Publicado el 26 de julio, 2020

Los vínculos de Francisco Solar y Mónica Caballero con el estallido del 18 de octubre

Autor:

Emily Avendaño

La “Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre” publicó un comunicado en solidaridad con ambos. La organización defiende a los detenidos en las manifestaciones ocurridas del 18-O en adelante. Los abogados de Solar presentaron en noviembre una querella en contra del Presidente Piñera “por crímenes de lesa humanidad”. Además, la pareja está vinculada con el anarquismo, misma fuerza que ha tenido al Metro como objetivo de ataques. Solar y Caballero quedaron en prisión preventiva por el envío y colocación de artefactos explosivos. 

Autor:

Emily Avendaño

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Tras participar en una manifestación el 15 de mayo en las afueras del canal de televisión Mega, Francisco Solar fue detenido por Carabineros. El arresto se produjo por “desórdenes” durante una convocatoria de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, organización que tiene una campaña que llaman “viernes de agitación” y ese día la convocatoria era frente al canal. 

La Fiscalía Metropolitana Sur utilizó este hecho para comparar el material genético del polerón que vestía Solar ese día con el de un gorro hallado en un basurero el mediodía del 28 de julio de 2019, que se había identificado que pertenecía a la persona que envió, a través de Correos de Chile, dos artefactos explosivos: uno dirigido a la oficina de Quiñenco del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el otro al mayor de Carabineros Manuel Guzmán Hernández en la 54° Comisaría de Huechuraba.

La audiencia de formalización por estos hechos se llevó a cabo el 24 de julio, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, en una jornada que comenzó a las 17:00 horas y se prolongó hasta pasada la medianoche. Finalmente, la jueza Mónica Vergara determinó la prisión preventiva para ambos imputados. Vergara ordenó el ingreso de Solar a la Unidad Especial de Máxima Seguridad de Gendarmería y de Mónica Caballero al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de seis meses.

La misma fecha de la aprehensión en Mega la Coordinadora 18 de Octubre publicó un comunicado en sus redes sociales. “A los pocos minutos de iniciado el mitin la policía se dejó caer sobre los asistentes, rociando gas pimienta en la cara de varios y deteniendo a uno de nuestros compañeros”, escribieron.   

En esa oportunidad, reportó La Tercera, Solar fue llevado a la 33ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa y lo acompañó el abogado Nicolás Toro. Este jurista es parte del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, que integra la Coordinadora. Esta última instancia se gestó a finales de 2019 y congrega a “familiares de prisioneros encarcelados durante la crisis y organizaciones sociales, hasta movimientos anticarcelarios y personas del FPMR”, publicó The Clinic.

Nicolás Toro y Óscar Castro Vila fueron los abogados a cargo de la defensa de Solar durante la formalización del viernes. Toro está de acuerdo con la tesis de que los detenidos en el contexto de las manifestaciones “son presos políticos, en primer término, porque generan acciones de rechazo al modelo neoliberal y que a raíz de lo mismo sufren la prisión” y, entre otros casos, representó a los ex voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau en una querella que introdujeron luego de recibir amenazas en redes sociales, tras el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

En otra de sus declaraciones, el abogado cuestionó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que firmaron la mayoría de las fuerzas políticas del país: “el Poder Judicial está haciendo parte de la misma política represiva de las policías y del Estado en general frente a las protestas (…). La conducta arbitraria y antisocial de la justicia, además es uno de los aspectos del ‘acuerdo’ de todo el sistema político pactado el 15 de noviembre de 2019”.

Por su parte, la Coordinadora 18 de octubre también califica a todos los detenidos en las sucesivas protestas que ocurrieron en el país tras el 18 de octubre como “presos políticos” y están en campaña por su libertad. “Desde hace 8 meses el estado de $hile tiene en prisión preventiva a muchxs compás que salieron a exigir dignidad. Se avecinan los juicios y no podemos dejarlxs solxs, quien se olvida de lxs presxs se olvida de la lucha!!!”, publicaron como leyenda de un dibujo en el que aparecen barricadas y personas encapuchadas. 

