Publicado el 14 mayo, 2021

Mutilación a carabineros, incendio mortal, alzamiento armado: los delitos que buscan indultar Yasna Provoste y otros senadores

Autor:

Daniela Bas

La agenda de mínimos comunes subraya la necesidad de un capítulo sobre derechos humanos. La idea generó preocupación entre quienes han evitado el avance del proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social, que se extiende a más de 30 delitos de carácter grave, cuyas penas llegan a las máximas del sistema.

 

Autor:

Daniela Bas

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Las negociaciones entre la oposición para establecer su propuesta final en el marco de los mínimos comunes volvió a traer sobre la mesa el proyecto de indulto (Boletín 13941-17) que ingresaron los senadores Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD) y Alejandro Navarro (PRO) en diciembre del año pasado, debido a la intención de incluir en la agenda un capítulo de derechos humanos.

A pesar de que finalmente se descartó la idea de incorporar los DD.HH. en los diálogos, debido a que, afirmaron, “es un trabajo de más largo plazo”, mientras que los mínimos comunes eran de carácter acotado, ratificaron que de todas formas esas iniciativas serán retomadas en el Congreso, generando preocupación entre quienes han detenido el avance de ellas debido a sus efectos.

Incluso el asunto quedó consignado en la propuesta final entregada al gobierno esta semana: “Existen muchos otros temas y proyectos que el país debe asumir y frente a los cuales se deben tomar decisiones. Se trata de asuntos que nos preocupan de forma permanente y que el gobierno deberá enfrentar en los próximos meses. Nos referimos, entre otros, a derechos humanos”, capítulo que contiene el programa integral de recuperación ocular y el proyecto de indulto, entre otros.

Desde el 5 de marzo, cuando la Comisión de Derechos Humanos redactó el primer informe sobre esta medida de gracia, este se mantiene detenido en el Senado, específicamente en la Comisión de Seguridad Pública. Lo que busca es indultar a quienes cometieron ciertos delitos entre el 7 de octubre de 2019 hasta la presentación del proyecto el 9 de diciembre de 2020. Las alarmas se encendieron cuando se conoció que esta ley indultaría delitos muy graves, cuya penalidad llega en algunos casos a la máxima del sistema y que no tendrían relación con perseguir fines de paz social mediante el perdón del Estado, como es la regla general en los proyectos de indulto.

A su vez, generó interrogantes debido a la inclusión de delitos graves que no se cometieron en las manifestaciones públicas o que es poco probable que así haya ocurrido. Es el mismo proyecto de los senadores opositores el que establece que “se registraron y denunciaron saqueos, desórdenes públicos, incendios, destrucción de mobiliario público y otros ilícitos al sector privado y afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado”, y al mismo tiempo se extiende a otros delitos que no fueron perpetrados en ese contexto.

El homicidio frustrado, contenido en el Art. 391 del Código Penal, es uno de los más graves que se busca incluir en la amnistía, el que es penado con grado máximo a presidio perpetuo cuando se produce con alevosía, por promesa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento o con premeditación y con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.

Los delitos de incendio y quemas, una de las formas de protesta y expresión política más utilizadas en el contexto del estallido social, también se incluyen para ser indultados. Lo que incluiría la afectación de 118 estaciones de Metro, de las 136 que componen la red, así como la Universidad Pedro de Valdivia, el Museo Violeta Parra e iglesias.

Tanto el ilícito de incendio en lugar habitado con resultados de muerte o de lesiones graves gravísimas (Art. 474), como los resultantes en lesiones graves o mutilaciones. También siniestros en edificios o casas no habitadas e incendios agrícolas o en áreas silvestres. Todas las personas que fueron detenidas y/o formalizadas por haber cometido alguno de ellos podrían ser indultadas si se aprobara la ley, comenzando por B.E.S.M (17), quien fue el primer condenado este miércoles por la Fiscalía por la quema de la estación de Metro Pedrero y arriesga 10 años de internación provisoria.

Además, podría eximir de sus condenas a 13 imputados contra los que Interior se ha querellado por la quema de estaciones de Metro, además de otros 3 imputados por incendios en las estaciones La Granja y San Pablo y otros 10 contra los que se han presentado 17 querellas debido a los casos del Hotel Principado y de la Iglesia San Francisco de Carabineros.

Otro de los delitos graves que se incluye en la moción es aquel que concedería un indulto y extinguiría de la responsabilidad penal a quienes se alzaron a mano armada contra el gobierno legalmente constituido “con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución o su forma de gobierno”, como señalan los Art. 121 y 262 del Código Penal. Así también, quienes se alzaren con el propósito de impedir la promulgación o la ejecución de las leyes y aquellos imputados por tomar el control mediante violencia o intimidación de un vehículo de transporte público (Art. 262 sexies).

