Hace más de dos años se aprobó el Acuerdo de Reorganización Judicial del grupo lechero Chilterra. La empresa solicitó el inicio del procedimiento en julio de 2022 y la propuesta fue aprobada el 4 de octubre de ese mismo año; pero en mayo de 2024 pidieron una Junta Extraordinaria de Acreedores para modificar dicho acuerdo y se presentaron nuevos antecedentes: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se ofreció a comprar el predio donde están las operaciones del grupo lechero –que abarca las comunas de Paillaco, Futrono y Los Lagos, en la Región de Los Ríos– para entregarlo a comunidades indígenas.
Está previsto que el 12 de diciembre se reúna la Junta de Acreedores para discutir esta propuesta. Aunque desde la empresa solicitaron que la reunión sea pospuesta para que los acreedores tengan la oportunidad de revisar la última versión de su planteamiento.
El asunto inquieta a legisladores de la Macrozona Sur y también a representantes de la ONG Campo Seguro, quienes de entrada manifiestan que sería una compra de Conadi “irregular”, ya que desde el 28 de septiembre de 2022, comunidades mapuche y trabajadores del sindicato de Chilterra hicieron la “ocupación productiva” del campo, y desde hace varios años existe una glosa en la Ley de Presupuesto según la cual Conadi no puede comprar terrenos que hayan sido “perturbados”, es decir, marcados o tomados.
“¿Cuáles son nuestros aspectos de preocupación?”, plantea Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, “el primero es respecto al arribo o el eventual arribo de comunidades indígenas provenientes de La Araucanía. Nosotros recalcamos que no todas las comunidades son violentas, pero sí que algunas de ellas tienen nexo con las orgánicas radicales de La Araucanía, por lo tanto podrían producirse hechos de violencia. Además, hay otros antecedentes que también incumplen con la ley, ya que efectivamente el predio está tomado, por lo tanto no podría ser comprado por Conadi”.
El oficio a Contraloría por el actuar de Conadi
La diputada por La Araucanía Gloria Naveillán ofició a Contraloría por este tema, “sobre todo en el marco de que Conadi no puede comprar predios que estén perturbados. Y por lo tanto, al estar este predio perturbado con una serie de denuncias ante policía, incluso ante fiscalía, claramente esas tierras no podrían ser compradas por Conadi para una comunidad”, coincide.
Otra de las razones para oficiar a Contraloría, explica Naveillán, es que “Conadi tiene la costumbre de expandir el cáncer. En este caso lo hace con comunidades de Galvarino, Región de La Araucanía. Les compra tierra en Los Ríos y los mete allá cuando ellos nunca estuvieron allá. O sea, el desarraigo desde el punto de vista de derechos humanos, si tú quieres, que implica para una comunidad cambiarse a un lugar donde la tierra es distinta, el clima es distinto, donde no conocen a nadie. Un lugar que nada que ver con ellos. Eso es lo que hace Conadi, que para mi gusto está pésimo. Conadi se dedica a buscar tierras, da lo mismo dónde, para comprar a las comunidades indígenas que tienen algún tipo de demanda”.
La “ocupación productiva” del predio
La toma del Fundo El Huite, propiedad de Chilterra, ocurrió en septiembre de 2022. Entonces, comunidades mapuche y trabajadores del sindicato de la lechera expusieron: “Hemos hecho ingreso al fundo ‘de propiedad’ del empresario Ricardo Ríos Pohl para realizar una ocupación productiva del predio” y agregaron “después de doscientos años hemos regresado como familias y comunidades a ocupar una parte de nuestro territorio ancestral que se encontraba usurpado”.
Además, en la declaración plantearon como un objetivo “la producción de agro alimentos de primera necesidad para satisfacer la demanda de alimentos de la región de Los Ríos a precio justos (…) para resguardar la soberanía alimentaria de la región de Los Ríos, las comunidades mapuches, con los trabajadores del sindicato de Chilterra continuaremos con la producción del predio, e iniciaremos un proceso productivo para abastecer de alimentos a la región, pero esta vez a precios justos, satisfaciendo las necesidades de 374.849 personas con leche, 45.222 personas con trigo, y con 61.475 personas con productos derivados de la carne y la leche”.
