Tres son los proyectos que llevan la firma de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, que buscan realizar reformas constitucionales que establezcan un «sistema de pensiones solidarias» y que modifican el derecho de propiedad de los fondos. Bajo el título de la primera iniciativa se explicita la finalidad de «diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones»; es decir, un retiro del ahorro y su reintegración estatal. 

La primera propuesta fue ingresada el 13 de mayo de 2020 e impulsada en conjunto, además de Provoste (DC), por los senadores: Alejandro Navarro (PRO), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Órdenes (Ind.). Expresamente establece que la reforma “nacionaliza los fondos de pensiones, traspasa funciones de las administradoras de fondos de pensiones y la superintendencia de pensiones, al Instituto de Seguridad Social de Chile”. 

A la iniciativa, le siguieron otras dos: una del 9 de junio, seguida de una tercera del 19 de agosto. Estas últimas apuntan directamente a modificar el derecho de propiedad de los fondos de pensiones. Las propuestas de Provoste ingresaron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde la primera -que establece un Sistema de Pensiones Solidarias-, ya cuenta con varias sesiones legislativas, las que quedaron paralizadas el 26 de junio del año pasado. En cambio, los últimas dos, alojados en la misma comisión, no cuentan con discusiones.

Si bien la propuesta ha sido tema, luego de que varios legisladores de Chile Vamos hayan anunciado esta semana la introducción de normas que buscan contrarrestarla, desde el círculo cercano de la Presidenta del Senado subrayan que se ha descartado retirar su nombre del documento. Un hecho que resulta particularmente preocupante para la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School Chile, Cecilia Cifuentes, en especial porque el nombre de Provoste destaca como una posible aspirante a La Moneda. 

“Es increíble que la persona que promueve este proyecto de ley sea una eventual candidata a la presidencia, con una probabilidad de llegar a ser Presidenta de la República, entonces eso habla del deterioro político que estamos enfrentando en este momento”, critica Cifuentes. 

Para la economista, el proyecto de reforma implica una serie de consecuencias económicas y jurídicas: “Se vulnera el derecho de propiedad y es una señal muy compleja, si un país puede aprobar normas jurídicas que expropien de su ahorro a los trabajadores, los inversionistas dirían ‘yo en ese país no invierto bajo ninguna circunstancia’, porque si son capaces de robarle a los trabajadores, con mayor razón a un inversionista extranjero”. 

A su vez, opina que la política de los retiros de los fondos de pensiones fue bastante “funcional a la estrategia de estatización”; y enfatiza que «en materia de pensiones lo que ha pasado producto de la pandemia es, por lejos, lo más irresponsable que se ha hecho en la historia política de Chile desde la Unidad Popular”.

Batalla de reformas

La propuesta de los senadores ha provocado que una serie de parlamentarios presenten iniciativas que buscan frenar el proyecto. El senador de Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, presentó el martes 8 de junio una reforma constitucional para evitar «la nacionalización, expropiación, estatización o embargo».

A esto se suma, la iniciativa del diputado Jorge Alessandri (UDI) presentada ayer para el retiro del 100% de los fondos de pensiones que, de acuerdo con el parlamentario, busca redistribuir los fondos “a un bolsillo más seguro».

En conversación con El Líbero ejemplifica: «Como cuando te subes al Metro y cambias la billetera del bolsillo trasero al delantero, acá es lo mismo: transferir la plata a un lugar inembargable dentro del sistema financiero, sin liquidar los papeles, a un fondo mutuo, a un seguro de vida, a un ahorro voluntario, con compensaciones e incentivos tributarios, sale de la AFP si la persona lo quiere, pero queda como ahorro del país y como ahorro de pensión para ese cotizante”.

El diputado UDI sostiene que existe un grupo de parlamentarios que concuerda con él en que se deben pasar los fondos a “una cuenta blindada, deben ser alejados de las garras del populismo”. Al mismo tiempo, apunta que se debe volver a establecer en la Constitución que dichos ahorros son “inexpropiables, inembargables, no declarables de interés nacional y todos los sinónimos que los distintos sectores más radicales ocupan”.

La iniciativa firmada por la senadora Provoste en mayo había pasado más bien desapercibida, hasta que este miércoles 9, el diputado de la UDI acusara, a través de una carta enviada a El Mercurio, que el proyecto buscaba nacionalizar los fondos de pensiones, y describe que en la propuesta de los senadores no hay ni «nacionalización» ni «expropiación». «Lo que hay es una confiscación al margen de la ley, ilegítima e inconstitucional”, escribió. 

“No es hacer alardes de que viene el cuco, el cuco ya llegó, es un proyecto que entró por el Senado, firmado por Yasna Provoste presidenta del Senado”, subraya Alessandri. Para quien es precisamente por esto que toma especial relevancia ahora, “porque es precandidata presidencial y es de un partido de centro, por lo tanto, las intenciones están ahí. Todos los videos para atrás de otros candidatos presidenciales, como el alcalde Jadue, donde claramente su programa de gobierno se sustenta en el sistema de ahorro de todos los chilenos y con esa plata comienzan lo que ellos llaman el sistema de reparto que es una verdadera estafa piramidal”.

