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Publicado el 11 de septiembre, 2015

Las prohibiciones del estatuto administrativo que habría violado Dávalos con su computador de La Moneda

Autor:

Uziel Gomez

Según declaración de Carabineros, en el PC del hijo de la Mandataria habría 300 documentos vinculados a la empresa Caval, lo que vulneraría la ley 18.834 que prohíbe a los funcionarios utilizar tiempo o recursos materiales del fisco con fines distintos al institucional.
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Uziel Gomez

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Durante 40 minutos el jefe del departamento OS9 de Carabineros, coronel Daniel Tapia, declaró este miércoles en la comisión investigadora del caso Caval en la Cámara de Diputados, sobre el peritaje que se le hizo al computador fiscal que utilizó el ex director sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet, y cuya información borró tras renunciar el viernes 13 de febrero pasado.

Según la declaración de Tapia que trascendió en los medios de comunicación, Carabineros pudo rescatar cerca de 198 mil archivos del computador del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, de los cuales al menos 300 estarían vinculados al negocio que hizo la empresa Caval de su cónyuge Natalia Compagnon, donde trabajó como gerente de proyectos entre julio de 2012 y marzo de 2014, cuando asumió ad honoren el cargo en La Moneda.

Dávalos y su cónyuge, entre otros imputados, están en medio de un proceso judicial que investiga el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, por los eventuales delitos  de tráfico de influencia, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y violación de secretos. Ello, en el contexto de un negocio por $9.500 millones que hizo Caval al comprar y luego revender 44 hectáreas en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

Según el informe pericial que Carabineros envió a la Fiscalía sobre el computador institucional de Dávalos, se encontraron “diferentes conceptos y nombres en diferentes formatos de acuerdo a lo solicitado”, como el “apellido Chadwick”, que podría tener relación con el síndico de quiebra de los terrenos adquiridos por Caval, Herman Chadwick; el nombre “Wiesner”, que sería alusivo al apellido paterno del dueño de los predios que le vendió a Caval, y el apellido “Luksic”, en referencia a Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, entidad que le prestó a Caval $6.500 millones para comprar los terrenos.

Las prohibiciones como funcionario público que habría vulnerado Dávalos

Según abogados consultados por este medio, dichos archivos mostrarían que el hijo de la Mandataria vulneró la ley 18.834 que regula el estatuto administrativo por el cual se rigen todos los funcionarios públicos del país.

El título III, párrafo 5 detalla las 11 prohibiciones que tienen los funcionarios del Estado en el ejercicio de sus labores, y el inciso g explicita que no podrán “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales”.

El inciso h también contempla la prohibición de “realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.

Eduardo Riquelme, abogado querellante en el caso Caval, sostiene que Dávalos estuvo bajo el estatuto administrativo mientras se desempeñó en La Moneda aunque no recibiera una remuneración mensual, como establece el artículo 260 del Código Penal: “todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado”.

Sin embargo, Riquelme explica que al renunciar, Dávalos ya no tendría responsabilidad administrativa: “Cuando se violan las normas administrativas generan responsabilidades administrativas, y éstas solo se pueden hacer efectivas cuando eres funcionario público, y si dejó de serlo no hay responsabilidades administrativos que hacer efectivas”. Lo que significa que no puede ser sometido a las investigaciones, sumarios y eventuales sanciones respectivas.

Como director sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos tenía la responsabilidad de “presidir, coordinar y organizar el trabajo de las fundaciones dependientes de la Presidencia de la República”.

En concreto, el trabajo se basaba en dirigir siete fundaciones: Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Fundación de las Familias, Fundación Integra, Fundación Todo Chilenter, Fundación Nuevos Tiempos, Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) y Fundación Artesanías de Chile.

El presupuesto de este año bordea los US$ 300 millones, de los cuales un 90% está concentrado en Integra, entidad que administra jardines infantiles en todo Chile.

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