El proyecto se llama Kume Ulmen y los dueños de Chilterra están de acuerdo con que se lleve a cabo. No solo en las 1.500 hectáreas previstas inicialmente por Conadi, sino que se hagan cargo de alrededor de 3.850 hectáreas.
“Tensiones por el conflicto mapuche”: una de las razones originales para pedir la reorganización de Chilterra
Cuando Chilterra inició el proceso de reorganización judicial, información de los diarios de la época daba cuenta de que los pasivos llegaban a US$ 60 millones (esto en conjunto con su socia Agrícola Dos Ríos, que también está en proceso de reorganización). Se trata de uno de los principales productores lecheros del país.
En el documento presentado ante el 1º Juzgado Civil de Valdivia en julio de 2022 para solicitar la reorganización, de hecho, argüían –aparte de las dificultades ocasionadas por las alzas de los precios de los insumos a causa de la pandemia y la guerra en Ucrania– “las tensiones ocasionadas por el conflicto mapuche en la zona, y en específico en algunos predios operados por la empresa, ha llevado a tomar decisiones productivas como por ejemplo desistir de sembrar alimentos para el rebaño lechero, lo cual encarece los costos de producción por tener que comprar alimentos”.
Indican que, además, “se tuvo que aumentar la dotación de personal de seguridad aumentando los costos operacionales. Lo anterior, sin perjuicio de la excelente y cercana relación que se ha construido con las comunidades indígenas aledañas a los predios, fruto de un trabajo permanente y de largo plazo desempeñado por la empresa, involucrando en su crecimiento a dichos grupos”.
La intervención de Conadi
En mayo de 2024, Chilterra solicita que se cite a una junta extraordinaria de acreedores. Es entonces que se da cuenta en la instancia judicial que la Jefa (S) del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi les envió un oficio el 27 de junio de 2023, en el que les informan que la Comunidad Indígena Juan Huircaleo Ñielol, solicitó a la corporación la compra de los predios El Huite 2 y El Huite 6, de la comuna de Paillaco. En la misiva le solicitan a Chilterra que manifieste su voluntad de vender.
En el intertanto, el primer interventor designado renunció a sus funciones argumentando que “no se ve en la empresa un interés real de avanzar”.
A mediados de octubre de 2024, ya con un nuevo interventor –el mismo a cargo de la reorganización de Agrícola Dos Ríos– Chilterra presenta un documento ante el tribunal en el que propone modificaciones al Acuerdo de Reorganización Judicial. Allí explicitan que el objetivo es cumplir con el acuerdo, por medio de la venta de los inmuebles de Chilterra a las comunidades mapuches “que demandan derechos ancestrales sobre tales terrenos”, y hacerlo a través de Conadi, “puesto que tras más de 20 meses de iniciado el procedimiento, esta ha demostrado ser la entidad pública que paga el mejor precio por hectárea”.
Kume Ulmen
Sin embargo, los cuestionamientos continúan. En especial, porque quienes se tomaron las instalaciones en 2022, buscan seguir operando las instalaciones, a través del proyecto Kume Ulmen que, al mismo tiempo, será financiado con lo que le quede a Chilterra tras la venta a Conadi.
“Esas comunidades, a lo mejor, ni siquiera se van a ir físicamente a vivir allá. Pero es como tener un negocio a distancia”, opina Naveillán. “Es como decir ‘compadre, ¿qué te importa? Deja que lo compren, si total, te va a llegar una cantidad de plata anual’”.
Para la legisladora, la gravedad del asunto está en que “Conadi, como ente público, se presta para de alguna manera ayudar en un negociado que tienen, entre comillas, empresarios particulares que quieren salvar su pellejo y ganar lucas”.
Las comunidades beneficiadas
La primera etapa del proceso de venta ya se encuentra en curso, con una oferta ya ingresada para la adquisición de los predios para las comunidades Juan Huircaleo Ñielol y Mañiuco Ñie Chico, esto debería estar finalizada el primer semestre de 2025.