Además, a principios de julio compartieron un video en el que destacan las frases “Contra el toque de queda. Desobediencia y organización”, el material lo acompaña un escrito en el que subrayan: “La situación actual viene a confirmar, una vez más, que este sistema es inservible e insufrible, que las crisis las sigue pagando el pueblo, con muerte y hambre. Por todo esto y, hoy más que nunca, la movilización es nuestra única alternativa”.

Más recientemente dedican su perfil al apoyo de los “presos políticos mapuche” y a la huelga de hambre que llevan a cabo 27 presos de origen mapuche y el machi Celestino Córdova. Este último está condenado a 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay; y los otros a quienes califican como “presos políticos” están detenidos por delitos comunes como homicidio frustrado, robo, porte ilegal de arma de fuego y municiones, microtráfico de drogas; y uno de ellos, Freddy Marileo Marileo, por el asesinato de los dos hijos de un lonko. 

El viernes, la Coordinadora publicó otro comunicado en solidaridad con Solar, y con la también detenida Mónica Caballero. Ambos estuvieron involucrados en el llamado Caso Bombas I. En 2012 los tribunales consideraron que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los atentados, quedaron en libertad, recibieron una indemnización del Estado y viajaron a España. Allí cumplieron una condena de 4 años y 6 meses de cárcel por colocar un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, en 2013. Regresaron a Chile el 7 de marzo de 2017, al terminar la condena y ser expulsados de España.

“Visibilizamos y repudiamos la persecución política permanente llevada a cabo hacia ambos por levantarse como luchadores sociales anti-autoritarios que, entre otros, hoy están siendo represaliados sistemáticamente de la misma forma que todos quienes desde el inicio de la revuelta se manifiestan en contra del aparato del poder en la lucha por la dignidad”, dice el más reciente escrito de la Coordinadora 18 de Octubre. 

El perfil de sus abogados 

En el pasado la defensa de Francisco Solar y Mónica Caballero ha estado a cargo de abogados de la ONG Defensoría Popular reconocida por tener un historial en la defensa de personas acusadas violar la Ley Antiterrorista, por ataques incendiarios o envío de artefactos explosivos. 

En 2015 esta organización sufrió una escisión, por lo que existían dos agrupaciones que se adjudicaban ese nombre. Ese año los miembros fundadores expulsaron al abogado Rodrigo Román Andoñe, quien defiende al adolescente que fue el primer formalizado por incendiar el Metro de Santiago; y también ha tenido a su cargo la representación de Manuel Olate Céspedes, un militante comunista chileno requerido por Colombia por su presunta vinculación con las FARC, a los comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay; y a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. 

La desvinculación ocurrió, según la nota publicada entonces en Facebook por la organización -y que eliminaron-, porque Román ejerció “violencia machista en contra de dos de las abogadas del colectivo” Betsabé Carrasco, y María Rivera, esta última además de ser fundadora de la Defensoría Popular, es la principal dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), una de las organizaciones que se hizo presente durante las protestas en Plaza Baquedano y cuyos líderes han llamado abiertamente a que “caiga Piñera”.

Sin embargo, en los archivos aún quedan las imágenes de Román y Rivera juntos en 2012 asistiendo a los tribunales o ante la comisión investigadora que tenía a su cargo el denominado Caso Bombas I. 

El 12 de julio, el ala de la Defensoría a la que pertenece Rivera publicó un comunicado en el que informan de un cambio de imagen y de nombre. Ahora se identifican como Defensa Popular. “Hoy más que nunca, ante el avance de las políticas represivas del Estado de Chile, es sumamente importante que los espacios de defensa popular se expandan, y que no cesen por falta de recursos o poco compromiso”, escribieron. Ambas organizaciones se han dedicado a la defensa de los detenidos a raíz de la sucesión de protestas ocurridas tras el 18 de octubre. 

Los abogados de la Defensa Popular tienen a su cargo también la defensa de Sergio Martín Olivares Urtubia, un ex mirista que quedó en prisión preventiva después de disparar a sangre fría a un guardia de ServiEstado.

