El 17 de junio de 2013 el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, junto al en ese entonces director ejecutivo del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Marcos Barraza, llegaron al comando de Michelle Bachelet para entregarle la propuesta programática de la colectividad con el fin de que fuera considerada en la confección del programa de gobierno.
Entre las propuestas del PC y su centro de estudios se destacaba la idea de hacer una “profunda revisión al sistema de pensiones, en la perspectiva de sustituir la capitalización individual, de administración privada (actuales AFP), por un sistema de reparto bajo administración estatal, fundado en aportes de carácter mixto (individual, patronal, estatal)”. Además el documento sostenía que la idea de hacer una AFP estatal, que por ese entonces sonaba entre las propuestas de la Mandataria, “era una medida correctiva, aunque menor, pues no afectará las bases de la crisis del actual sistema”.
Hoy, tres años y tres meses después de ese encuentro en el comando, el escenario es completamente distinto. Barraza es ministro de Desarrollo Social y el tema de las pensiones pasó de estar completamente dormido a instalarse en la agenda, luego que el 24 de julio pasado el movimiento “No+AFP” reuniera a cientos de miles de personas en una marcha que pedía el fin del actual sistema.
Si bien las primeras respuestas del gobierno estuvieron enfocadas en darle impulso a su proyecto de AFP estatal, pocos días después de la marcha la Presidenta Bachelet anunció en cadena nacional una batería de iniciativas para perfeccionar el actual sistema, que incluían el aumento de la cotización individual en un 5% con cargo al empleador para crear “un pilar de ahorro colectivo solidario”, que ella misma aclararía días después en entrevista con Radio Cooperativa: “en el fondo es un pilar de reparto”.
Pero el tema ha generado polémica dentro del gobierno. Mientras Barraza y la ministra Ximena Rincón (Trabajo) han sostenido que ese 5% irá para una suerte de sistema de reparto, los titulares de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, han dicho que esa decisión se zanjará en el gran acuerdo nacional al que ha invitado la Presidenta a distintos sectores de la sociedad, dejando abierta la opción para que una parte de ese 5% vaya a las cuentas personales de cada cotizante.
La influencia de Barraza
Quienes conocen la interna de la discusión que se ha generado en el gobierno, señalan que es justamente el ministro de Desarrollo Social el cabecilla de la idea de destinar el 5% adicional a un pozo solidario. Si bien la propuesta no acaba con el sistema de AFP, que es el anhelo que siempre ha defendido el PC y el ICAL, al menos crea un sistema de reparto paralelo, que con el tiempo tendría un tamaño nada de despreciable: la mitad del actual sistema de pensiones.
De hecho, en sus intervenciones públicas ha dicho que la iniciativa propuesta por la Mandataria “más que un perfeccionamiento, es un cambio sustantivo”: “Es un Pilar de Ahorro Colectivo con funcionamiento de reparto, porque incorpora un mecanismo intergeneracional que implica que los actuales cotizantes aportan a los pensionados que están en el momento de jubilar, y de carácter intrageneracional porque sus ingresos contribuyen a los cotizantes de menores ingresos. Y eso, atendiendo los principios de la seguridad social, no es otra cosa que un mecanismo de reparto”.
En 2013, el ICAL dirigido por Barraza realizó un seminario titulado “Hacia un nuevo sistema previsional”, que entre sus conclusiones sostenía que había que “reconstruir un sistema de reparto, que no es sino un clásico mecanismo de seguros, mediante el cual las cotizaciones de los trabajadores en actividad se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Dicho esquema ha demostrado su solidez y sustentabilidad otorgando pensiones muy decentes a lo largo de más de un siglo a poblaciones mucho más maduras que la chilena, que es muy joven (…). Eso permitiría mejorar las pensiones al nivel de INP sin aumentar las cotizaciones actuales y con excedente grandísimo a favor del fisco, que permitiría entre otras cosas financiar la educación gratuita y todo ello sin tocar el fondo”.
Los ex ICAL que hoy están en el gobierno
Pero Barraza no está solo en esta lucha por crear un sistema de reparto paralelo al sistema de AFP. Al menos cinco personas que trabajaban en ICAL –muchos de ellos cuando él lo dirigía- cumplen funciones en el gobierno. Este es el caso de Roberto Barraza Saavedra, que hoy se desempeña como “profesional de asesoría legislativa y coordinación internacional” en la Subsecretaría de Previsión Social. El abogado publicó un documento en el año 2013 denominado “Pensando un nuevo sistema previsional”, en el que entrega luces de la fórmula que se está amasando actualmente en el gobierno: “Con todo lo anterior, la solución al menos para el grupo de trabajo es clara: la instauración de un nuevo sistema público de reparto. De qué manera llevarlo a cabo: ¿avanzar directamente hacia un sistema único de reparto público? O tal vez ¿hacia un sistema complementario en que conviva el sistema público y privado? O incluso ¿hacia un sistema de coexistencia entre ambos sistemas y en competencia? He ahí el dilema. Al parecer queda bastante por discutir”.
A esto se suma Raúl Núñez Brito, que comenzó trabajando en octubre de 2014 en la Subsecretaría de Servicios Sociales, pero que hoy se desempeña en el Servicio Nacional del Adulto Mayor prestando asesoría en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vínculos.
Francisco Rivera Tobar, profesor en Historia y ciencias Sociales, se desempeña, según Transparencia, como “profesional de apoyo; levantamiento de información destinado a la caracterización de grupos vulnerables migrantes con perfil IEF” en la Subsecretaría de Servicios Sociales.
También está la asistente social, Javiera Meneses Gutiérrez, quien comenzó trabajando en agosto de 2015 en la Subsecretaría de Previsión Social, pero este año se trasladó a la Subsecretaría de Servicios Sociales.
Por último, Felipe Enero Segovia, quien es analista en políticas y asuntos internacionales en la Subsecretaría General de Gobierno.