“No queremos un nuevo Aysén” es el estribillo que repiten los chilotes ante la crisis social que tiene bloqueado el archipiélago desde hace 10 días, y que comenzó el 1 de mayo con la prohibición de extraer mariscos y algunos pescados, pero que ha sumado un extenso petitorio y a otros actores sociales.
Como Juan Carlos Viveros, líder del movimiento social Defendamos Chiloé -creado para oponerse al puente-, quien dijo que esta situación “se trata de una oportunidad para que el gobierno resuelva los problemas históricos de la isla. No se trata de un problema puntual. Hemos ampliado el petitorio. Esto se está convirtiendo en un nuevo Aysén”.
La comparación con la crisis de Aysén, ocurrida durante 40 días entre febrero y marzo de 2012, salta a la vista porque es el último gran conflicto social que enfrentó a los pobladores con el gobierno, mediante una inusitada violencia callejera y el bloqueo de carreteras y accesos marítimos y aéreos y de fuentes de suministro. Son varias las similitudes entre ambos conflictos.
Los paralelos entre Aysén y Chiloé
Tanto en Aysén como en Chiloé lo que comenzó como un problema puntual -el alto precio de los combustibles en Aysén y la “marea roja” que afectó a pescadores, mariscadores y recolectores- se extendió a otros sectores productivos, e involucró a prácticamente toda la comunidad.
El conflicto lo inició el Movimiento Social por Aysén, liderado por el dirigente sindical y hoy parlamentario Iván Fuentes; pero a poco andar se le sumaron 20 organizaciones más, entre ellos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Patagonia sin Represas, movilizaciones de gremios de taxis colectivos, camioneros y comerciantes.
En Chiloé a los dirigentes de pescadores que iniciaron los reclamos, Jorge Velásquez, Dennise Alvarado y Pedro Naín, se les sumaron la Asociación de Dueños de Camiones de Castro y el Movimiento Defendamos Chiloé, que dice representar al 86% de los habitantes del archipiélago.
Ambas causas, además, generaron simpatía popular en diferentes ciudades del país, con marchas masivas de respaldo en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.
Los extensos petitorios son comunes en ambos movimientos. En Aysén no sólo reclamaban por un subsidio en los precios del petróleo, la gasolina, la parafina y el gas; sino que también pedían mejorar la infraestructura de salud; tener un sueldo mínimo especial para la región; crear una universidad estatal; regionalizar el agua, los recursos mineros y silvoagropecuarios; fortalecer a medianos y pequeños empresarios pesqueros; rebajar el costo de la canasta básica y la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad; y construir rutas hacia los poblados donde trabajan pequeños campesinos, entre otros.
El largo pliego de demandas chilotas
Igual de ambicioso es el pliego de peticiones de los dirigentes chilotes que suman casi 40 demandas. Para comenzar, exigen el pago de $1.800.000 para 25 mil personas ($45 mil millones de costo fiscal), mientras el Ejecutivo les propuso $750 mil para seis mil personas ($4 mil 500 millones).
A eso se suma declarar zona de catástrofe a la provincia chilota; entregar becas educacionales exclusivas para los hijos de pescadores artesanales; un subsidio en las cuentas de luz y agua, entregar una gift card para alimentos para los pescadores; entregar un bono a la contratación para no despedir a los trabajadores; condonar deudas bancarias “hasta que la marea roja se supere”; y transparentar la información de los vertidos de las salmoneras e investigar con mayor celeridad, entre otros.
La otra semejanza es el efecto que han provocado las movilizaciones. Tanto en Aysén como en Chiloé los cortes de los caminos y de los accesos generaron desabastecimiento de combustible y de productos básicos, y los episodios de violencia han sido similares.
Además, en ambos conflictos los respectivos gobiernos, de Sebastián Piñera en 2012 y actualmente de Michelle Bachelet, han enviado al principio de las crisis a ministros sectoriales, Rodrigo Álvarez, de Energía, y Luis Felipe Céspedes, de Economía, quienes no lograron contener el conflicto y el tema terminó en La Moneda.
El Presidente Piñera monitoreó y dirigió personalmente toda la crisis, que finalmente involucró a los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de la Presidencia, Cristián Larroulet, de Salud, Jaime Mañalich, de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, de Desarrollo Social, Joaquín Lavín y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
El acuerdo con los ayseninos consistió en un plan de 74 medidas, que incluía una reforma legal para crear una zona franca, una bonificación de 17% a la contratación de mano de obra, y un bono de leña, entre otros compromisos.
La principal diferencia entre ambos conflictos, por ahora, tiene que ver con los plazos, porque mientras la crisis de Aysén duró 40 días, la de Chiloé está en el día 10, aunque es incierto aún su desenlace.