Agrega Alessandri: “Los fondos de pensiones ya son de todos los chilenos, por lo tanto, la palabra nacionalizar la ocupan para esconder, suavizar, morigerar un término que es mucho más duro que es confiscar”. En esa línea, dice, hay dos formas “de robarse los fondos, o te los roban todos de una y los meten a un pozo común o te los van roban mes a mes, obligando a invertir en empresas chilenas o estratégicas que ellos decidan con una menor rentabilidad”. 

Descalabro en el mercado

La economista Cecilia Cifuentes plantea que los proyectos que se están discutiendo en el Senado y que cuentan con el respaldo de Provoste, así como los retiros previos de los fondos de pensiones representan «un problema completamente insoluble para las pensiones de esos trabajadores a futuro”.

Percepción que es compartida por el economista senior de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, que afirma que la estrategia de nacionalización de los fondos incluye tomar los ahorros y liquidarlos, “lo que ya te genera un descalabro en el mercado”, para que esos montos sean transferidos al Estado. 

“Con esos dineros suben las pensiones de los que están jubilados hoy día. El problema va a venir después porque para los confiscados no van a haber recursos para poder garantizarles una pensión”, advierte Flores.

Coincide Cifuentes en que los problemas serán más graves para las pensiones futuras, que estarán en una situación “absolutamente inviable, insoluble, o sea la verdad es que las consecuencias son absoluta y completamente nefastas”, en especial con la concepción, pese a los bajos montos ahorrados, de igualmente hacer los retiros que hasta la fecha han sido permitidos. 

Los economistas hacen un paralelismo con lo ocurrido en Argentina, cuando en 2008 la presidenta de la época, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó el sistema de pensiones y entregó un Bono de Reconocimiento del Ahorro. 

“Lo que se ha planteado es un poco esta idea de reconocerle a las personas a través de un bono de deuda, de un papel, lo que la persona aportó, pero al final qué credibilidad tiene esa deuda, es una deuda que contrae el fisco”, advierte Cifuentes, quien también se remonta a la experiencia de la Reforma Agraria en Chile, cuando se le entregó a los anteriores dueños de esas tierras los denominados bonos CORA, “pero esos bonos nunca se pagaron porque simplemente el Estado no los podía pagar. Aquí pasaría algo equivalente porque no por el hecho de que el Estado reconozca el compromiso, eso va a significar que el Estado vaya a tener recursos”, alerta.

Esto, sobre todo, porque “Chile, que tenía una situación fiscal muy solvente, ya no la tiene. Entonces esto de que vaya a poder generar ingresos para pagar la deuda que está asumiendo ahora, es bastante riesgoso”, reafirma la economista.

En tanto, respecto a la justificación de los senadores que apuntan a resguardar los fondos ante la volatilidad de los mercados financieros globales, que originaron, por ejemplo, que entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, los fondos hayan perdido cerca de US$ 58.600 millones, Flores explica que  “habitualmente cuando se producen estas caídas por las recesiones mundiales, en un período entre 12 y 18 meses se observan recuperaciones de la bolsa bastante notorias, son ciclos transitorios”.

Ahora bien, actualmente la cotización individual es del 10%. Sin embargo, este proyecto apunta a un 18%, lo que para Flores tendrá efectos sobre el mercado del trabajo, lo que podría terminar siendo “un impuesto al trabajo”, es decir, “un incremento de esa magnitud es un impuesto a la contratación de mano de obra, lo cual probablemente te haría incrementar la informalidad, la persona sería contratada pero sin papeles dado el alto costo que tendría la seguridad social”, previene.

En qué consiste el sistema de pensiones solidarias

El proyecto presentado en mayo de 2020 apunta, en primer lugar, a modificar las facultades del Presidente de la República, del Congreso Nacional y agrega el capítulo XVI sobre nuevo sistema de pensiones. Además, crea el Instituto de Seguridad Social de Chile, que funcionará como organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El nuevo organismo sería considerado sucesor y continuador legal de la Superintendencia de Pensiones vigente actualmente. 

La reforma establece dos tipos de fondos: Fondo de Pensiones Solidarias y el Fondo de Reserva Técnico Legal de Pensiones. Este último será invertido en Obras Públicas según los ministerios de gobierno.

Ahora bien, la iniciativa propone que los fondos de las cuentas de capitalización individual, administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, pasen a ser propiedad de los trabajadores, montos que serán traspasados al nuevo organismo, que otorgará a cada persona, un “certificado saldo de ahorro y capitalización individual obligatorio acumulado”, mediante una Libreta Nacional que registrará su saldo en línea. Es por esto que se emitirá un certificado denominado Bono de Reconocimiento Nacional Previsional Solidario, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada del 2% anual.

Al mismo tiempo, obliga a una cotización del 18%, donde un 9% sea con cargo al empleados y el aporte correspondiente al trabajador se incrementará gradualmente de manera proporcional hasta el año 2026.

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