministerio Público y la autoridad política. 

No obstante, el diputado de Renovación Nacional por la región de La Araucanía, Miguel Mellado, acusa que en una reunión presidida por el senador Felipe Kast (Evópoli), en la que participó el Fiscal Nacional Jorge Abbott,  se le informó que “los recursos para la fiscalía eran escasos y que Carabineros, PDI, había doblado su elementos humanos y recursos financieros, pero que la fiscalía permanecía igual. El fiscal Abbott no se pronunció nada, no dijo absolutamente nada, de nada“. 

“Parece que el fiscal Abbott no tiene la vista más allá de la Región Metropolitana y no ve lo que sucede en el resto del país que es súper peligroso. No tiene la empatía de colocarse en el lugar de la gente que sufre”, profundiza Mellado. 

En tanto, el legislador asevera que los fiscales terminan por cerrar las causas porque “es la única manera en que los puedan medir y les puedan pagar sus PMGE -pensión mínima garantizada por el Estado- porque de forma contraria no podrían terminar su trabajo que va mucho más allá de lo que solo el recurso humano puede hacer”.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, destaca que este es un tema gravísimo, que “cuesta vida de personas”. Ejemplifica que el día jueves 6 de mayo, un total de 20 camiones resultaron quemados, luego que de encapuchados atacaran en cinco puntos distintos y de manera simultánea,obviamente que requiere una dedicación especial y una coordinación entre todas las instancias del Estado para ser realmente eficaz, porque sino es imposible que la legalidad y la institucionalidad normal opere”. 

“Parece que el fiscal Abbott no tiene la vista más allá de la Región Metropolitana y no ve lo que sucede en el resto del país que es súper peligroso. No tiene la empatía de colocarse en el lugar de la gente que sufre”, señala el diputado Miguel Mellado.

El presidente de la organización indica que en pocas ocasiones existe una sentencia ejecutoriada, “nunca la fiscalía, salvo rarísimas excepciones, llega a resultado, falta jerarquización y faltan recursos, tanto en fiscalía, como en policías. La pobreza de la policía y del Estado respecto a estas bandas es completa porque tampoco tenemos los fiscales suficientes entonces no hay una dotación de recursos que sea concordante con el nivel de problema que hay”, agrega.

Tramitación dificultosa

La falta de recursos en la fiscalía no es un problema simple. Un fiscal con menos recursos económicos y humanos ve entorpecida la tramitación de las causas, la investigación de los acontecimientos y el proceso de judicialización.

De esta forma, hay muchas causas que, en general, terminan con la decisión, por ejemplo, de no perseverar, lo que según describe el abogado querellante en el caso Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, “también tiene que ver con una praxis general del sistema. Es muy difícil recabar prueba y los estándares probatorios son, por cierto, altos. Entonces, es una cuestión que requiere en definitiva tener en vista todos esos antecedentes al momento de hacer un juicio”.

El abogado apunta a que junto con las dificultades en la investigación, la baja penalidad de los delitos es otro problema al momento de judicializar los ilícitos. “La usurpación tiene una penalidad muy baja en Chile, las amenazas tienen una pena muy baja, los daños calificados también. Estos estándares suben cuando son causas por incendio u otros”, ejemplifica.

En todo el desarrollo del conflicto hay una apatía, falta de energía, falta de liderazgo para enfrentarlo de la fiscalía y también de los gobiernos respectivos”, recalca Santibáñez.

Sin embargo, en causas por incendio ocurridas en el contexto del conflicto indígena, dice Tenorio, la judicialización y los resultados también son escasos. “Recuerdo solamente las condenas del caso Luchsinger-Mackay en el caso de incendios de casas de habitación. No es necesario ser una persona muy conocedora del tema para darse cuenta que en la macrozona se han quemado centenares de casas. Claramente ahí hay un fenómeno que está ocurriendo y no está funcionando bien“, señala.

