Publicado el 22 enero, 2021

Los vínculos políticos de los nuevos alcaldes involucrados en el caso luminarias

Autor:

Emily Avendaño

Las figuras del Partido Socialista Alejandro Huala, jefe comunal de Coyhaique, y Sergio Echeverría de San Joaquín, así como el edil UDI Fernando Paredes resultaron involucrados en el caso luminarias luego de que se filtraran las declaraciones hechas por dos empleados de Itelecom. Las consecuencias ya están a la vista: Huala, quien ganó las primarias socialista en diciembre e iba por una tercera reelección en abril renunció a competir y su militancia fue suspendida. Echeverría, que tiene pasado también con el PC y el PPD, negó las acusaciones y apuntó que entregaría todos los antecedentes en la Fiscalía. Mientras que por Chile Vamos, Paredes rechazó cualquier irregularidad. En su comuna el contrato con Itelecom no llegó a ejecutarse.

Autor:

Emily Avendaño

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La filtración de las declaraciones hechas al Ministerio Público de dos ejecutivos de la empresa de luminarias Itelecom, da cuenta de que la trama de sobornos implementada por la compañía para la adjudicación de contratos podría ir más allá de Iquique, Chillán, Melipilla y Negrete, donde hay autoridades municipales imputadas por delitos como cohecho, violación de secreto y fraude al fisco. Los dichos de los los ingenieros Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial de la compañía -hechos públicos por La Tercera-, dan cuenta entre los principales involucrados de dos alcaldes socialistas, Sergio Echeverría (San Joaquín) y Alejandro Huala (Coyhaique) y de un UDI: Fernando Paredes (Puerto Natales), quienes son señalados porque habrían pactado coimas con la compañía. 

Las acusaciones no cayeron en saco roto, pues Huala, quien había ganado la primaria socialista hecha en diciembre y se había impuesto como candidato para competir por la reelección municipal en abril de 2021, renunció a su candidatura. 

“Lo hago porque no voy a ser yo quien dificulte el camino de la centroizquierda para mantener la alcaldía. No seré yo quien regale en bandeja la alcaldía de la capital regional a la derecha política. Hoy se ha hecho uso de una situación judicial, se ha utilizado políticamente todo este tema y evidentemente eso lo único que provoca es desconfianza, por lo tanto, he decidido dar un paso al costado”, anunció en un video que hizo circular ayer y agregó que está con licencia médica por haber sido contacto estrecho de una persona con Covid-19.

Huala fue electo por primera vez en 2012 e iba a competir ahora por conseguir su tercer período. En esta etapa contaba con el respaldo del presidente nacional del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien aseguró que Huala sería inscrito como el candidato oficial del Pacto Unidad Constituyente tras un amago de la DC de llevar a un candidato (el acuerdo en 85 comunas no consideraba a Coyhaique). 

Citan diarios regionales que a través de un video enviado a la militancia, Elizalde apuntó: “Conozco a Alejandro Huala hace mucho tiempo, su enorme vocación de servicio y cómo ha impulsado múltiples iniciativas para mejorar la calidad de vida en su comuna”. 

Tras darse a conocer la declaración de Ricardo Rodríguez, quien manifestó que Huala recibió un pago de “$8 millones en efectivo en una caja corrugada de vino” por la adjudicación de un contrato, el presidente regional del PS, Fabián Aniñir convocó a una reunión extraordinaria del Comité Regional de la colectividad e informó que se iba a solicitar la suspensión de su militancia mientras dure la investigación.

El Partido Socialista aceptó que Huala compitiese por un tercer período pese a que ya sobre él existen acusaciones por corrupción. El informe de Investigación Especial N° 80 elaborado por la Contraloría detectó conflicto de interés y contrataciones irregulares hechas por la Municipalidad, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público en enero de 2020 y por los cuales Huala estaría próximo a ser formalizado por malversación de fondos públicos.

De acuerdo con el informe, la Contraloría alertó un eventual conflicto de interés durante el proceso de contratación del corral municipal de Coyhaique debido a que el asesor jurídico de la municipalidad intervino en diferentes etapas del contrato de arrendamiento del terreno, así como también en la licitación de concesión del servicio, pese a que dicho funcionario mantenía o mantiene “vínculos comerciales con los propietarios de las empresas involucradas en ambos contratos”. En el contexto de esta investigación el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la incautación de computadores desde el interior del municipio.