También se lee en la propuesta que “durante el primer semestre de 2025, deberá estar finalizado el proceso de transferencia a la Comunidad Indígena Ignacio Moreno, personalidad jurídica N°102 de la comuna de Freire, con una superficie asignada de 471,12 hectáreas”.
El segundo conjunto de bienes que se ofrecerán vender a través de Conadi son para la Comunidad Indígena Licanco Chico, de Padre Las Casas, con una superficie asignada de 396 hectáreas; la Comunidad Indígena Ignacia Ñancurrai, de Padre Las Casas, con una superficie asignada de 460,26 hectáreas; la Comunidad Indígena José Santos Coche, de Padre Las Casas, con una superficie asignada de 175,8 hectáreas; y la Comunidad Indígena Román Millapan, de Paillaco, con una superficie asignada de 50 hectáreas.
“Este proceso de venta no se ha iniciado a la fecha. La tasación de estos predios se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025 y la venta de los predios mencionados debería estar finalizado durante el año 2025”, dice la propuesta de Chilterra.
Y hay un tercer lote previsto para la Comunidad Indígena Huaqui, de Loncoche, con una superficie asignada de 609,3 hectáreas. “La tasación de estos predios se llevará a cabo durante el primer semestre de 2025 y la venta de los predios mencionados debería estar finalizado durante el año 2026”, se señala.
La misma propuesta hace la salvedad de que las fechas “son aproximativas y no darán origen a incumplimientos si no se verifican en los plazos aproximados”.
Los procesos de “restitución territorial”
La primera etapa prevé la venta de más de 1.500 hectáreas. Las comunidades Juan Huircaleo Ñielol, personalidad jurídica N° 264, y Mañiuco Ñie Chico, personalidad jurídica N° 440, son de la comuna de Galvarino (La Araucanía).
En 2019 la comunidad Mañiuco Ñie Chico fue parte de un “proceso de restitución territorial” y reclamaron 12.000 hectáreas de los fundos Santa Cruz, Santa Elena de Frindt, Llaima de Forestal Valdivia y Forestal Masisa; y de la Empresa Forestal Bosques Cautín.
En su comunicado proponen “la búsqueda de mecanismos de solución amistosa para la restitución de nuestras tierras toda vez que es nuestro pleno interés y absoluta voluntad de diálogo, tal y como ya hemos manifestado a Conadi y al Gobierno de Chile en correspondencia de fecha 12 de septiembre de 2018”.
A la primera comunidad Conadi le ha asignado 801 hectáreas y a la Mañiuco Ñie Chico 750,17 hectáreas.
Pero el proceso de venta incluye más etapas y a otras comunidades de La Araucanía que han participado en tomas o marcajes de terreno o hecho barricadas. Por ejemplo, la comunidad Ignacio Moreno –que tiene asignadas 471,12 hectáreas– cortó una ruta en una protesta en abril de 2023.
Por otro lado, a principios de 2022 hubo una ola de “embanderamientos” de terrenos en La Araucanía, ante la promesa de que habría más recursos para la compra de tierras a las comunidades. El Mercurio del 29 de mayo de 2022 llevó el relato de los propietarios del Fundo Santa Rosa 2, en Vilcún, perteneciente al matrimonio Sánchez Luchsinger.
El agricultor Sergio Sánchez contó que en la ocasión hasta cuatro comunidades llegaron a reclamar sus predios, entre ellos la comunidad José Santos Coche. Dicha comunidad, de acuerdo con la nueva propuesta de Chilterra, en una siguiente fase, tiene asignadas 175,8 hectáreas, y son de la comuna de Padre de las Casas (La Araucanía).
De las siete comunidades que menciona Chilterra en su propuesta, sobre las cuales ya habría acuerdo con Conadi, seis son de La Araucanía y solo una es de la Región de Los Ríos, la Comunidad Indígena Román Millapan, de Paillaco.
¿Qué dicen las comunidades de Paillaco?
