Los vínculos con el Partido Comunista de quienes dirigen la campaña contra el regreso a clases

El pulso sobre la pertinencia del retorno a clases continúa. La Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), al igual que su presidenta Dafne Concha han instalado en Twitter la etiqueta #NoAlRetorno2020. Los gremios coordinados por la Secretaría de Educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en conjunto con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) convocaron a un “paro nacional virtual y presencial” para los días 20 y 21 de agosto -ayer y hoy-. Lo que tienen en común estas tres organizaciones es que todas tienen dirigentes ligados al Partido Comunista. 

La Corpade apareció en 2011, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles de aquel entonces, y ya desde ese tiempo -hace casi una década- Dafne Concha está en la dirigencia, aunque tiene un hijo único egresado de la universidad. No obstante, según los estatutos de la coordinadora constituida formalmente en 2015 “podrán ser adherentes de Corpade todos aquellos padres, madres y/o apoderados que tengan o hayan tenido hijos en la educación inicial, básica, media o que actualmente cursen estudios superiores”. 

La instancia, según relató la propia Concha en una entrevista ofrecida a El Siglo en 2011, nace desde liceos emblemáticos como el Liceo 1, el Aplicación, el INBA y el Barros Borgoño, entre otros. La propia dirigente ahora es ex apoderada del Liceo Aplicación. 

En su presentación la coordinadora indica que busca “una nueva educación pública, gratuita, de calidad, integral, inclusiva, democrática y que sea garantizada como un derecho social en la nueva Constitución Política, la cual será parte del ideario de Corpade”. La web de la organización muestra que tuvieron elecciones en 2015, cuando Concha fue electa para encabezar el directorio hasta 2018. Sin embargo, no hay información sobre el momento en que esas autoridades fueron renovadas. 

En una entrevista publicada ayer por Interferencia, Concha aparece como Presidenta de la organización y desde allí aboga porque no se reabran las escuelas y abre la puerta para llevar la decisión del retorno a clases a los tribunales. 

Concha que en su cuenta de Twitter describe: “Mi corazón rojo y a la izquierda” se casó en 1991 con Ricardo Castro Santis, militante del Partido Comunista desde 1987. El nombre de este académico matemático de la Universidad Tecnológica Metropolitana resonó en los medios en mayo de 2017, cuando La Tercera hizo público que Castro Santis y su socio Pablo González, a través de la sociedad Inversiones Progreso SpA, acordaron el traspaso de un centenar de propiedades que pertenecían al Partido Comunista por $3.500 millones. Dice el diario, “según conocedores de la venta de las propiedades del PC, la sociedad de Castro y González se creó especialmente para concretar la adquisición de los bienes inmuebles, aunque ninguno de los inversionistas posee trayectoria en este tipo de negocios”.

Aunque el monto de la transacción era de $3.500 millones pagaderos a 10 años, el capital de Progreso SpA era de apenas $5 millones, repartidos en $2,5 millones para cada uno de los socios. 

La venta fue acordada para ajustarse a la ley de partidos que obliga a las colectividades a usar al menos dos tercios de sus propiedades en fines propios de la actividad partidaria.

Luego de conocerse la información, el PC emitió un comunicado en el que señalaron: “Que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada, tampoco tenemos opinión en la forma en que los actuales propietarios decidan manejar sus inversiones, siendo nuestro único interés y preocupación obtener el cumplimiento de los acuerdos de pago según las condiciones acordadas en su momento”. 

Castro, por su parte, ofreció una entrevista a La Segunda en donde tuvo que aclarar que “no fue una venta simulada”; en el diálogo también dijo que de su paso por las Juventudes Comunistas conserva amistades, “aunque no íntimas”, como las del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los ex ministros Claudia Pascual y Marcos Barraza.

Hay una nota de la municipalidad de Recoleta del año 2014 que muestra la participación de Concha en un foro por la reforma educacional organizado por la comuna, actividad en la que también estuvo la diputada Camila Vallejo. Más recientemente, en 2018, Jadue compartió una foto en la que aparece junto a la dirigente de Corpade durante una marcha. 

