Tras cuatro años en el Senado, este miércoles 27 de enero la Sala de la Cámara Alta terminó de votar el articulado del proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, pasando a tercer trámite. La Ley de Garantías, que entró a la Cámara de Diputados como Mensaje presidencial durante el gobierno de Michelle Bachelet, busca «ser una ley marco para la aplicación de la política de la niñez» y tiene entre sus objetivos otorgar «un rol más fuerte del Estado en la protección de los niños», lo que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de padres y madres.

Ingrid Bohn, vocera del movimiento «Con mis hijos no te metas», advierte lo «peligroso» que puede llegar a ser el proyecto. Asegura que pretende «judicializar muchas cosas que hoy día los padres las resuelven al interior de su hogar» y que el interés por detrás es revivir indicaciones que ya habían sido rechazadas en discusiones pasadas y que hoy el Senado aprobó en los artículos contenidos en la ley, los que deberán ser estudiados por la Cámara en su tercer trámite.

Proyectos como la Ley de Identidad de Género aprobada el 2018, que permite regular el cambio de nombre y sexo legal, excluye a los menores de 14 años, lo que no hace la legislación actual de garantías de los derechos. La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es otro proyecto que fue rechazado y hoy se incluye en el Artículo 41 de la norma en discusión. Ésta establecía regulaciones sobre educación sexual en establecimientos educacionales de acuerdo con el grado de madurez de los menores de edad y fue rechazada en la Cámara Baja en octubre del año pasado.

Bohn asegura que su inclusión es preocupante porque «dimos una tremenda pelea para rechazar la ESI y logramos que en los diputados normara la cordura y la rechazaran». No obstante, «ahora, el Artículo 41 dice de la presunta obligación del Estado de brindarle a los niños una educación laica y no sexista, esto para nosotros es muy malo porque vulnera la libertad de enseñanza y el derecho que tenemos nosotros como padres de educar a nuestros hijos», agrega.

Otro proyecto que se incluye es el de la reforma constitucional sobre autonomía progresiva para menores de edad, que fue rechazada el 2019. En esa oportunidad los diputados que votaron en contra argumentaron que «vulnera el derecho de los padres de criar a sus hijos como estimen pertinente».

La autonomía progresiva otorgaría a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo ejercer determinados derechos y está ampliamente desarrollada en el proyecto de garantías de los derechos de la niñez, discutido recientemente en el Senado. En él se establece, en su Artículo 11, que todo NNA (niño, niña o adolescente) «podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades».

Agrega que «los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, deberán prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos» y que es «deber del Estado respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho».

Este artículo es ambiguo, según Bohn, ya que «no norma a qué edad cronológica, física o biológica una persona es autónoma, ni tampoco reconoce el rol de los padres en dicha autonomía». De acuerdo con la vocera del movimiento «Con nuestros hijos no te metas», «quienes mejor sabemos de la autonomía de nuestros niños y su edad de madurez somos los padres, no es el Estado, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados», por lo que se pregunta «¿quién determinará cuándo un niño puede ser autónomo en ciertas cosas y cuando no?». 

Ingrid Bohn cuenta que las organizaciones de padres y movimientos como el que ella lidera han tenido diferencias con el proyecto, pues «no toma en cuenta cómo es la autonomía progresiva de un niño ligado a sus derechos y deberes» y asegura que «no encontramos en ninguna palabra del texto la palabra deberes, que también los deben tener».

Derecho a convocar manifestaciones y privacidad en redes sociales

Uno de los artículos hacia el que tienen más aprensiones es aquel que le entrega derechos a los menores de edad para «tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas convocadas conforme a la ley» como también «promover y convocar reuniones y/o manifestaciones públicas». Según se lee en el artículo, debe ser «en compañía de sus padres y/o madres, otros adultos responsables, o por sí mismos, si su edad, grado de madurez y la autonomía con la que se desenvuelvan así lo permitieren».


De acuerdo a Bohn, estas últimas líneas contenidas en la Ley son «preocupantes», e insiste en que «no puede ser que un niño pueda convocar a una manifestación o una marcha sin el rol preferente de los padres o sin su consentimiento». Se pregunta la activista por los niños: «¿Quién determina cuándo el niño es autónomo para convocar una marcha?, ¿cómo se va a resolver?». 

El Artículo 34 está muy ligado con el anterior. Éste señala que «todo NNA tiene derecho a su honra, intimidad, propia imagen y reputación. Estos derechos comprenden también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el derecho a reserva de las comunicaciones, incluidas las producidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación».

Sobre aquello, la vocera del movimiento señala que «la experiencia demuestra que para proteger a los niños de las malas influencias que hay, un padre puede necesitar revisarle las redes sociales y saber con quiénes se relaciona, eso es lo más normal». «No es posible que un apoderado no pueda ayudarle en el buen uso y la restricción de ciertas páginas. Más hoy día que los niños están usando mucho las tecnologías», sostiene Bohn. 

El criticado proyecto por las organizaciones de apoderados fue ingresado el año 2015 por los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Hacienda, Salud, Vivienda y Secretaría General de la Presidencia, durante el gobierno de Michelle Bachelet, y ahora se verá enfrentado a la Cámara de Diputados nuevamente, en su tercer trámite legislativo.

Ingrid Bohn confía en «la cordura de los diputados para que sean más abiertos en escuchar a la ciudadanía». Según la activista, los artículos relacionados con la Educación Sexual Integral «deben ser rechazados porque ellos mismos los rechazaron hace un par de meses».

El Boletín que contiene las enmiendas realizadas por los propios senadores al proyecto de ley fue enviado el viernes 29 de enero a la Cámara de Diputados, por lo que probablemente su discusión se postergue hasta marzo, considerando que durante febrero los parlamentarios tienen el receso legislativo.

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