Publicado el 15 de marzo, 2019

Las denuncias que quedaron en nada del caso exonerados que estaban en manos de la fiscal Ximena Chong

Autor:

Bastián Garcés

En estos días se conoció que el fisco ha destinado US$5 mil millones para compensar a los exonerados políticos, El Líbero revisó la situación actual del proceso. La fiscal Ximena Chong tuvo a su cargo las dos últimas causas -que involucraron 135 casos- sobre las cuales decidió no perseverar en la acusación penal y, por tanto, cerrarlas. La última notificación se realizó el 30 de noviembre del año pasado. Así se marcó el fin de un escándalo político que se destapó en 2008, donde estuvieron implicados más de 50 legisladores, se indagaron más de 18 mil supuestos falsos beneficiarios e incluyó investigaciones de la Cámara y la Contraloría.

Autor:

Bastián Garcés

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Entre 1993 y 2018 el Estado destinó US$ 5 mil millones para pagar beneficios de los exonerados políticos -personas que perdieron sus trabajos por motivos políticos entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990-, ya sea en materia previsional o de salud. Así se dio a conocer en el programa Conectados con Agricultura, según información que fue solicitada por el diputado Pepe Auth al ministerio de Hacienda.

El dato se da a conocer tras  poco más de tres meses del último movimiento que tuvo uno de los casos en el Poder Judicial. Esto, después de que la fiscal Ximena Chong decidiera no perseverar -o en otras palabras no levantar una acusación penal- en las dos últimas causas respecto a posibles irregularidades en la entrega de este beneficio. Una trama que se remonta al año 2008, en la que se descubrió la existencia de «falsos exonerados» y donde estuvieron involucrados políticos de la ex Concertación.

En diciembre de ese año, los entonces diputados Marco Enríquez-Ominami y Karla Rubilar –que en ese tiempo militaban en el PS y RN, respectivamente- solicitaron al contralor general de la República, Ramiro Mendoza, que investigara sobre posibles pagos de beneficios a falsos exonerados. La razón fue una denuncia realizada por el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa López, quién alegó que existían al menos 100 mil beneficiarios irregulares.

Dos años después, en agosto de 2010, el Ministerio del Interior se querelló por delitos de falsificación de timbres, de instrumento público, de instrumentos privados y usurpación de funciones en la calificación de posibles personas que podían acceder a los beneficios por haber sido exonerados políticos.

En noviembre de 2011 el Consejo de Defensa del Estado declaró que 52 de 250 expedientes entregados por el ministerio del Interior para su revisión, correspondieran a casos de falsos exonerados políticos. Un mes antes, Canal 13 emitió el reportaje «Exonerados: Pensiones bajo sospecha«, que revisó mil carpetas de exonerados políticos, de las cuales 255 presentaban algún tipo de problema o inconsistencia en la documentación. De éstas, 184 contaban con certificados firmados por un congresista. Quienes aparecían con la mayor cantidad de documentos emitidos eran los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier (PS) y Alejandro Navarro (MAS), además del entonces diputado Sergio Ojeda (DC).

En octubre de 2011, tras la emisión del reportaje de Canal 13, la Cámara de Diputados aprobó que la comisión de Trabajo se constituyera en investigadora para indagar las posibles irregularidades cometidas en el proceso acreditación de la calidad de exonerados y la eventual participación de legisladores y otro tipo de autoridades.

Seis meses después, en abril de 2012, el hemiciclo aprobó el informe de la comisión de Trabajo en el que se señalaba que la institucionalidad creada para atender las solicitudes para obtener la calidad de exonerado “fue débil y precaria”. Además, la instancia afirmó, respecto a la participación de autoridades en posibles falsos beneficiarios, que los “certificados fueron entregados en virtud de que la propia ley permitió acreditar la motivación política de la exoneración mediante documentos en conformidad”.

Tres años después, en mayo de 2013, la Contraloría General de la República detectó que existían al menos 3 mil casos de falsos beneficiarios, quienes entre 2005 y 2012 cobraron indebidamente al Instituto de Previsión Social (IPS) más de $29 mil millones amparados por las leyes de compensación a los exonerados políticos. Adicionalmente el organismo fiscalizador afirmó que el IPS había realizado pagos a 5.917 personas, entre 2000 y 2005, cuyos datos no podían ser corroborados.

Días después de que se dieran a conocer estos antecedentes, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, presentó una denuncia contra los presuntos 3.000 falsos exonerados políticos, la cual fue encargada a la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. A su vez la Corte Suprema designó como ministra en visita a Mireya López, para investigar los hechos anteriores a 2005.

