Publicado el 14 de octubre, 2014

Los incumplimientos de la U. Arcis que podrían gatillar su cierre

Autor:

Uziel Gomez

El Mineduc le exigió a la universidad un plan de financiamiento y rechazó los nombramientos de la rectora y el presidente del directorio.
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Uziel Gomez

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Este 28 de octubre vencen los seis meses de plazo -que podrían prorrogarse- que tiene el Ministerio de Educación para concluir la investigación sobre las irregularidades en la Universidad Arcis, que podría terminar con el cierre de dicha casa de estudios.

“El jefe de la División de Educación Superior informa que el plazo de seis meses de la investigación finaliza el 28 de octubre, aun cuando si es necesario podría seguir abierta ya que los plazos no son fatales, para que el Mineduc tome alguna decisión del funcionamiento de la universidad”, señala un documento al que tuvo acceso “El Líbero”, firmado por Yolanda Peña, jefa de Regulación de dicha secretaría de Estado.

El texto corresponde a una audiencia realizada entre autoridades del Mineduc y de la casa de estudios y fue entregado a los diputados integrantes de la comisión investigadora que indaga el caso. Ayer, esta instancia sesionó por segunda vez y contó con las asistencias del jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, y del ex rector entre 2006 y 2013, Carlos Margotta.

Exigencias del Mineduc

Según el documento, el Mineduc le exigió a la universidad un plan de financiamiento, responder las irregularidades detectadas, regularizar la situación de las autoridades que incumplen los estatutos, entregar informes de regularización de las clases y del estado de la gobernancia interna.

En esa misma línea, el pasado jueves Francisco Martínez emitió un oficio en que nombra a Manuel Guzmán Valdivia en reemplazo de Yolanda Peña para continuar las pesquisas en contra de la universidad, para lo cual dispondrá, entre otras atribuciones, de “requerir información, acceder a los sistemas de información y gestión, visitar y fiscalizar en terreno el funcionamiento de las sedes, recabar declaraciones de las autoridades y oficiar a organismos estatales”.

El ministerio inició el procedimiento de investigación en abril pasado para “determinar la concurrencia o no de alguna de las causales de revocación del reconocimiento oficial y pérdida de la personalidad jurídica”, tras recibir un correo de ocho miembros del directorio de la corporación universitaria que denunciaron “desorden administrativo, ingobernabilidad, fragilidad económica, falta de probidad de algunas autoridades y la imposibilidad de consensuar un proyecto común para enfrentar la acreditación y solución financiera”.

La personalidad jurídica y el revocamiento oficial a una universidad se establecen mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Educación, previo acuerdo adoptado en mayoría por el Consejo Nacional de Educación (CNA), en caso de que no cumpla o incurriere en infracciones graves a los estatutos.

Rectora y presidente del directorio incumplen estatutos

El Mineduc le notificó a la Arcis que los nombramientos de la rectora, Elisa Neumann García, y del presidente suplente del directorio de la corporación, Alihuen Antileo Navarrete, fueron rechazados porque no cumplen con los estatutos de la universidad, ni está acreditada la condición de socio ni director de Antileo.

En medio de la crisis que tiene con sueldos impagos desde julio a más de 300 trabajadores y decenas de demandas laborales por casi $600 millones, el informe detalla que los asesores del gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre, Rodrigo Roco y Claudio González, y Álvaro Cabrera, de la División de Educación Superior del Mineduc, se reunieron el pasado ocho de septiembre con los dirigentes del sindicato 1 de profesores y con el consejo de presidentes del centro de alumnos para explicarles los recursos públicos a los que pueden optar las universidades.

Arcis perderá este año $2.377 millones

En total, este año la U. Arcis recibirá $2 mil 824 millones del Estado por concepto del Crédito con Aval del Estado, CAE, ($2 mil 377 millones), y por las becas Juan Gómez Millas ($163 millones), Nuevo Milenio ($6,8 millones), Excelencia Académica ($28,7 millones), de reparación o Valech ($239 millones), y de articulación ($750 mil).

Pero el problema es que al terminar la acreditación el próximo mes, la casa de estudios dejará de recibir los $2 mil 377 millones del CAE, que son clave para su funcionamiento. Por ello, el directorio anunció un plan para reducir la plantilla de trabajadores y la morosidad en 30%, los sueldos más altos  en 12,5% y pedir financiamiento a los bancos, que han rechazado solicitudes anteriores por la inviabilidad económica  de la universidad, que está en Dicom comercial y previsional por las imposiciones impagas.

Cierre de sedes regionales

Un informe que entregó Francisco Martínez en la comisión investigadora revela que la universidad, que tuvo como dueños a los miembros del comité político del Partido Comunista,  Juan Andrés Lagos, Daniel Núñez (hoy diputado), Jorge Insunza y Patricio Palma, está en proceso de cierre de las sedes en Valparaíso, Chiloé, Concepción y Curanilahue, donde estudian más de 140 alumnos.

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIA UNO

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