La fallida apuesta por Marta Herrera para fiscal nacional (su nombre fue rechazado el lunes en el Senado) terminó por transformar lo que se suponía debía ser un trámite sencillo, en una crisis política que tocó el corazón de La Moneda.

La segunda derrota sufrida en el Senado por el Gobierno, desnudó una serie de falencias políticas y tensionó el ambiente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto, ad portas del debate por la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente y un año 2023 donde el Gobierno buscará amarrar reformas clave como la tributaria y la de pensiones, junto con dar certezas en materia de seguridad, la principal preocupación ciudadana reflejada en las encuestas.

Al menos se pueden vislumbrar cinco puntos críticos que dejó la performance del Ejecutivo esta semana.

Tensión entre Boric y el Senado

Durante gran parte del debate, el Presidente Gabriel Boric se había mantenido sin entrar directamente en el conflicto por la elección del fiscal nacional. En La Moneda sacaban cálculos de que no era conveniente que el Mandatario tensionara el clima con los senadores de oposición, pensando precisamente en los debates que vienen para 2023, donde se necesitará llegar a acuerdos importantes para sacar adelante los proyectos.

Sin embargo en el Gobierno y el oficialismo había una molestia instalada por lo que consideraban una actitud obstruccionista de los senadores de oposición. Incluso en algunas conversaciones reservadas se analizó que no se podía dejar pasar el rol que estaba tomando la oposición.

Con el rechazo de Herrara, Boric entró de lleno al debate emplazando al Senado de dura forma.

“Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, y permítanme decirles, creo que lo que ha hecho el Senado es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir«, señaló.

Falta de articulación política y un enero complejo

En algunos sectores del oficialismo ha llamado la atención que aún no se haya citado a una reunión para abordar lo sucedido. En el sector preocupa que más allá del rechazo de ChileVamos, las dos nominaciones a fiscal nacional estuvieron marcadas por descoordinaciones y falta de diálogo.

En el Senado aún resienten que se haya presentado el nombre de Marta Herrera pese a que, según fuentes oficialistas, se le avisó al menos tres veces a las ministras de Justicia y de la Segpres que no estaban los votos.

El nombre tampoco vino acompañado de una conversación con los parlamentarios de ChileVamos. Esta habría sido una pregunta recurrente de los parlamentarios oficialistas a las ministras Ríos y Uriarte.

La forma en que se abordó el debate llevó, por ejemplo, a que el senador Pedro Araya recomendara un cambio de gabinete.

Todo en la antesala del debate de la reforma para habilitar un nuevo proceso constitucional, que debería ingresar en los próximos días.

«Lo problemático es que esta tercera elección de fiscal nacional se dará en el contexto del debate por el proyecto constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente. En consecuencia, para el gobierno será un enero particularmente crítico», explica a El Líbero el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.

El tema ya estaría siendo conversado al interior del oficialismo, donde creen que se necesita urgente una instancia de coordinación para preparar estos debates y evitar bochornos.

Tensión en el gabinete

El conflicto escaló incluso a la interna del gabinete. Esto, luego que durante el debate quedaran en evidencia contradicciones entre las ministras. ¿Un ejemplo? Las declaraciones de Marcela Ríos dando cuenta que la información publicada por La Tercera, respecto a que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, había mostrado preocupación por la opción de Ángel Valencia, era cierta. Orellana, semanas atrás, habías desmentido la publicación, diciendo que eran «cahuines«.

Este era un tema crítico para el Ejecutivo, ya que no querían que se instalara la idea de que Valencia (quien habría contado con los votos en el Senado) había sido vetado por el hecho de haber defendido a imputados por delitos sexuales en su rol de abogado.

Pero el tema quedó instalado, aunque desde La Moneda insisten que no ha habido vetos. Senadores como Matías Walker ya han hecho ver públicamente su preocupación por el tema, mientras el propio Valencia pidió un pronunciamiento del Colegio de Abogados por una “cancelación” en su contra.

Una Segpres golpeada de cara al debate de las próximas reformas

Ana Lya Uriarte llegó para darle aire a la relación del Gobierno con el Congreso, sin embargo, la derrota sufrida el lunes ha puesto su nombre en la mira.

Principalmente, porque se suponía que la prueba de concordar un nombre para fiscal nacional en el Senado debería ser más sencilla que los debates que se avecinan, como la reforma tributaria, de pensiones, y la reforma constitucional que ingresaría en estos días. En esta última el Ejecutivo tendrá que ordenar rápido a la Cámara de Diputados si es que quiere sacar adelante la reformar antes del término del periodo legislativo.

Algunos en la interna oficialista dicen que tanto el nombre de José Morales como el de Marta Herrera habrían sido apoyados por Uriarte al interior del comité político, pese a que ninguno contaba con los votos.

Sin embargo, para otros sectores, Uriarte en esto tuvo que subsidiar a la ministra de Justicia, por lo que ambas derrotas no serían su responsabilidad.

“Hay que revisar cómo se están haciendo las cosas. Hay que seguir construyendo acuerdos y desarrollar todas las habilidades y ver si los equipos que están en el Congreso están en condiciones», señala a El Líbero el senador PS Gastón Saavedra.

Una ministra de Justicia en la cornisa

El traspié del Gobierno se da en un momento complejo, ya que mientras el Ministerio Público sigue descabezado, el país se encuentra en una profunda crisis de seguridad, a lo que esta semana se sumó un paro de fiscales.

Al interior del oficialismo comentan que gran parte de la responsabilidad recae en Ríos, quien no tendría llegada con los parlamentarios ni tampoco con los magistrados.

No es primera vez que el nombre de Ríos está en el ojo del huracán. De hecho, fue una de las opciones para salir en el cambio de gabinete que realizó el Presidente tras el plebiscito del 4 de septiembre. Y es que Ríos ya acumula una serie de impasses como ministra. Por ejemplo, aseguró que el indulto a los presos del 18-O era «un compromiso» para el Gobierno y, sobre Celestino Córdova, sentenciado a 18 años de cárcel por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, dijo que no le correspondía pronunciarse «sobre si el comunero es un preso político o un homicida».

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