Publicado el 4 julio, 2021

Los nexos con Chile de una de las presas políticas en Nicaragua

Autor:

Daniela Bas

En conversación con El Líbero, Julio Sandino, desde el exilio en Estados Unidos, relata la situación que se vive en Nicaragua y la violenta detención de su madre Violeta Granera, hija de chilena y fiel defensora de los derechos humanos y la democracia, quien fue arrestada sin razón por el régimen de Daniel Ortega el pasado 8 de junio.

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Daniela Bas

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Entre el 4 y el 26 de junio son 21 los líderes opositores que han sido arrestados por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, acusados de cometer actos que atentan contra la soberanía nacional y por “traición a la patria”. A solo cuatro meses de las elecciones presidenciales en que Ortega busca ser reelecto por cuarta vez consecutiva -y quinto mandato- la policía nacional de Nicaragua mantiene en prisión a cinco precandidatos presidenciales, una decena de líderes de oposición, periodistas, empresarios y exguerrilleros sandinistas.

A pesar de que la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución el 16 de junio, con el respaldo de 26 países, condenando la represión del régimen y exigiendo la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de otros 130 presos políticos que están detenidos desde 2018, el gobierno nicaragüense aseguró que la decisión no es vinculante para el país y lo calificaron como una “práctica injerencista”. Se escudan en una reforma al Código Penal hecha por el gobierno el año pasado, la que ahora los ciudadanos ven como una “preparación” para este momento. Modificaron el plazo de las investigaciones policiales de 48 horas a 90 días, por lo que la policía tiene más tiempo y, a su vez, aumenta el período en que los detenidos políticos están en prisión.

Entre los recientes detenidos por Ortega se encuentra Violeta Granera Padilla, una mujer de 68 años, hija de chilena, quien ha luchado desde la década de los 90 por el respeto a los derechos humanos y la democracia en su país. En conversación con El Líbero, Julio Sandino Granera, hijo de la detenida, narra la situación de Nicaragua desde Estados Unidos, donde debió exiliarse desde 2019.

“Mi madre es inocente de cualquier cargo que le impute el régimen sandinista. Todos sabemos que es una persona honesta que ha luchado por Nicaragua con el corazón, sin esperar nada a cambio. Sé que seguirá la lucha desde la cárcel y nosotros la honraremos siguiendo la lucha desde afuera”, relata Sandino. Denuncia públicamente que su madre se encuentra detenida ilegalmente sin tener “ningún antecedente ni proceso legal abierto” al 25 de junio, como lo establece una constancia de la Corte Suprema de Justicia.

Violeta Granera fue detenida la noche del 8 de junio en su casa. “La esposaron y la sacaron fuera de casa, la golpearon y después la dejaron. Días después volvieron para llevársela a la cárcel”, cuenta su hijo. Quien la acompañaba en ese momento era Alfonso Sandino, el único hijo de Violeta que se mantiene en Nicaragua para ayudar con la detención de su madre.

Violeta Granera siempre fue un blanco fijo para el gobierno de Ortega, asegura su hijo. Su padre fue asesinado por el régimen sandinista, por lo que huyeron a Guatemala, desde donde Granera recibía a los otros nicaragüenses que se iban al exilio. Una vez que Victoria Barrios de Chamorro -sucesora del primer mandato de Ortega- llegó al poder en 1990, la familia Sandino Granera volvió a Nicaragua. Desde ese momento Granera se desempeñó como vicedirectora de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, labor donde, cuenta su hijo, le tocó documentar muchos cementerios clandestinos que habían dejado los sandinistas convirtiéndose en una “persona no grata” para el Ejército de Nicaragua que dirigió Humberto Ortega -hermano del presidente- hasta 1995.

Luego de la asociación pasó por una fundación que realizaba proyectos y educaba a las personas sobre la importancia de los derechos humanos como un intento de cambiar el pensamiento político entre los nicaragüenses. Fue funcionaria del Banco Mundial y también candidata independiente a la vicepresidencia de Nicaragua en el año 2016 por un partido político al que le quitaron la personería jurídica solo días después de que Granera anunciara que era candidata.

Julio Sandino asegura que su madre sabía que esta situación se iba a repetir. “Desde que Daniel Ortega volvió a asumir en el poder ella siempre sintió que al camino donde íbamos era una dictadura, les decía a los empresarios que se estaban equivocando con él, que realmente lo que estaba haciendo era fortalecerse para volver a una dictadura”, cuenta. “La empresa privada estaba muy cómoda haciendo negocios con él directamente, sin pensar en lo que estaba por venir”, agrega.

