Desde el domingo 15 a las 7:00 comenzaron a llegar extranjeros a hacer fila afuera del estadio Víctor Jara, donde el lunes 16 se les enrolaría para obtener un Rol Único Nacional (RUN) provisorio para poder acceder al sistema de cotización, de salud y de educación. Esto no era nada raro, pues se venía haciendo todos los días del año sin inconvenientes en todas las oficinas del Registro Civil. Sin embargo, el lunes el mismo trámite fue caótico. Miles de personas se agolparon fuera del recinto, sin que se pudiera concretar del todo. ¿Qué fue lo que cambió?
Según el subsecretario del Interior, Luis Cordero, la culpa del desbande del lunes fue por «un tema de gestión» del Registro Civil, que le costó la salida al director metropolitano del servicio ayer. Incluso, también criticó que tras el caos, «algunos líderes de opinión que no son partidarios de ningún proceso de regularización (…) deliberadamente han llamado a la confusión».
Pero todo indica que fue una mezcla de dos hechos los que provocaron que más de tres mil migrantes fueran al estadio.
En primer lugar, las expectativas que generaron los dichos de la semana pasada de Cordero en el encuentro Proceso de Cartagena+40 de la CEPAL, donde habló de regularizar a migrantes ilegales, y, en segundo, un tuit del Registro Civil invitando a enrolarse inusualmente en el estadio Víctor Jara y no en sus oficinas habituales.
Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, esto fue una verdadera «tormenta perfecta» (ver abajo).
Lo que dijo Cordero y la polémica por el «efecto llamada»
El miércoles 11 el subsecretario comentó en Colombia que el gobierno «está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país».
Desde entonces, se abrió la discusión sobre si ese proceso provocaría o no que más extranjeros vinieran a Chile con la expectativa de ser regularizados de forma más expedita que en otros países.
El recién electo core, exdirector de Extranjería y Migración durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, Álvaro Bellolio, sostuvo a El Líbero que «el empadronamiento es un efecto llamada mucho más directo que lo sucedido en Cúcuta, donde activistas anti expulsiones, de forma malintencionada, utilizan un viaje para defender la democracia con asignar invitaciones fuera de norma que no están en ningún discurso. En 2021, la regularización del gobierno de Piñera se centró en quienes ingresaron de forma legal, mientras que ahora estamos hablando de premiar a quienes cruzaron clandestinamente. En el contexto de una nueva oleada migratoria desde Venezuela, este tipo de políticas solo alimenta la percepción de que Chile es un país donde no existen consecuencias para quienes violan las leyes migratorias».
Pero para el propio Cordero «no hay evidencia que demuestre que los procesos de regularización producen efecto llamada. Más bien, la evidencia que hay es toda la contraria. Y además quiero recordar que no es que el gobierno esté estudiando un proceso de regularización general. Solo lo está haciendo para que puedan postular las personas que se empadronaron», acotó el lunes en T13 radio en referencia al empadronamiento que se realizó en 2023.
Por su parte, Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias, señala a este diario que «existen pocos estudios a nivel internacional sobre el efecto de las regularizaciones sobre un potencial ‘efecto llamada’. Varias investigaciones señalan que no ha existido ese efecto en regularizaciones masivas, como Estados Unidos en 1986 o España en 2005, pero también hay estudios que indican que es necesario tomar ciertas medidas para evitar posibles efectos negativos. Considerando que Chile no está en condiciones de expulsar a 180 mil personas en situación irregular, la regularización es inevitable. Por lo mismo, es clave que los requisitos de esta sean claros, se tomen medidas para disminuir los ingresos irregulares a futuro y no se generen expectativas de regularización para quienes no están en el registro biométrico».
El trámite lo hacen todos los días entre 300 y 400 personas con total normalidad
El trámite para obtener el RUN es conocido como «artículo 44», y según dijo el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, a Tú Día de Canal 13 ese mismo lunes, «habitualmente atendemos entre 300 y 400 personas diariamente por este trámite«.
Desde el Registro Civil señalan a El Líbero que «sólo en la Región Metropolitana este año se han enrolado 18.342 personas que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación. Este proceso se realiza todo el año y no regulariza la situación migratoria de la persona, tampoco implica otorgar cédula de identidad».
Sin embargo, el jueves 12, un día después que se conociera la propuesta de regularización planteada por Cordero en Colombia, el Registro Civil publicó en sus redes sociales un mensaje que, sumado a las palabras del subsecretario del Interior, confundió a los migrantes ilegales. En él se incluía un flyer en donde se les invitaba a acudir al estadio Víctor Jara a quienes quisieran enrolarse.
Lo que realmente pasó, es que el lunes 16 comenzó el cambio hacia el nuevo pasaporte y cédula de identidad electrónicas, por lo que se esperaba que las oficinas estuvieran con más flujo de personas que lo normal. Por ello, se decidió abrir excepcionalmente el estadio Víctor Jara, sólo para el enrolamiento del artículo 44, con el fin de apoyar la atención al público y descongestionar las otras oficinas.
Consultado Omar Morales sobre si el anuncio de Cordero «les dejó la escoba», el director respondió «se confundió. Hay una confusión ahí». Y es que ese día esperaban, como mucho, atender a 600 personas.
Eso sí, él lo atribuyó a que hubo personas que trataron de «aprovecharse de las personas migrantes», levantaron la alerta sobre lo que iba a pasar en el estadio y se pusieron a vender números de la fila del Víctor Jara, siendo que el trámite es gratis. Por esta razón se hizo una denuncia en el Ministerio Público.
“La tormenta perfecta”
Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, afirma a El Líbero que lo ocurrido el lunes en las afueras del estadio Víctor Jara fue “una tormenta perfecta entre falta de información, empezar realmente a implementar el proceso de enrolamiento que establece la ley y una necesidad de las personas migrantes de demostrarle al Estado que están dispuestas para entregar datos y ser parte de una posible regularización”.
Explica que el trámite de enrolamiento por el artículo 44 de la Ley de Migraciones “no ha sido fácil”.
“Nosotros desde la organización tenemos por lo menos 20 casos, de personas que desde que se promulgó la ley han intentado hacer el enrolamiento y por distintos motivos el Registro Civil no les ha permitido hacerlo”, asegura Rojas.
A todo esto se suma, dice, que hay mucha información sobre migración sin que necesariamente se ahonde en cada proceso. Ejemplifica con que “desde noviembre estamos escuchando que hay un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Migraciones promulgada en el 2022; la semana pasada, en el contexto del evento interministerial de Cartagena +40, escuchamos declaraciones del subsecretario Cordero sobre el estudio de una posible regularización de las personas empadronadas; y además, en los últimos días también habíamos estado escuchando conversaciones sobre el proceso de enrolamiento. Es mucha información a la vez y poco digerida para las personas migrantes y lo que se genera es confusión”.
Por ello, Rojas plantea que esto, junto con el interés del Registro Civil de separar el trámite del enrolamiento del de la obtención de los nuevos documentos digitales, causó que “las personas migrantes entendieran como que era un llamado quizás para hacer otro empadronamiento para ser parte de esta regularización acotada que ha venido estando en la conversación pública”. Desde la Asociación Venezolana en Chile afirman que “hay una deficiencia a la hora de comunicar la información por parte de las distintas instituciones del Estado (…). Más que del subsecretario del Interior; el Registro Civil al momento de movilizar todo lo que tenía que ver con el enrolamiento fue poco claro y tampoco previó que quizás pudieran tener una mayor asistencia de personas migrantes buscando un posible proceso de regularización”.