Desde el mes de abril, Corpade ha rechazado la posibilidad del retorno a las clases presenciales acusando “indolencia” del ministro de Educación Raúl Figueroa ante los eventuales contagios que esto podría implicar. Ahora, en agosto, cuando el país ya pasó el peak, Corpade insiste en que no es tiempo de regresar a clases ya que esto “puede ser causante de un rebrote con insospechadas e incluso fatales consecuencias”.

El llamado a huelga  

El pasado 4 de agosto el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de las consecuencias de “la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación” debido a la pandemia del Covid-19. “Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”, dijo ante el cierre de escuelas en más de 160 países, que afecta a más de 1.000 millones de estudiantes.

En su exposición Guterres llamó a reabrir las escuelas “una vez que la transmisión local del Covid-19 esté controlada” y los centros pudiesen abrir de la manera más segura posible. 

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, declaró el martes durante una sesión especial en el hemiciclo de la Cámara de Diputados: “Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de local de votación, me pregunto muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan ahí beneficiarse de ese espacio protector?”.

Un día después, la CUT y sus gremios afiliados, a través de su Secretaría de Educación, convocaron “a un paro nacional virtual y presencial de 48 horas, para los días jueves 20 y viernes 21 de agosto, en rechazo a la vuelta a clases que pretende imponer el Gobierno”. El llamado lo hicieron junto a la Cones y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). 

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, es militante del PC y ante los dichos de Figueroa en el Congreso tuiteó: “La prioridad para el ministerio no es la vida, seguridad o educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las escuelas como ‘guardería’ para que padres/madres salgan a trabajar. Aquí no hay criterio pedagógico, es criterio de mercado, por eso hemos demandado un plan integral”.

El comunicado de la CUT sostiene que el interés de retornar a clases obedece, más bien, a que “los gremios empresariales han concluido que la permanencia de niños y jóvenes en casa es un obstáculo para lanzar a padres y madres al trabajo. No los mueve ningún interés educativo o pedagógico como ha pretendido el Mineduc. La urgencia de los grandes empresarios y el gobierno por reactivar la economía no puede ser a costa de poner en riesgo la salud y vida de la infancia y juventud chilena”.

En la rueda de prensa virtual participó también la vocera de la Cones, Manuela Gutiérrez, hija del diputado Comunista Hugo Gutiérrez. En su llamado al paro dijo: “Como secundarios, desde el mundo estudiantil nos oponemos claramente al retorno a clases. Las condiciones, todo el mundo sabe, que nos están por lo menos en este país que desde un principio no se tomaron las medidas necesarias”.

Manuela Gutiérrez participó el 6 de agosto en una reunión de las organizaciones de Educación afiliadas a la CUT “para evaluar la entrega masiva de la carta dirigida a las y los alcaldes de Chile exigiendo el rechazo por el retorno a clases, la apertura de salas cuna y jardines infantiles, así también en ella se solicita la instalación de una mesa de trabajo entre las autoridades educacionales y sanitarias”

El otro vocero de la Cones, Pablo Villa, también pertenecería a las JJ.CC. “Lo que nosotros proponemos y venimos proponiendo desde que se cerraron los establecimientos educacionales en marzo, cuando el ministro Raúl Figueroa propuso que había que volver a clases el 27 de abril, es que se debería cerrar el año escolar”, dijo Villa en una entrevista a Interferencia.

Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) también consideran que “no hay posibilidad de retorno a clases en las condiciones actuales”. Uno de sus nuevos voceros, Marcos Fauré, propuso que sean las propias comunidades educativas las que decidan “cuándo y cómo abrir”.

Sobre estos dos centros de representación de estudiantes secundarios hay una declaración en el instagram del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional publicada el 8 de enero. Allí advierten “la vinculación de gran parte de su mesa directiva con la organización estudiantil Unión Rebelde” de la Aces, y explican que Unión Rebelde “nace desde la fusión entre los colectivos; Ofensiva Secundaria (OS) y Juventud Rebelde (JR), los cuales, durante los últimos años han ostentado los diversos cargos de la Aces, siendo así un símil de la hegemonía de la JJ.CC. al interior de la Cones”. 

Valentina Miranda, quien era vocera de la Cones el año pasado, forma parte de la Jota, como se conoce a las Juventudes Comunistas. Miranda, viajó a fines de mayo de 2019 a Caracas para participar del XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que contó con la participación de Nicolás Maduro.