Publicado el 26 agosto, 2020

Las transversales redes políticas de la jueza que enfrenta una acusación constitucional por el caso Ámbar

Autor:

Sebastián Edwards

Esta semana comenzó a sesionar la comisión que analiza el libelo acusatorio contra la jueza Silvana Donoso, por otorgarle la libertad condicional en 2016 a Hugo Bustamante, acusado de ser el responsable del homicidio de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo. La magistrada es hermana del abogado y ex secretario general del PPD, Samuel Donoso, quien además es defensor del Presidente Sebastián Piñera y del senador Manuel José Ossandón (RN). A su vez, será defendida por el abogado Jaime Winter -del estudio de Gabriel Zaliasnik- hermano del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

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El lunes 10 de agosto, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó prisión preventiva para Hugo Bustamante, acusado de cometer delito de violación y femicidio en contra de la menor Ámbar Cornejo, quien se encontraba desaparecida desde el 29 de julio pasado. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, mientras que el imputado permanece en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago como medida cautelar.

Bustamante contaba con antecedentes en esta materia. El año 2005 fue condenado a 27 años de prisión luego de degollar a su entonces pareja y estrangular al hijo de ella, de tan solo 9 años. Sin embargo, en 2016 accedió a la libertad condicional, tras haber permanecido 11 años en prisión. El beneficio le fue otorgado por la comisión de libertades condicionales de Valparaíso, presidida por la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

Frente a esto, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y la Democracia Cristiana, liderados por el diputado, Andrés Longton, presentaron una acusación constitucional en contra de la magistrada.

El libelo acusatorio cuenta con la firma de los diputados Osvaldo Urrutia (UDI), Iván Norambuena (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Ximena Ossandón (RN), Erika Olivera (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Pablo Kast (Evópoli), Iván Flores (DC), Daniel Verdessi (DC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).

En el texto argumentan que hubo un abandono de deberes por parte de la magistrada, tema que aborda el primer capítulo de la acusación. En el segundo capítulo, explican que Donoso transgredió los tratados internacionales que tienen relación con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, la acusación explica los hechos ocurridos en el año 2016, cuando Donoso “liberó a otras personas que cumplían condenas por delitos sumamente graves como homicidio calificado, parricidio o violación, y cuyos informes de reinserción eran desfavorables”, se lee en la acusación.

Este lunes se desarrolló la primera sesión de la comisión que revisará el libelo. Fuentes al interior de Chile Vamos comentan a El Líbero que distintos parlamentarios, de todo el espectro político, han recibido presiones para que esta acusación no prosiga. ¿De dónde provienen? Si bien no revelan mayores detalles, comentan que quienes han intentado interceder por la jueza, entre otros, es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem). Este grupo apoya a Donoso quien es parte de la Mesa de Género del Poder Judicial. Según relatan desde el Congreso, este sería uno de los factores de por qué parlamanetarios del Frente Amplio han optado por no profundizar en ese caso.

Si bien los mensajes pro Donsoso han llegado a la mayoría de los sectores políticos, estos estarían enfocados con mayor fuerza en los diputados DC Daniel Verdessi e Iván Flores. Este último fue contactado por Whatsapp y recibió llamadas de grupos feministas, quienes trataban de convencerlo para rechazar esta acusación. Pese a la insistencia, el parlamentario dijo que se mantendría con su posición, debido a que la jueza “habría emitido distintos fallos similares que hoy la tienen cuestionada”, según comentan desde el entorno de la bancada DC.

Su relación con el feminismo

En la introducción de la acusación constitucional, los diputados acusadores explican que el año 2016, “la Comisión adscrita a la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió  mediante oficio Nº 149 de fecha 29 de abril conceder el beneficio a 788 internos de un total de 875 solicitantes, lo que equivale al 90% de los mismos”.  Es decir, “nueve de cada diez postulantes fue considerado por dicha Comisión como apto conforme a la ley para continuar el cumplimiento de su condena en libertad”.

En la misma línea, sostienen que “la liberación de personas desde los centros penitenciarios del primer semestre del año 2016 en la Región de Valparaíso fue cuestionada en su oportunidad por el carácter masivo, ya que representó un 34,8% del total nacional, liberando a una serie de condenados que cumplían penas por delitos sumamente graves”.

“El criterio utilizado y que justifica la resolución de la Comisión encabezada por la ministra Donoso, fue básicamente que la legislación consideraba la libertad condicional como un derecho y que los informes contemplados en la misma no tendrían el carácter de vinculantes, lo cual atenta contra una aplicación integral de la ley”, subrayan.

De acuerdo a lo señalado por fuentes al interior del oficialismo, de todos los casos que revisa la magistrada que son calificados como “delitos graves”, aproximadamente un 93% de ellos no prospera y se les otorga libertad. Además, señalan que Donoso tiene la predisposición de sumarse a la postura de facilitar la libertad de los imputados.