La ley no excluye de la amnistía a quienes cometieron atentados contra la autoridad ejerciendo fuerza o intimidación o resistiéndose con violencia ante carabineros, funcionarios de la PDI y de la gendarmería, incluyendo lesiones graves gravísimas y mutilaciones a los funcionarios. Según el Art. 416 del Código de Justicia Militar se dejaría libre a quien causó lesiones tan graves para dejar “al ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme”, cuya pena es de presidio mayor.

A su vez, exculpa a quien, sin estar autorizado, interrumpiera completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación a las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma. Como también, a quienes lanzaren a personas o vehículos en la vía pública objetos contundentes, cortantes o punzantes “potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales” (Art. 268 septies).

No solo los culpables quedarían libres por llevar a cabo incendios, sino que tampoco se podría imputar a quien fuera aprehendido con artefactos, implementos o preparativos dispuestos para ello. Casi a modo de conclusión, la ley señala, entre otras decenas de artículos más, que se le quitarían responsabilidades penales a “el que contraviniera a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito” (Art. 495).

El indulto además libraría de culpa a los responsables de infringir las reglas de policía dirigidas a asegurar el abastecimiento de los pueblos y de saqueos. En cuanto a la Ley 17.798 de Control de Armas, el proyecto permitiría indultar a los que organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, instruyeren, incitaren o indujeren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas (Art. 8). También a los responsables por la tenencia y porte de armas de fuego, su fabricación e importación; y se extiende a la tenencia y porte de armas absolutamente prohibidas, incluso las de uso bélico (bacteriológicas, por ejemplo), correspondientes a los artículos 13 y 14 de la Ley de Control de Armas.

232 reincidentes podrían ser liberados

La Fiscalía formalizó a un total de 5.084 personas por los actos de vandalismo ocurridos en el país del 18 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020. Al momento de entregar su balance -a un año del estallido-, el Ministerio Público contabilizaba a 648 personas en prisión preventiva, y a otras 725 con condenas. Las estadísticas de Interior dan cuenta de que 232 de los sujetos que se encontraban en prisión para esa fecha tenían antecedentes por delitos cometidos previamente a los que los llevaron a prisión en el contexto del estallido social.

El 14 de marzo de 2020 volvió a ingresar a la cárcel una persona que ya había sido imputada previamente por abuso sexual de un menor de 14 años. O el 20 de octubre de 2020 le correspondió nuevamente la entrada a prisión a un sujeto con prontuario por femicidio, lesiones menos graves y amenazas simples contra personas y propiedades. Ambos en la Región Metropolitana.

Asimismo existen 9 imputados que ya tenían antecedentes por homicidio en distintos grados: una persona en Maule que ingresó a prisión el 23 de octubre de 2019 que antes tenía registros penales por posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control, homicidio y daños simples. En Antofagasta ingresó a prisión el 22 de noviembre de 2019 un sujeto que ya había enfrentado a la justicia por homicidio; en esa misma región encarcelaron el 17 de diciembre de 2019 a un sujeto con historial por desórdenes en espectáculos públicos; homicidio y por colocación de bombas o artefactos explosivos.

El delito que más se repite entre el prontuario de los detenidos es el robo, en distintas variantes. Por este delito hay 134 casos. En cuanto a otros como tráfico ilícito de drogas son 13 de los detenidos post-estallido con prontuario por este crimen. Asimismo, por hechos que transgreden la Ley de Armas hay 19 registros de personas detenidas por actos vandálicos posteriores al 18 de de octubre.

Además, se tienen antecedentes por incendio en 22 casos, sea con peligro para las personas, la mayoría, o solo con daños y sin peligro de propagación; y por atentado explosivo o incendiario en 8 ocasiones. Por desórdenes hay 26 registros penales previos al 18-O.

Todos ellos podrían quedar el libertad debido a que el proyecto de ley no excluye del indulto general a quienes sean reincidentes, a pesar de que no serían “jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos”, a quienes apunta el proyecto, sino personas que ya tienen un registro delictual anterior.

Otro de los puntos que hace ruido entre los expertos y que contiene la ley es aquel que estipula que pueden ser beneficiarias del indulto los imputados aún cuando no se haya formalizado una investigación contra ellos. Además, hay críticas a que el proyecto tiende a confundir la valoración de legítima protesta social de carácter pacífico con el hecho de participar en estas actividades de forma violenta.

La Constitución asegura el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y sin armas y en el período que comprende la ley hubo un gran número de concentraciones y movilizaciones masivas en las que la mayoría de las personas no perpetró delitos. Pero este proyecto propone un perdón del Estado a aquellos participantes que incurrieron en conductas ilícitas, los que serían liberados de toda culpabilidad, poniendo en igualdad de condiciones a todos los participantes.

Por último, dado que una ley de amnistía debe perseguir fines de paz social, el perdón se suele otorgar a ambas partes en el conflicto, pero ello no ocurre en el proyecto en cuestión.

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