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Publicado el 27 de abril, 2019

Nelson Hadad: “Chile debería declarar persona non grata al embajador de Venezuela”

Autor:

Emily Avendaño

El ex diplomático plantea las distintas acciones que a nivel internacional pueden darse para presionar el término del régimen chavista… y comienza por casa. “Todos sabemos que la Embajada de Venezuela, en manos del representante de Maduro, maltrata a sus propios compatriotas, entorpeciendo la renovación de sus pasaportes”, argumenta. Sugiere que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución que permita una intervención humanitaria y que más países, en particular los del Grupo de Lima, se sumen a la demanda ante la Corte Penal Internacional.

Autor:

Emily Avendaño

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Hoy se realizará en Bogotá una cumbre de embajadores designados por el Presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Al momento de anunciar el encuentro, el canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo dijo que la reunión sería propicia para discutir “las medidas democráticas para reforzar el cerco diplomático en contra del régimen de Nicolás Maduro”.

Nelson Hadad, ex embajador de Chile, abogado y profesor de Derecho Internacional, coincide en que justamente se trata de incrementar la presión internacional, en instancias como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, y de endurecer las sanciones, no solo diplomáticas, sino también comerciales y económicas para forzar la salida del régimen de Venezuela.

Un primer paso, dice, sería declarar personan non grata al actual embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para que la representante diplomática nombrada por Guaidó, Guarequena Gutiérrez, pueda asumir a plenitud sus funciones.

El país petrolero no le resulta ajeno. Ya en 2015 Hadad lo visitó para participar como observador en las elecciones legislativas de diciembre, que tuvieron como resultado la configuración actual de la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo), con predominio opositor.

-El sistema electoral venezolano lleva mucho tiempo cuestionado, por la parcialidad del ente rector -el Consejo Nacional Electoral (CNE)- que luego se demostró en las presidenciales del 20 de mayo de 2018.

-El CNE es un órgano que ha estado controlado permanentemente por el régimen. Primero, bajo el gobierno de Hugo Chávez y, después, con Nicolás Maduro. En esa elección de diciembre de 2015, participé como observador internacional en representación de Chile, invitado por la oposición venezolana. Nosotros recorrimos todos los locales, especialmente en Caracas, los barrios y sectores populares, y ahí nos dimos cuenta que históricamente en esos locales de votación había ganado el chavismo y, en esa oportunidad, la victoria de la oposición fue aplastante. Sacó prácticamente el 75% de los votos y logró la mayoría de la Asamblea Nacional. Por eso decimos que el único órgano legítimo, hoy día en Venezuela, en términos de haber sido elegido democráticamente por el pueblo venezolano es la Asamblea Nacional. Fue la última elección democrática que se realizó. Las posteriores fueron todas cometidas con fraudes electorales.

Con Maduro en el poder va a ser muy difícil convocar a elecciones libres y no un nuevo fraude a los que está acostumbrado”.

-La comunidad internacional insiste en que la salida en Venezuela debe ser electoral. ¿Venezuela está cerca de llegar a unas elecciones o todavía Maduro está con todo el control del poder?

-Con Maduro en el poder, con el control de todos los órganos del Estado, porque es una dictadura, es imposible realizar elecciones libres, democráticas, transparentes. El control lo tiene absolutamente Maduro, por eso es que la convocatoria a elecciones debe tener garantías, supervisión internacional, un cambio en el Consejo Nacional Electoral y, en definitiva, que Maduro esté fuera del poder. Con él en el poder va a ser muy difícil convocar a elecciones libres y no un nuevo fraude a los que está acostumbrado.

-¿En 2015, usted pudo percibir la crisis de alimentos y servicios que ha causado la migración masiva, que reporta la ONU?

