“No tenemos los recursos para acceder a la propuesta que nos planteó la mesa del sector público” dijo ayer el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, sobre la propuesta de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF) de reajustar los sueldos de los funcionarios públicos para 2016 en 5,5%.
En cambio, el Gobierno envió el proyecto de ley al Congreso con un aumento del 4,1% en los salarios, apenas superior al 4% del IPC acumulado durante los últimos 12 meses. Pero la Cámara de Diputados reprobó la iniciativa con los votos de la oposición y del Partido Comunista, ante lo cual el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, insistió en que «la holgura fiscal es mínima, casi no existe. Pensamos que hicimos lo máximo que pudimos hacer».
En la vereda contraria, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, calificó el incremento de una “una burla. Significa para remuneraciones de $300.000 pesos, (un alza de) $300. Qué hace una familia con esos $300. ¿Comprar un Súper 8?”. En represalia mantendrán la paralización en los servicios públicos del país durante el día de hoy.
La baja en el reajuste de funcionarios públicos
La estrechez fiscal a la que se refiere el ministro Valdés se debe a la compleja situación económica que atraviesa el país, con un magro crecimiento por segundo año consecutivo en torno al 2%, un déficit fiscal cercano al -4% (US$9 mil millones, más alto, incluso, que el de la crisis internacional de 2009) y un precio del cobre que bordea los US$2 la libra.
Por ello, el proyecto de ley contempla $994 mil millones en pagos del reajuste de sueldos y bonos de los funcionarios del Estado para 2016, cifra inferior en 26% a los $1,3 billones gastados este año en el reajuste dado el año pasado. El monto, además, es el más bajo en términos reales en cuatro años, desde que en 2012 el fisco financiara $929 mil millones, según un estudio del Instituto de Libertad y Desarrollo (LyD).
Del total del costo del reajustepara el próximo año, $218 millones serán pagar bonos de aguinaldo, escolaridad, Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones, pero a excepción de los años anteriores no se considera pagar un bono por el fin de negociaciones o de “término de conflicto”, según se denomina en las negociaciones del sector privado. Sólo a ese ítem se destinaron $182 mil millones este año.
“En consideración de que es altamente probable que en 2016 se registre un déficit fiscal superior al 3,3% del PIB, no parecen existir las condiciones para un aumento real de remuneraciones como ha sido la tónica en años anteriores. Debe considerarse que la administración del Estado se está actualmente endeudando para poder pagar sus gastos, lo que en cualquier empresa sería una situación insostenible”, explica la investigadora de LyD, Cecilia Cifuentes.
El legado económico del Gobierno: US$30 mil millones de déficit
“Este no es el único año en que vamos a tener que hacer ajustes. El 2017 y 2018 son años aún más complejos desde el punto de vista fiscal que este. La posición estructural de Chile hoy es peor de lo que esperábamos“, afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el pasado 2 de noviembre en un seminario organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo.
Las cifras muestran que el déficit fiscal efectivo de 2013 fue de -US$1.664 millones, pero en 2014 se disparó dos veces y medio hasta -US$4.230 millones, y este año se duplicará a -US$9.000 millones. En 2016 seguirá la misma tendencia deficitaria con menores ingresos fiscales por -US$7.740 millones; si el crecimiento y el precio de cobre se mantienen similares a los de este año, en 2017 subirá a -US$8.940 millones y en 2018 subirá a un inédito -US$9.472 millones.
En resumen, el gobierno de Michelle Bachelet recibió un déficit de US$1.664 millones del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero en sus cuatro años de gestión sumaría más de US$30 mil millones, cifras inéditas en nuestro país.
De hecho, desde 1990 y hasta 2013 (24 años), nuestro país sólo había tenido ocho años con déficit fiscal, pero entre 2013 y 2018 acumulará seis años seguidos con cifras rojas, sumando en dicho período más de US$40 mil millones, de los cuales el 72% se generará durante esta segunda administración de Bachelet.
Esos dineros de déficit se suplen ya sea solicitando deudas en el mercado nacional o internacional, o retirando ahorro de los fondos soberanos que tiene el país en el extranjero, lo que significa un evidente deterioro de la salud fiscal chilena.