Un factor que los parlamentarios consideran como una contradicción, es el hecho de que la magistrada forme parte de la Mesa de Género de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y haya fallado a favor de Bustamante, tras matar a su pareja y al hijo de esta.

De hecho, la semana pasada, la jueza Donoso participó en el Comité Regional de Género de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que desarrolló el conversatorio sobre uso del Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias.

La actividad se lee en la página del Poder Judicial: El taller inició con la intervención de la ministra Silvana Donoso Ocampo, quien abordó la génesis de la creación de la Secretaría Técnica de Género y no Discriminación, así como sobre aspectos generales de la Política de Género y no Discriminación del Poder Judicial, enfatizando en el eje estratégico de enfoque de género en el acceso a la justicia, dado que dentro de sus líneas de acción se encuentra la elaboración del Cuaderno de Buenas Prácticas”.

Su vínculo con Samuel Donoso, Jaime Winter y Gabriel Zaliasnik

Políticos, abogados y personas pertenecientes a la esfera pública son parte de quienes rodean a la magistrada. Silvana Donoso Ocampo y es media hermana del abogado Samuel Donoso Boassi, actual defensor del senador Manuel José Ossandón (RN) en la causa por tráfico de influencias.

El abogado es reconocido por su cercanía con el senador Guido Girardi (PPD). De hecho, fue secretario general del PPD en el año 2015.

Uno de los aspectos que destacan de Samuel Donoso es su transversalidad. El abogado es parte del grupo de abogados que representan al Presidente Sebastián Piñera ante las acciones legales por delitos de lesa humanidad tras las protestas y la violencia que surgió tras el estallido del 18 de octubre. Y recientemente lo defiende en las querellas presentadas en su contra por las muertes causadas por Covid-19.

Según comentan fuentes cercanas a Chile Vamos, Donoso estaría conversando con diversos parlamentarios con el objetivo de explicarles los argumentos contrarios a la acusación constitucional. Consultado por este medio sobre el libelo, el abogado señaló que prefería no opinar sobre la materia.

Quien defiende a la jueza  es Jaime Winter Etcheberry. El penalista, del estudio jurídico Albagli Zaliasnik, es hermano del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter (CS).  A su vez, Winter es nieto del reconocido abogado penalista, Alfredo Etcheberry (DC) e hijo de la empresaria María Elena Etcheberry, socia directora del Grupo Etcheberry.

Winter: “Esto es una oportunidad para que el Congreso utilice su herramienta más poderosa (…), cambiar de forma integral el sistema penitenciario”

En conversación con El Líbero, el abogado Jaime Winter afirma que “tenemos el convencimiento que al final va a resultar evidente que la comisión de Libertad Condicional ha actuado con un irrestricto apego a la Ley vigente el año 2016. En ese entonces el informe de psicosocial no era uno de los elementos que la normativa establecía como requisito para que la persona pudiera acceder a la libertad condicional”.

Agrega que “tanto es así, que justamente en virtud de esto es que el 2019 se cambió la Ley estableciendo que el informe psicosocial es uno de los elementos a considerar, pero ni siquiera con esa reforma se estableció que fuera vinculante, algo que se discutió y finalmente se desechó. Entonces, a 2016, época en que se producen los hechos por los que se juzga lo decidido por la Comisión, ésta se apegó estrictamente a la Ley”.

Winter subraya: “Esto es una oportunidad para que el Congreso utilice su herramienta más poderosa, que no es la acusación constitucional, sino que es la posibilidad de cambiar de forma integral el sistema penitenciario, permitiendo realmente minimizar las posibilidades de reincidencia”.

Consultado por si considera que su hermano, el diputado Gonzalo Winter, debiera inhabilitarse de la votación, señala: “Viniendo de una familia en que hay muchos abogados, el respeto a los espacios del otro y la confidencialidad resulta la única forma de mantener la convivencia, por eso no lo he hablado con él y no lo haré”.

Bajo un punto de vista similar, el abogado Gabriel Zaliasnik, señala que “es delicado hacer el uso de una herramienta tan excepcional como la acusación en circunstancias tan débiles como las que se le imputa a la ministra. Se pone en serio riesgo la independencia con la que deben actuar nuestros jueces, no solo en el ámbito de las libertades condicionales, ya que la señal es sensible porque en los momentos que vive nuestro país son los jueces los llamados a dirimir nuestros conflictos”.

Sobre este punto, menciona que “hay diputados que cuestionan que los jueces apliquen la ley y son estos mismos parlamentarios los que han legislado sobre la materia. En vez de fijarse en los vacíos de la legislación, es más fácil buscar un chivo expiatorio y se le pone el peso al juez”.  Afirma que la acusación “es tender una cortina de humo porque no se hace cargo de un tema basal que es la revisión de la ejecución de las penas en Chile”. Y agrega: “Esto no es un problema de la jueza, es un problema estructural de nuestro sistema”.

 

Revise aquí la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados en contra de la jueza Silvana Donoso:

ACUSACIONDONOSOFINAL by El Libero

 

 

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