Sobre esto el Presidente de la Multigremial de la Araucanía enfatiza en que este fenómeno ha crecido porque no tiene oposición por parte de la fiscalía ni las policías, “principalmente no han cumplido un rol efectivo y el problema es cada vez más grave y costoso, difícil de trabajar”. Eso lleva a que la situación en la Provincia de Arauco “nada se puede hacer normalmente ahí, ni el trabajo del fiscal. En todo caso en el desarrollo del conflicto hay una apatía, falta de energía, falta de liderazgo para enfrentarlo de la fiscalía y también de los gobiernos respectivos”, recalca. 

Conspiración para postular al cargo

El pasado 4 de mayo, el exfiscal Carlos Gajardo alertó a través de su cuenta de Twitter que para el cargo de Fiscal Regional de la Araucanía existían sólo 4 postulantes –Roberto Garrido, César Schibar, Diego Bizama y Sergio Arévalo– los que serán escuchados por la Corte de Temuco a través de una audiencia agendada vía zoom para el día de hoy. Posteriormente, la corte elegirá la terna para ser electo por el Fiscal Nacional.

El exfiscal Andrés Cruz Carrasco afirma que existe una desmotivación para postular al cargo debido a un problema multifactorial. Primero, “se trata de una zona en que obviamente hay un conflicto de tal magnitud que la carga que significa el ejercicio de un puesto de estas características muchas veces no justifica todo el esfuerzo”. A lo que se suma “toda la carga emocional y laboral. Eso conspira a los efectos de que otros fiscales que tengan experiencia se postulen y asuman el desafío”.

En segundo lugar, dice, los interesados tienen que tomar en consideración que implica “un corte en la carrera del fiscal” porque el cargo tiene una extensión de ocho años y con posterioridad “a no ser que entre dentro del círculo de los amiguismos y de los compadrazgos, es muy difícil que pueda ser reelegido para un período más y él tiene que dejar el Ministerio Público”.

De esta forma no existe un mecanismo que permita al sujeto volver a otro cargo al interior de la misma institución, lo que según describe el académico “conspira a los efectos de que los distintos individuos que puedan tener algún grado de experiencia se postulen”.

En tercer lugar se trata de un cargo que tiene un cariz bastante complejo en su elección, ya que para poder ser elegidos tienen que “llegar a mantener vinculaciones con ministros de Corte de Apelaciones, que son finalmente quienes determinan la elección de la terna, y además tienen que poseer algún tipo de vinculación política“.

Concluye Cruz Carrasco que esto dificulta a los fiscales que no están dispuestos o no tienen estos vínculos que “eventualmente puede atentar en contra de su trabajo futuro por tener que devolver favores”. 

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

APOYA AL LÍBERO

A diferencia de muchos medios de comunicación en EL LÍBERO hemos mantenido nuestra web y noticias sin costos para todos. Creemos que hoy, más que nunca, es necesario que la mirada de EL LÍBERO llegue a más personas y cubra más contenido.

Si quieres ayudarnos a lo anterior hazte miembro, hoy mismo, a la Red Líbero, por 1 U.F. mensual (o 0,5 U.F. para los menores de 40 años) con lo que estarás realizando un aporte fundamental para que podamos ampliar nuestra labor.

HAZTE MIEMBRO

También te puede interesar:

Cerrar mensaje

APOYA AL LÍBERO

A diferencia de muchos medios de comunicación en EL LÍBERO hemos mantenido nuestra web y noticias sin costos para todos. Creemos que hoy, más que nunca, es necesario que la mirada de EL LÍBERO llegue a más personas y cubra más contenido.

Si quieres ayudarnos a lo anterior hazte miembro, hoy mismo, a la Red Líbero, por 1 U.F. mensual (o 0,5 U.F. para los menores de 40 años) con lo que estarás realizando un aporte fundamental para que podamos ampliar nuestra labor.

HAZTE MIEMBRO