El alcalde saliente de Paillaco Miguel Ángel Carrasco subraya que “lo más importante es que le pregunten a las comunidades del territorio de Paillaco”. Agrega que “no hay que estigmatizar las comunidades”, pero reitera que “tiene que haber una conversación con el territorio, con las autoridades ancestrales de Paillaco y en conjunto decidir quiénes son los que van a ocupar estos territorios en caso de que esta acción comercial se concrete”.
Y en cuanto a las consecuencias para la comuna de esta transacción, Carrasco señala que “más allá del turismo, también la inversión se podría afectar si comienza a sembrarse un manto de duda en relación a qué comunidades van a llegar a nuestro territorio. Hemos sufrido bastante ya con el retraso de la inversión en los proyectos de energías renovables. Por lo tanto, más allá del turismo, que es importante en la Región de Los Ríos, Paillaco busca transformarse en una de las capitales nacionales de la energía renovable con cuatro proyectos de producción de energías limpias. Tenemos una subestación eléctrica en Pichirropulli con cuatro enchufes autorizados por el Controlador Eléctrico Nacional. Por lo tanto, más que el turismo, para Paillaco, lo que no debe detenerse es la llegada de capitales relacionados a la energía renovable”.
El financiamiento de Chilterra a Kume Ulmen
Mientras todo esto se discute, actualmente el Acuerdo de Reorganización de Chilterra S.A. se encuentra incumplido y los únicos ingresos proyectados por la empresa consisten en la venta de los predios, de acuerdo con un informe presentado por el interventor Patricio Jamarne Banduc.
Chilterra presentó una nueva propuesta el 5 de diciembre, allí insisten en que Conadi “tras más de 20 meses de iniciado el procedimiento, esta ha demostrado ser la entidad pública que paga el mejor precio por hectárea”, pero para poder venderles es necesario modificar el acuerdo. Allí también solicitan una remisión del 30% de los créditos de todos los acreedores que “se justifica porque correspondía al valor aproximado que iba a quedar disponible para la Empresa Deudora si el proceso de venta a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se hubiera realizado en los tiempos originalmente propuestos e informados al anterior interventor. Además, ese valor es fundamental para financiar al proyecto agroindustrial mapuche Kume Ulmen”.
El proyecto Kume Ulmen se desarrollaría en las 3.850 hectáreas de El Huite, una vez que se logre la venta a través de Conadi, Kume Ulmen se hará cargo de la gestión comercial del predio: de los animales, salas de ordeño y lecherías.
La propuesta de Chilterra es que los recursos que queden de ese 30% sirvan como capital de trabajo para poner en marcha y desarrollar el proyecto industrial Kume Ulmen “que propiciará el desarrollo productivo de las comunidades mapuches que adquieran, por intermedio de la Conadi, los distintos predios de Chilterra S.A. y sus empresas relacionadas”. Esto incluye la compra de aproximadamente 2.400 cabezas de ganado a Agrícola Dos Ríos (socios de Chilterra también en reorganización).
*Nota de la redacción:
Tras la publicación de esta nota, desde Chilterra, desde el sindicato de la empresa y desde la Corporación Kume Ulmen enviaron a El Líbero tres réplicas que se reproducen a continuación.
La de la empresa es firmada por el abogado que los representa, Raúl Toro González.
«En mi calidad de abogado de Chilterra S. A. me dirijo a usted con el propósito de aclarar y responder a las afirmaciones vertidas en el reportaje ‘Mudar la violencia de La Araucanía a Los Ríos: temor por propuesta de CONADI de comprar 1.500 hectáreas en Futrono, Paillaco y Los Lagos’, respecto a la propuesta de las comunidades mapuches para adquirir, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, los predios de la empresa en la Región de Los Ríos.
Es fundamental señalar que Chilterra siempre ha operado dentro del marco de la legalidad y con un profundo respeto por los principios del mercado y el estado de derecho. La decisión de vender los campos responde a una evaluación empresarial que considera factores económicos, sociales y ambientales. Este proceso se ha llevado a cabo con total transparencia y en cumplimiento de las normativas vigentes, garantizando que todas las partes involucradas actúen de buena fe.