El diputado por la región René Alinco (ind.) señala que esta investigación comenzó por una denuncia que él hizo a la Contraloría “como ciudadano pues para ese momento aún no había sido electo diputado”. Con respecto a los actuales señalamientos afirmó que confía que haya sanciones a los responsables de las irregularidades que existen al interior de la Municipalidad. “Yo sé que las hay”, subrayó. “Hay nepotismo, tráfico de influencias, malos usos de bienes municipales en los que están involucrados varios funcionarios de la confianza de Huala. Sospecho que al menos hay asociación ilícita pues el asesor jurídico de la municipalidad, Waldemar Sanhueza, participa en empresas que tienen contratos con la comuna”.

Con respecto a que el PS haya accedido a llevar a Huala como candidato a sabiendas de la existencia de esta investigación, afirmó que la dirección regional de la tienda estaba al tanto de las irregularidades. “Muchos dirigentes del comité regional trabajan bajo el mando de Huala, la Municipalidad se ha convertido en un nido de amigos que participan del mismo partido. No es suficiente que el PS le suspenda la militancia, los habitantes de la comuna piden la renuncia de Huala”. 

Por su parte, el diputado DC Miguel Ángel Calisto asevera que se trata de “una situación extremadamente grave, un hecho de corrupción complejo. Entre los parlamentarios alguna información se manejaba del tema, por lo tanto, es importante aclarar estos hechos y que la Contraloría y la Fiscalía investiguen para llegar a fondo de este asunto por el bien de la ciudad y de sus arcas públicas”.

Además, la Contraloría Regional de Aysén, mediante 3 informes, encontró irregularidades financieras que superan los $500.000.000, en temas de concesiones, de subvención escolar y en la Corporación Cultural Municipal, según un resumen de todos estos casos elaborado por la concejala de la zona, Georgina Calisto. El caso más grave documentado sería el que involucra a la Corporación Cultural, sobre la fiscalización, dice el reporte, en sus conclusiones se cuestiona la probidad de transferencias realizadas sobre los $457.000.000. 

Huala logró sorpresivamente la alcaldía en 2012 al impedir la reelección del UDI Omar Muñoz. Se hizo conocido por su rol como director de conflicto de la CUT y también como dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch). Para 2012 era dirigente de los pescadores artesanales de Melinka y formó parte de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el Movimiento Social por Aysén, en un conflicto que marcó la primera Presidencia de Sebastián Piñera. 

Huala también integró la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) y como edil se involucró en la pugna entre Camilo Escalona y Marcelo Díaz cuando en 2017 ambos mostraron su interés por convertirse en el candidato a senador del PS por la Región de Aysén. Huala respaldó a Díaz, pero cuando este finalmente se definió con una postulación como  diputado por Valparaíso, el edil se convirtió en el jefe de campaña de Escalona, quien finalmente no alcanzó el Senado.

El otro PS involucrado

El alcalde de San Joaquín Sergio Echeverría tiene un largo camino político en el que se ha paseado por varios partidos de izquierda. Comenzó su militancia en el Partido Comunista, ya que es hijo y nieto de obreros salitreros que tenían esa inclinación. En 1992 emigró al PPD, colectividad a la cual estuvo relacionado hasta 2019. Aunque en 2010 anunció que renunciaría a su adhesión y se declaró independiente. Y en los últimos dos años, su vida política ha transcurrido con el Partido Socialista. Finalmente, él mismo se autodefine como un “hombre de izquierda”.

En su caso tanto Pedro Guerra como Ricardo Rodríguez aseguraron que Marcelo Lefort -principal representante de Itelecom- le habría hecho pagos sin necesidad de intermediarios. 

Echeverría logra la Municipalidad de San Joaquín siendo leal al alcalde saliente Ramón Farías (PPD) y a su entonces señora Ximena Vidal (quien era diputada por el distrito que incluye a San Joaquín). Echeverría fue jefe de gabinete de Farías durante ocho años y luego concejal de esa comuna. Le ganó a la candidata RN Raquel Argandoña en 2004 y desde entonces adelantó que quería ser edil por tres períodos. Suma 16 años como alcalde de San Joaquín. 

Las primeras diferencias públicas con el PPD las manifestó en 2010 cuando Pepe Auth selló un pacto con Carolina Tohá para que la ex vocera se convirtiera en la próxima presidenta del partido. En la ocasión trascendió que Echeverría, descrito como un “hombre emblemático del girardismo” pensó en renunciar tras enterarse del acuerdo. En el mismo mes de mayo Echeverría informó que presentó ante el Servicio Electoral su renuncia al partido, pero dijo que se debía a que recibió una notificación del Tribunal Supremo de la colectividad, en que se le señalaba por escrito de una amonestación por haberse sacado una fotografía durante las pasadas elecciones parlamentarias con el candidato de la DC por San Joaquín, Gonzalo Duarte.