En 2007 Ortega retornó al poder y desde entonces se mantiene en el gobierno, donde ha sido reelecto dos veces, luego de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que él mismo controla, que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

¿Cuándo comenzó la dictadura?, se le pregunta, ante lo que Sandino responde: “Empezó al poco tiempo de que Daniel Ortega asumiera, pero no era tan cruenta como ahora. Comienza desde el inicio de su mandato al no tener independencia los poderes del Estado, ya que son controlados por esta mafia de gobierno”.

Sandino afirma que fue en 2008 cuando Ortega consolidó su relación con los empresarios. Cuenta que en medio de la crisis económica mundial, Nicaragua logró salir a flote con el dinero de Venezuela lo que les permitió estar mejor que otros países de la región. “Muchos grupos económicos crecieron enormemente. Llegamos a un año en que estábamos creando más millonarios que los otros países de Centroamérica, a pesar de que Nicaragua es el segundo país más pobre de América”, cuestiona.

La economista Michèle Labbé fue asesora económica en Nicaragua durante el gobierno de Arnoldo Alemán, entre 1999 y 2001. Asegura que desde ese minuto sentía miedo por Ortega quien se desempeñaba como congresista. “Ortega estacionaba su auto justo en la ventana que daba donde yo trabajaba. Él, este combatiente, revolucionario, tenía varios Hummer de distintos colores. Lo estacionaba justo debajo de mi ventana y yo pensaba, no puedo creer que este tipo se enriqueció a costa de la pobreza del país”.

Hoy son los mismos empresarios los que están siendo detenidos o perseguidos por los sandinistas. La detención más ejemplificadora fue contra Luis Rivas, director de Banpro Grupo Promerica, uno de los más importantes de Nicaragua. Sandino asegura que serían muchos más los apresados, de no ser porque están huyendo del país o escondiéndose. “A muchos les congelaron las cuentas bancarias, tienen restricciones migratorias, otros salieron por la montaña, porque no los dejan salir por la frontera”, relata.

“La gente no sale a las calles por miedo. Este gobierno demostró que asesinar gente es irrelevante para ellos”

Las protestas de 2018 fueron las que le dieron visibilidad a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, que según Julio Sandino, venía de mucho antes. El balance de esa crisis, realizado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue de más de 300 muertos, 2 mil heridos y la huida de 80 mil personas, además de otros 100 detenidos por razones políticas. Sin embargo, la contabilización extraoficial, según Sandino, dice que fueron poco más de 500 asesinados y mil torturados.

Relata que tras un momento de crisis económica el gobierno decidió, sin consultarlo con la empresa privada, aumentar el porcentaje que estas tenían que aportar a la seguridad social, luego de reducir el presupuesto del Instituto de Seguridad Social y aumentar las cotizaciones y deducciones de los pensionados.

Los jubilados protestaron, los paramilitares los reprimieron a golpes y los estudiantes salieron a apoyarlos en la revuelta, cuenta Sandino. Los policías también atacaron a los estudiantes y allí empezó a salir el resto de los ciudadanos. “Primero salíamos decenas, de repente se volvieron centenas, hasta que hubo una marcha que llegó al millón de personas en una población total de 6 millones”.

“El gobierno siguió haciendo más presión y golpizas y la población decidió bloquear las carreteras en casi toda Nicaragua. Hicieron una operación limpieza, donde cientos de paramilitares armados junto con el Ejército -que han negado su participación, pero los expertos han confirmado que la armas que utilizaron son del Ejército, no de civiles- atacaron todas las ciudades. Ahí es donde empezó la matanza”, continúa el relato.

Ahora los nicaragüenses no han salido a las calles porque desde 2018 predomina el temor. “La gente no sale a las calles por miedo. Este gobierno demostró que el tema de asesinar gente es irrelevante para ellos. Está el interés de Ortega de quedarse en el gobierno para siempre, entonces si sales a la calle hay probabilidades de no regresar a la casa”.

Desde 2018 relata que “la policía no volvió a los cuarteles, se quedó en las calles”. “En todas las calles hay policías de las fuerzas especiales, se mantienen en zonas estratégicas donde la población las ve. Asumimos nosotros que para amedrentar y que a nadie se le ocurra salir a la calle a protestar o si quiera sacar una bandera en tu auto porque creen que eres opositor y golpista”, continúa.

A casi un mes de la detención de Violeta Granera su familia ha iniciado una campaña en redes sociales para exigir su liberación y la de todos los presos políticos. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige el cumplimiento de las medidas cautelares que le otorgó a Granera y su familia en 2019, por lo que solicita que se informe sobre su ubicación y estado de salud.

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