Lamentamos que su reportaje haya puesto en duda la legitimidad de esta transacción, asociándola injustamente con situaciones de violencia y estigmatizando tanto a los compradores como a las comunidades indígenas involucradas. Estas afirmaciones no solo distorsionan la realidad, sino que también afectan la confianza de inversionistas extranjeros y nacionales, que ven en Chile un país comprometido con la estabilidad y el respeto por los derechos de propiedad.
Desde el inicio, el enfoque del reportaje no solo estigmatiza a las comunidades indígenas, asociándolas de manera irresponsable con la violencia, sino que también atenta contra el derecho de propiedad de los actuales dueños de Chilterra, una empresa que cuenta con inversionistas extranjeros que han confiado en Chile como un lugar donde se respetan las reglas del mercado y el estado de derecho.
Chilterra ha sido un referente en la región por su compromiso con la producción sustentable y el desarrollo local. La trayectoria de la empresa demuestra un constante esfuerzo por generar empleo, impulsar la economía regional y operar bajo altos estándares éticos. La decisión de vender las tierras a CONADI y al proyecto Kume Ulmen representa una oportunidad para dar un nuevo uso a estas propiedades, contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades mapuches y fomentando una relación más equitativa y colaborativa.
Desde Chilterra, rechazamos categóricamente cualquier insinuación que busque vincular a la empresa con actos o situaciones que vayan en contra de la paz social o la convivencia armónica en la región. Estas ideas no solo carecen absolutamente de fundamentos, sino que también perpetúan prejuicios que dificultan el avance hacia una sociedad más inclusiva.
Finalmente, hacemos un llamado a la responsabilidad y al equilibrio informativo. Es esencial que los medios de comunicación cumplan con su rol de informar de manera veraz, fomentando un diálogo constructivo que permita abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra región».
Por su parte, el sindicato de trabajadores de Chilterra, representado por su presidente Ervin Guentrpan, hizo llegar la siguiente réplica:
«Para el Sindicato de Trabajadores de Chilterra es un deber aclarar lo expresado en una extensa nota publicada por el diario electrónico El Líbero en su edición del miércoles 11 de diciembre. Bajo el título ‘Mudar la violencia de La Araucanía a Los Ríos: temor por propuesta de Conadi de comprar 150 hectáreas en Futrono, Paillaco y Los Lagos‘, firmado por Emily Avendaño se expresan antecedentes equívocos.
Para esta organización, la ‘ocupación productiva’ que actualmente se realiza en el Fundo El Huite, en Paillaco, no representa una acción de violencia contra los propietarios del lugar. Todo lo contrario, el objetivo nuestro es continuar -en la medida de nuestras fuerzas- con la producción y no cerrar las puertas de nuestras fuentes de trabajo.
Somos conscientes de los graves problemas sociales que afectan a nuestra región -y al país- y creemos que un cierre total de la empresa generaría aún más desempleo. Nuestro objetivo es solo laboral. Es por eso que vemos con buenos ojos el proyecto Kume Ulmen, ya que beneficiaría no solo al mundo mapuche sino que a todos los habitantes de la zona.
En nota publicada no tuvimos oportunidad de dar a conocer nuestra opinión, ya que no fuimos contactados. Esto, dicho sea de paso, como ejercicio básico de contraste de fuentes.
En lo medular, el texto intenta poner de manifiesto una glosa de la Ley de Presupuesto que indica que Conadi no puede tomar terrenos perturbados, marcados o tomados.
Ante esto, el Sindicato de Trabajadores es enfático en señalar que no permitiremos que se instrumentalice nuestro trabajo con fines políticos. El fondo acá es la negativa de ciertos parlamentarios y ONGs en que nosotros, los trabajadores, podamos participar en la propiedad de un sector productivo. Negarse a ello es una medida discriminatoria que lamentablemente hoy subyace en las elites del poder que ven a los mapuches y los obreros como personas de segunda clase».
Asimismo, el abogado de la Corporación Kume Ulmen, Manuel José Ossandón Lira, envió otra réplica que se reproduce a continuación:
«Me dirijo a usted, en mi calidad de abogado de la Corporación Kume Ulmen y del proyecto agroindustrial del mismo nombre, luego de la publicación por parte de este medio el día 11 de diciembre del presente año del artículo “Mudar la violencia de La Araucanía a Los Ríos”, haciendo uso del derecho a réplica contenido en el artículo 19 de la ley 19.733.
