«Al menos, se puede calificar de oscura», señala la directora de Asuntos Públicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, al referirse a la gestación del texto que aprobó la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que es la base del documento para la Consulta Indígena.
“Conforme a las normas reglamentarias se dio un plazo muy breve desde que se conformara la comisión (no son más allá de 15 días) para aprobar un documento base en el cual se establece algo tan relevante como, por ejemplo, el cómo va a ser el proceso de participación y consulta indígena”, dice en entrevista con El Líbero.
-¿Por qué se refiere como una propuesta “oscura” en su gestación?
-Cuando la califico de esa forma es porque el problema radica en su extensión (150 páginas) y en las complejidades que presenta desde una perspectiva jurídica, de las ciencias sociales, constitucionales, culturales. Entonces, cómo compatibilizar todo lo que está ahí con otros bienes jurídicos, como por ejemplo, el desarrollo sostenible. Un documento complejo que toma aspectos temáticos lo que no se condice con la naturaleza de esta comisión, que es orgánica y destinada a canalizar la participación.
-¿Y ahí está la principal anomalía del texto aprobado?
-Aquí la infracción está en que se generó algo más propio de una comisión temática. Tiene propuestas que no compatibilizan con las reglas del juego. Además, la propuesta no se conoce previamente en un proceso de participación y tampoco se consulta al resto de los convencionales. Es de una indefinición y ambigüedad total.
-Esta comisión, prácticamente, está integrada por miembros de escaños reservados. En este punto, ¿cómo se entiende que la mayoría se abstuvo en la votación? Incluso, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón.
-Detrás de las propuestas del texto hay voluntad de materializar demandas que la mayoría, e incluso Elisa Loncón, han empujado con bastante fuerza sobre la representación de los pueblos originarios. No obstante, no me extrañan sus abstenciones porque este documento tiene como principal dificultad las expectativas que puede generar. Hay que contemplar que si es aprobado en la Consulta Indígena, luego vuelve a la Convención, entonces todo puede pasar. Es un camino largo para su aprobación.
La infracción está en que se generó algo más propio de una comisión temática. Tiene propuestas que no compatibilizan con las reglas del juego».
-Si bien es cierto que el texto, en muchos aspectos, se remonta a lo temático siendo que no debería ser así porque se trata de una comisión orgánica, hay un punto que ha generado bastante debate como es poner fin a las concesiones mineras, ¿por qué?
-Desde lo general hasta lo particular, es una norma que escapa por completo las atribuciones y competencias de esta comisión, ya que está definiendo materias, y no meramente cómo va a funcionar el proceso de participación. Es una propuesta preocupante porque parte de la base que no existe ninguna limitación jurídica del actuar de la Convención. Hoy existen tratados internacionales que protegen la inversión extranjera en nuestro país y esa inversión debe ser respetada por la Convención. También, los derechos de las personas que viven de esas industrias por la cantidad de trabajo que generan en distintas regiones. Son propuestas que se contraponen al ordenamiento jurídico, pero que también atentan contra el sentido común.
–A su vez, se ha cuestionado el fondo de algunas propuestas, sobre todo las relacionadas con la recuperación de tierras. El texto señala que los pueblos o naciones preexistentes que han perdido sus tierras de forma involuntaria tienen derecho a recuperarlas…
-Uno de los contenidos de alta complejidad es justamente la regulación de las tierras indígenas y de generar un estatuto adentro de la Constitución, no obstante, hoy esa materia está regulada en la ley. En tanto, el texto plantea que los pueblos tendrán autonomía política, territorial, fiscal y funcional. ¿Es autonomía en toda la palabra misma o van depender del Estado central para efectos de los subsidios, por ejemplo? Esto produce confusiones conceptuales entre los órganos de la democracia que son representativos y en los órganos que son parte de la institucionalidad democrática.
Son propuestas que se contraponen al ordenamiento jurídico, pero que también atentan contra el sentido común».
-Finalmente, ¿se contempla que el debate se lleve al Pleno?
-En el documento no queda claro que pase por el plenario. Cómo se va a gestar la participación indígena lo debe zanjar el día lunes la comisión orgánica y aún no se sabe si va a pasar por el Pleno o no. Ahora, en mi opinión, no solo debería pasar por el Pleno, sino que además antes de zanjarse los integrantes de las comisiones temáticas deberían tener participación.