Desde la Defensa Popular -antes Defensoría- en conjunto con el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, presentaron en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de “Crimen de Lesa Humanidad”, contra el Presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019. Oscar Castro, del Comité de Defensa del Pueblo y defensor de Solar durante la audiencia del viernes, dijo en la ocasión: “Nosotros identificamos al Mandatario porque, como autoridad civil, creemos que es el principal responsable de lo que ocurre en el Estado de Derecho, independiente de que puedan existir otros”. Mientras que la abogada María Rivera dijo que llevarían este caso hasta las últimas consecuencias, fuese en instancias judiciales nacionales o internacionales.

Otro integrante de esta organización es Washington Lizana quien defendió a Caballero durante el Caso Bombas I.

Anarquismo y los ataques al Metro 

Cuando Solar fue detenido en la protesta llevada a cabo en Mega, en el portal Contrainfo publicaron una nota que titularon “Detuvieron al compañero anarquista Francisco Solar”, en el que se refieren a él con su apodo: “cariñoso” y finalizan con una consigna: “Saquen sus manos de nuestro compañero ‘Cari’, libertad ya!”.

Fue precisamente en este portal que apareció la adjudicación de los atentados con paquetes-bomba hechos contra Hinzpeter y el Mayor de Carabineros Manuel Guzmán, comisario de la 54° Comisaría de Huechuraba.

En ese comunicado, firmado por el grupo “Cómplices Sediciosos/Fracción por la Venganza”acusan a Hinzpeter de “desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera”.

De Manuel Guzmán dicen que era el “encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia Lopéz durante los enfrentamientos callejeros de septiembre”, y apuntan que cualquier comisaría es un “objetivo válido”. Agrega el texto: “La sociedad policiaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra es completamente válida”.

En la formalización del viernes a Solar y a Caballero se les imputó también por colocar dos explosivos en el edificio Tánica, ubicado el Vitacura, en febrero de este año. En el acto a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur queda constancia de que “en ambos hechos, los autores publicaron posteriormente a través de internet sendas adjudicaciones de los atentados con artefactos explosivos dando cuenta de que su finalidad es atacar lo que denominan clase adinerada, grupos económicos de burguesía, por un lado; y a la policía de Carabineros de Chile, por otro” 

De acuerdo con los fiscales, las bombas “estaban diseñadas para implosionar con una diferencia horaria que permitiera que producida la primera detonación, una vez que concurriera el personal policial y estando ellos trabajando se produjera la detonación del segundo artefacto y provocar así la muerte de algún funcionario policial”.

Una investigación realizada por El Líbero en octubre pasado da cuenta de que el Metro de Santiago era un blanco para los grupos anarquistas o violentos al menos desde el año 2014, pues las campañas en redes sociales para eludir el pago de la tarifa del transporte existen desde entonces. Además, destaca el bombazo en el Subcentro de la estación Escuela Militar, ocurrido el 8 de septiembre de 2014.

El Caso Bombas I, por el que fueron absueltos Solar y Caballero, comenzó en enero de 2009 cuando un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en diversos puntos de Santiago, en los meses siguientes continuaron los atentados de este tipo y el 22 de mayo de 2009 murió Mauricio Morales cuando se trasladaba en bicicleta al centro de Santiago llevando una bomba en una mochila en su espalda. El artefacto que presuntamente instalaría en la Escuela de Gendarmería le estalló. Morales terminó por convertirse en un símbolo de los anarquistas. 

“Evade”, “okupa”, “rompe el Metro”, “daña”, “saquea”, “odia y viva la destrucción” son algunas de las expresiones violentas que aparecían rayadas en las paredes entre 2014 y 2018, así como la A anarquista dibujada junto a la hoz y martillo comunista. En la misma página de Contrainfo, además de la adjudicación del atentado de Hinzpeter, hay un post del 7 de octubre de 2019 con la imagen de una micro envuelto por el fuego y el llamado a una semana de sabotaje y evasión del transporte público, y si en el buscador de la página se utilizan los términos “metro de Santiago” o “Transantiago” aparecen decenas de resultados, en su mayoría adjudicándose ataques incendiarios contra esos sistemas de transporte.

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