Luego de eso, Echeverría volvió a coquetear con el Partido Comunista, asistió como invitado a varias actividades de ese partido y cuando en octubre de 2011 aparecieron rayados de “Camila Vallejo diputada” se supo que Echeverría le había ofrecido a la otrora dirigenta estudiantil ser candidata a legisladora por el distrito 25 (San Joaquín, Macul y La Granja). Ello luego que el PC le ofreciera formalmente a Echeverría apoyarlo en su reelección como edil, según una nota de La Segunda. Al final, Echeverría compitió en 2012 tanto con el respaldo del PPD como con el del PC.

Este último partido también ha estado vinculado con el caso luminarias luego de que una de sus figuras más destacadas, el alcalde Daniel Jadue, recibiera una visita del Ministerio Público por los contratos entre Recoleta e Itelecom. Además también se revelaron unos audios de conversaciones entre Ramón Sepúlveda, abogado de Jadue, y Lefort.  

Echeverría fue  parte del equipo por la campaña presidencial de Alejandro Guillier, en el que estuvo con Guido Girardi, Carlos Montes y Sadi Melo, entre otros, pero no salió en buenos términos. 

Su vinculación con el Partido Socialista se hizo más notoria el año pasado cuando fue parte del  del equipo especial de “fact checking” organizado por esa tienda para supervisar el Plan de Emergencia Económico aprobado para hacer frente al coronavirus.

Tras conocerse el reportaje de La Tercera, Echeverría emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones. Aunque reconoció que en 2018 se firmó un contrato con Itelecom para mejorar las luminarias de la comuna. Indicó, además, que pondrá a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes para esclarecer los hechos. 

Los nexos con Chile Vamos 

Personalidades del oficialismo también se vieron envueltos en esta polémica, en particular el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes de la UDI. En su caso apuntan a que habrían existido gestiones de Itelecom, aunque el contrato con la empresa nunca llegó a ejecutarse, y aunque le habrían ofrecido dinero, los pagos no se concretaron. 

Paredes siempre ha estado vinculado a la labor municipal. En 1996 fue elegido alcalde de Torres del Paine, cargo en el cual se repostuló en dos ocasiones más, y en el que permaneció hasta 2008. Ese mismo año postuló a Puerto Natales, en donde también ya lleva tres periodos consecutivos.

Durante las últimas semanas, al alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, lo han acusado por redes sociales y mediante medios digitales de diversos temas, tanto de haber otorgado licitaciones a empresas acusadas de corrupción y de que trabajadores municipales tendrían más de un contrato con la entidad.

Es el actual Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y como presidente del directorio de la corporación Cormunat (Corporación municipal de Puerto Natales), tiene una denuncia en su contra por una deuda que se debió haber pagado a 81 docentes que trabajan para la corporación que asciende a $326.063.454, sin considerar los intereses, reajustes y recargos por no pago de las cuotas a las que fue obligado. La demanda se realizó el año 2016 debido al no pago de bonos desde diciembre de 2010.

Paredes también negó cualquier tipo de sobornos o pagos ilegales recibidos de Itelecom. 

La declaración de los ingenieros de Itelecom también menciona a otras comunas que están bajo el control de otras fuerzas políticas relacionadas con la derecha. 

Por ejemplo, se dice que en San Miguel una abogada “de confianza del alcalde” recibió un soborno. Ese municipio lo dirige desde 2016 Luis Sanhueza Bravo, quien inició su carrera política en marzo de 2008 con Renovación Nacional.

De la Municipalidad de Puente Alto, dirigida por Germán Codina quien también milita en RN, se mencionan los trabajos de gestoría realizados por Cristián Ureta, quien está formalizado por la Fiscalía y por un familiar de Lavín, llamado Álvaro Lavín e indican que se contactaron con el administrador municipal Christian Gore. Antes de estar en Puente Alto, Gore fue administrador municipal de Huechuraba cuando esa alcaldía estaba en manos de Carolina Plaza (en aquel momento UDI y luego RN). Luego se desempeñó como abogado en el Instituto Libertad, think tank de RN. 

Por último, de Nueva Imperial se menciona a un supuesto intermediario llamado David Encina -que también hizo gestiones en San Miguel-. Esa comuna la dirige desde hace 20 años el DC Manuel Salas Trautmann.

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