-Por supuesto. Nosotros, además de habernos desempeñado como observadores internacionales en las elecciones, tomamos contacto con distintos sectores del país, para poder apreciar el estado real de la situación interna. Fuimos a los supermercados, a comprobar efectivamente que no había alimentos básicos. Fuimos a ver el estado de los hospitales, donde no tienen medicinas, carecen de los remedios más elementales; y evidenciamos la existencia de un mercado negro, con un dólar absolutamente inalcanzable. Ya la crisis, en esa época, era grave. Hoy es ya una emergencia humanitaria, un estado de colapso en lo económico. El pueblo venezolano está en un punto límite, viviendo en el hambre y en la miseria.

 “La Embajada de Venezuela, en manos del representante de Maduro, maltrata a sus propios compatriotas”

-Chile ha sido receptor de muchos de esos migrantes, acá hay una representante diplomática nombrada por Guaidó, y el Gobierno la ha respaldado. Sin embargo, Guarequena Gutiérrez aún no recibe sus credenciales diplomáticas. ¿Qué hace falta para que eso ocurra?

-Hay que reconocer que el gobierno del Presidente Piñera, junto a otros países del Grupo de Lima, han jugado un rol muy importante en el apoyo al pueblo venezolano para la recuperación de la libertad y de su democracia. Chile puede dar un paso más adelante, en el sentido de endurecer las sanciones, porque también eso forma parte del cuadro para avanzar en el término del régimen y de la usurpación. Chile debería declarar persona non grata al embajador de Venezuela –Arévalo Méndez–, que es un funcionario del régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno reconoció la legitimidad de Juan Guaidó, como Presidente interino de Venezuela; y reconoció en esa misma línea a Guarequena Gutiérrez. Aquí hay una situación incongruente desde el punto de vista jurídico porque de acuerdo con la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados, de 1961, no es posible que en un mismo país, en este caso Chile como país receptor, puedan existir dos representantes diplomáticos de otro país. En consecuencia, esto tiene que resolverse: Chile debería declarar persona non grata al embajador de Venezuela para que la representante del Presidente Guaidó pueda asumir en plenitud sus competencias, incluso desde el punto de vista consular y diplomático.

Si se suma (al requerimiento ante la CPI) el resto de países del Grupo de Lima y los 28 países de la Unión Europea, el peso político-jurídico va a influir en la decisión de agilizar este proceso, dar curso al juicio correspondiente y que establezcan las sanciones para aquellos que han cometido estos delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro”.

-Está reconocida por Chile, pero al no ser reconocida por Maduro, quien de facto ostenta el poder, ¿se corre el riesgo de que la Embajada termine siendo un cascarón vacío?

-Para paliar ese problema, hace muy pocos días se dictó un reglamento por parte de la Cancillería y el Ministerio del Interior que permite validar los pasaportes vencidos de los venezolanos que han sido exiliados a Chile, y también validar la vigencia de la cédula de identidad. Eso como un primer paso. Todos sabemos que la Embajada de Venezuela, en manos del representante de Maduro, maltrata a sus propios compatriotas, entorpeciendo y dilatando la renovación de sus pasaportes, de su cédula y demás trámites propios de la vida de las personas.

-El Grupo de Lima ha emitido diversos comunicados, el último, quizás haya sido más fuerte. ¿A usted le parece que han actuado bien o que les falta contundencia en sus acciones?

-El Grupo de Lima ha jugado un rol muy importante, pero creo que hay que ir más adelante. La presión internacional debe ser incrementada para hacer más rápida la salida, y el desmoronamiento del gobierno de Maduro. La transición yo creo que ya comenzó. El ámbito diplomático es muy importante, pero además están las sanciones económicas, comerciales y las sanciones a los jerarcas del régimen, en términos de bloquear sus cuentas corrientes, sus activos y todas las medidas de orden bancario que se pueden implementar. Es muy importante que el Grupo de Lima en su totalidad pueda apoyar la presentación que hicieron en 2018, Chile y otros países, ante la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar delitos de lesa humanidad cometidos por agentes de la dictadura de Maduro. Además, invitar a los países de la Unión Europea para que tomen la misma línea de apoyo al requerimiento ante la CPI.

“Es momento de que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución que permita una intervención humanitaria en Venezuela”

-Desde el punto de vista de la comunidad internacional, también se ve que la ONU continúa validando a los funcionarios de Maduro, pese al último informe de la Alta Comisionada para los DD.HH., Michelle Bachelet.