Como primera impresión al respecto, comprendo el evidente sesgo contenido en dicho artículo periodístico. No es culpa de este medio en particular ni de la periodista a cargo de la redacción de dicha nota, sino que es muestra de enfermedades más profundas que afectan a parte importante de nuestro país: el racismo, el miedo y la falta de conocimiento respecto de la cultura e historia de nuestros pueblos indígenas. Mal que mal, debo reconocer que, como muchos, durante años también fui afectado por dichas “enfermedades”.
En este contexto los invito a conocer el Proyecto Kume Ulmen, dejando de lado los prejuicios y las “enfermedades” que nos aquejan, puesto que estoy seguro que sin esas anteojeras ustedes cambiarán rápidamente de parecer, pasando del miedo a la esperanza, virtud que guía a todos quienes participamos de este novedoso proyecto.
Puesto que el artículo periodístico en cuestión, no contiene nuestra postura ni profundiza en el objeto de Kume Ulmen, me permito instruirlos al respeto.
En primer lugar, el modelo que pretende desarrollar Kume Ulmen se inspira en un exitoso ejemplo implementado hace muchos años con notable éxito en Nueva Zelanda, donde se dejaron de lado los sesgos y se llevó a cabo una eficiente colaboración público privada para dar solución a conflictos indígenas, mediante la industrialización de la actividad agrícola-lechera, con miras a generar empleos de calidad que beneficien a todas las comunidades aledañas, mapuches y no mapuches, sin importar su origen.
En segundo lugar, pretender calificar a Kume Ulmen como un “negociado”, como lo indica una parlamentaria en la nota, es una gravísima imputación frente a la que estudiaremos el ejercicio de acciones legales por nuestra parte, y que dista profundamente del verdadero espíritu que perseguimos el cual está enfocado en la filantropía y la búsqueda del beneficio recíproco de todos los habitantes de la Región. Frente a las injuriosas imputaciones que dicha diputada formuló, hacemos presente que todos quienes integramos Kume Ulmen participamos de este proyecto de forma desinteresada, con una profunda convicción de que una iniciativa de esta naturaleza -centrada en la productividad económica- es la solución para los conflictos y para la profunda pobreza que aquejan al sur de Chile.
En tercer lugar, afirmar que los predios que buscamos que formen parte de este proyecto,
propiedad de Chilterra, están “tomados” u “ocupados” -como lo dan a entender el gerente de una ONG y la misma parlamentaria- es por lo bajo faltar a la verdad y también es injurioso, puesto que el desarrollo de esta iniciativa cuenta con la venia del propio directorio de Chilterra, por lo que resulta imposible que nos encontremos ante una “toma”. En ese contexto, fue el propio directorio de Chilterra -integrado por varios directores neozelandeses que conocen de iniciativas exitosas de esta especie- el que nos invitó a los gestores de Kume Ulmen a una de sus sesiones de directorio donde valoraron el proyecto y se comprometieron a realizar todas las gestiones que estuvieran dentro de sus posibilidades para impulsarlo.
En cuarto lugar, dar a entender que las comunidades que integran el proyecto son violentas dista absolutamente de la realidad, puesto que son estas mismas las que con un profundo sentido de realidad y madurez han entendido que la solución al conflicto mapuche no puede centrarse en la mera entrega de tierras y el asistencialismo estatal, sino que debe -mediante un sano desarrollo económico de todo el entorno- basarse en la colaboración, el trabajo duro y honrado. Las comunidades mapuches que integran este proyecto -y me consta puesto que lo han demostrado con hechos durante todo este tiempo que hemos trabajado en conjunto- han comprendido que la violencia no es el camino.
Dicho esto, me pongo a disposición de este medio y de todos quienes resulten interesados, para abrirles las puertas de Kume Ulmen, con miras a construir un futuro más prospero y en paz para la Región de Los Ríos y ante todo para Chile».