La querella por estafa que presentó el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha en el Juzgado de Garantía de Rancagua en contra de la empresa Caval develó, entre otras cosas, el origen de la compañía propiedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
El 1 de febrero de 2012 Compagon y Vial firmaron un “acuerdo de representación y comisiones” por $162 millones por asesorías en nuevos negocios mineros y portuarios. La firma se constituyó legalmente dos días después, el 3 de febrero de 2012, como el “paraguas” legal de dicha relación comercial, que duraría dos años y le generaría ingresos por $1.000 millones a Caval, prácticamente el 90% de todos sus ingresos.
Vial Concha fue, por lejos, el cliente más relevante que tuvo la empresa, la que gracias a él pudo acreditar millonarias ganancias ante los bancos que le permitieron un año después solicitar el préstamo por $6.500 millones al Banco de Chile, y que le permitieron comprar los predios de Machalí.
Pero lo que también relata el empresario en su querella es que los negocios por los que le pagó a Caval fueron fraudulentos, y se hicieron con el ánimo de engañarlo.
“Ha existido engaño, al atribuir, por parte de la señora Compagnon, la autoría de los informes referidos a Caval o, en su caso, a terceros contratados especialmente a estos efectos (…) Esta falsa representación de la realidad, a su turno, motivó el pago -disposición patrimonial-, de $ 1.000.000.000 por trabajos que nunca, en realidad, se realizaron”, señala la querella.
Los cuestionados negocios de Caval
En enero pasado Vial Concha declaró en la Fiscalía, y dijo que de Caval le mostraron 300 correos electrónicos que hacían alusión directa a maquinaciones de terceros en contra de sus negocios, pero que después se dio cuenta que podían “ser parte de un engaño cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas, lo que me dejó en una situación financiera muy compleja”.
“He podido advertir que el precio de estos contratos no guarda relación con los servicios prestados, y menos con los supuestos productos”, dijo Vial Concha ante los fiscales.
Los servicios que le vendieron eran la presentación de pertenencias mineras, incluyendo la consultoría en la búsqueda, análisis y propuesta de oportunidades en el segmento minero; desarrollo de nuevos negocios en la minería, como el nanocobre, y asesorías en concesiones portuarias.
El dueño de la empresa Graneles del Sur –que emplea a 1.500 trabajadores- encendió la primera alerta cuando en una reunión en una oficina del noveno piso de la Torre Santa María, Providencia, tuvo una reunión con Compagnon y Valero, quien “comenzó a ofrecerme realizar gestiones y trámites de dudosa legitimidad ante diversos servicios públicos, tales como el SII”.
Esto motivó a Vial a separar de las reuniones a Valero, estableciendo su relación comercial “estrictamente con la señora Compagnon”.
El empresario tenía dudas de que había un complot en su contra dentro de la empresa, y Caval se ofreció para asesorarlo en seguridad y detección de fraudes, “razón por la cual, al poco tiempo comenzó a entregarme información y documentos, que daban cuenta de maquinaciones de ejecutivos, cuyo objeto aparente era defraudar a mi empresa”, expone en su querella.
Por este servicio, Vial dice que se le entregaron “carpetas con supuestos correos, entre gerentes y ejecutivos relacionados con mis empresas (…) De acuerdo a lo que me señalaba la señora Compagnon, había sido obtenida -desde la internet- por un experto”.
El hacker de Caval imputado por delitos informáticos y suplantación de identidad
Sin embargo, en la querella explica que en marzo de 2013 vio que ninguna de las dos asesorías por las que le pagaba a Caval avanzaba, ni las portuarias y mineras, ni las relativas al supuesto complot en su empresa. Es por eso que puso fin al acuerdo, pero por recomendación de Compagnon contrató a Victorino Arrepol, ex asesor de Caval.
Este último le habría confesado que “él era quien había detectado actividades fraudulentas por parte de empleados a mi empresa, y para mi sorpresa, que en Caval se había manipulado la información que me entregaban sacando y/o poniendo información con el objeto, en definitiva, de obtener más dinero de mi empresa”. Vial dice que después que se destapó el caso Caval decidió romper relaciones con la empresa y Arrepol.
Victorino Arrepol está imputado por “falsificación de firma de un funcionario público, suplantación de identidad y delito informático”, luego de que enviara un correo falso que supuestamente estaba firmado por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con el fin de demostrar su “influencia”.
Para fundamentar el delito de estafa, Vial reveló que, además de haber sido engañado con la información de su empresa, también habría sido estafado con los informes mineros y portuarios. “No son más que copias -a las que no se les cambió ni una coma-, obtenidas de trabajos publicados en la internet por terceros ajenos a Caval, varios de ellos, incluso, protegidos, por el derecho de propiedad intelectual”, dice en la querella.
Los hermanos Hermosilla en las dos querellas de Caval
Uno de los tres abogados querellantes es Luis Hermosilla Osorio, hermano de Juan Pablo Hermosilla, quien representa a la Presidenta Michelle Bachelet en la querella contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa.
Luis Hermosilla, socio del ex ministro del Interior de Sebastián Piñera y ex senador UDI, Andrés Chadwick, ha sido abogado en mediáticas causas como los casos Guzmán, Spiniak, Zamorano Jones y degollados. También defendió al sacerdote Legionario de Cristo, John O’Reilly; y fue querellante por el gobierno de Sebastián Piñera en el caso sobreprecios en el Plan Frontera Norte.
Su hermano Juan Pablo, en cambio, formó parte de Océanos Azules, la plataforma programática de la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009, ha sido abogado de la familia Frei en la muerte de ex Presidente Eduardo Frei Montalva, del empresario Max Marambio en su litigio con Cuba y defendió a las víctimas del sacerdote Fernando Karadima.