-Naciones Unidas tiene que jugar un rol muy importante para resolver esta crisis de Venezuela, pero hemos visto a un Secretario General -António Guterres- que todavía no emite una condena al régimen de Nicolás Maduro por la violación sistemática de los derechos humanos de su pueblo. Ello, pese al informe lapidario de la Alta Comisionada de los DD.HH., la ex Presidenta Bachelet, quien confirmó la práctica de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos paramilitares que son financiados y armados por el régimen, torturas, apremios ilegítimos. Todos perpetrados por agentes del Estado. También hay un proceso de criminalización de todos los opositores: cerca de mil opositores están hoy día encarcelados como presos políticos, presos de conciencia. Esto también constituye delito de lesa humanidad. Por eso es importante una acción directa, enérgica, de la CPI para iniciar rápidamente el juicio contra Nicolás Maduro.

No es posible que en un mismo país, en este caso Chile como país receptor, puedan existir dos representantes diplomáticos de otro país. En consecuencia, esto tiene que resolverse: Chile debería declarar persona non grata al embajador de Venezuela para que la representante del Presidente Guaidó pueda asumir en plenitud sus competencias”.

-¿Hay posibilidad de que se apruebe una intervención humanitaria en Venezuela, apelando al principio de la responsabilidad de proteger, o cree que América Latina no aceptaría algo así?

-Las Naciones Unidas tienen una preocupación fundamental, que es la protección universal de los derechos humanos, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo país. Creo que el caso de Venezuela está en línea con esta obligación moral, política y jurídica que tiene Naciones Unidas, para declarar una emergencia humanitaria y asumir la responsabilidad que tiene -como el máximo órgano internacional- de proteger al pueblo venezolano frente a esta catástrofe humanitaria que está viviendo, sin alimentos, sin remedios y, ahora, sin agua y sin electricidad. Esta resolución que obliga al Consejo de Seguridad está contenida justamente en una resolución del año 2005, que es la responsabilidad de proteger. Es momento de que el Consejo de Seguridad, más allá de las diferencias entre sus miembros, apruebe una resolución que permita una intervención humanitaria en Venezuela, conforme a la propia resolución de la Asamblea General. Creo que es un caso que permite jurídicamente implementarla.

-¿Esto podría suceder después de que la Alta Comisionada presente el informe definitivo sobre Venezuela, programado para este período de sesiones?

-No esperamos otra cosa de ese informe que la confirmación del anterior. Ya está demostrada y acreditada la trágica situación, el drama humanitario que vive el pueblo venezolano, y eso ya ha sido informado por la Alta Comisionada. Es una decisión que tiene que tomar propio Secretario General, convocando a la brevedad a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir, analizar el tema y tomar la resolución pertinente.

Todos sabemos que la Embajada de Venezuela, en manos del representante de Maduro, maltrata a sus propios compatriotas, entorpeciendo y dilatando la renovación de sus pasaportes”.

-El problema para eso es que en el Consejo de Seguridad están Rusia y China que son aliados de Maduro.

-El camino responsable sería que estos países se abstuvieran de la votación y eso permitiría su aprobación.

-Volviendo a la denuncia ante la CPI, hemos visto que sus tiempos son lentos. Incluso se dice que el Presidente Piñera irá a La Haya a monitorear esto. ¿Se podría esperar alguna respuesta del tribunal en 2019?

-Si nuevos países se incorporan a este requerimiento, además de los cinco que inicialmente pidieron esta investigación, más Francia. La Corte Penal es un tribunal que tiene competencia para conocer de los requerimientos de los Estados, no de particulares. Tienen que ser los Estados quienes se adhieran y apoyen esta presentación. Si se suma el resto de países del Grupo de Lima y los 28 países de la Unión Europea, el peso político-jurídico va a influir en la decisión de agilizar este proceso, dar curso al juicio correspondiente y que establezcan las sanciones para aquellos que han cometido estos delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro.

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