En junio de 2015, la ministra López tenía 18.455 personas investigadas por posibles irregularidades en la obtención de beneficios. Sin embargo, la cifra disminuyó a menos de 7 mil, debido a que 5.850 casos fueron sobreseídos: por la muerte del beneficiario o porque no se logró determinar la existencia del delito. Mientras que 6.153 casos fueron remitidos a la fiscal Chong porque la condición fue acreditada posterior al 16 de junio de 2005, fecha en la que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal.

Un año después, en julio de 2016, la ministra en visita sobreseyó a 54 congresistas investigados por haber emitidos falsos documentos para acreditar la condición de exonerado político. La jueza concluyó que no se había determinado «la comisión de un hecho constitutivo de ilícito penal en lo que dice relación a la extensión de sendos certificados políticos emitidos por quienes desempeñan el cargo de diputado a la fecha de emisión de estos documentos», pese a esto López determinó que se trató de una práctica que «fue masiva y hubo parlamentarios que emitieron cientos de certificados para personas que decían haber trabajado para distintos empleados, e incluso en algunos casos, a lo largo de todo el territorio nacional».

Los causas del caso exonerados en las que la fiscal Chong decidió «no perseverar»

Dos son las causas que la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tuvo a su cargo en el caso exonerados. En el Ministerio Público que estas no se relacionan directamente con «falsos exonerados», pero sí con posibles irregularidades en la obtención del beneficio. En ambas investigaciones, Chong decidió «no perseverar», es decir llegar al punto de levantar una acusación penal contra los involucrados.

La primera de ellas, la causa 1200775350-9, consistía en presuntos errores o irregularidades en la calificación de los exonerados políticos. En esta, tres personas fueron investigadas: los presidentes de la comisión asesora presidencial encargada de revisar las postulaciones para acceder a los beneficios.

Bettina Yumha, María Ibett Jognant y Natacha Molina fueron indagas por la persecutora. Finalmente Chong decidió «no perseverar» en dos de las investigadas, mientras que en el caso de la tercera la investigación no pudo continuar debido a que la denunciada falleció, por lo que se sobreseyó la causa. María Ibett Muñoz fue la última implicada en ser notificada de su situación, lo cual ocurrió el 23 de marzo de 2018, según se puede ver en el buscador de causas del Poder Judicial.

Desde la fiscalía explican las razones por las que no se establecieron antecedentes para justificar una acusación penal. Comentan que la investigación estuvo siempre monitoreada por el Consejo de Defensa del Estado y en ella se estableció que la comisión que revisaba los beneficios operaba en base a informes realizados por personal contratado a honorarios y solo cuando se generaban dudas se revisaban dichos papeles. Además, señalan que los miembros de dicha comisión actuaban ad-honorem y la decisión de calificar a un postulante como exonerado o no, según establece la ley, era atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo que la opinión de la instancia investigada no era vinculante, razón por la cual no se establecieron antecedentes para justificar una acusación penal.

La otra arista, la causa 1301041416-9, que tenía Chong se relacionó con el pago con subrogación, es decir, cuando el Estado tiene que asumir como pagador de empresas que desvincularon a sus trabajadores por motivos políticos. En esta veta, el Instituto Nacional de Previsión realizó 132 denuncias, no obstante solo presentó una querella contra Magdalena Santana.

En este caso, la fiscal no logró determinar que los antecedentes entregados fueran efectivamente falsos, razón por la cual se tomó la opción de no perseverar. Esto fue notificado a Santana el 30 de noviembre del año pasado. Además, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comentan que en las 131 denuncias restantes, tampoco se pudo establecer si los documentos entregados eran falsos, ni tampoco qué personas los entregaron al INP. Incluso, indican desde el Ministerio Público que a varias personas ni siquiera se les alcanzó hacer el pago de la pensión no contributiva.

«Sospechamos que se hizo en general para pagar favores políticos a personas que no se le entregaba una pensión»

Pese a este resultado, el ex diputado José Manuel Edwards, que fue uno de los legisladores que solicitó que se aclararan los casos, comenta que debido a la facilidad para otorgar la calidad de exonerado «muchos parlamentarios de izquierda se dedicaron a entregar falsos certificados para dar pensiones a personas que no eran titulares de ese derecho». El ex congresista además sostiene: «Sospechamos que se hizo en general para pagar favores políticos a personas que no se le entregaba una pensión».

En tanto, la diputada Paulina Núñez (RN), quien ha impulsado la investigación de este caso, sostiene que «lo último que hicimos en tribunales fue el fallo que no condenó a nadie porque todos los delitos estaban prescritos, el gobierno les cortó a aquellos a los que se les podía cortar pero al resto no hay cómo quitarles el beneficio». Núñez agrega que está de acuerdo con el pago para aquellas personas que realmente cumplen con el beneficio y que el problema se generó cuando se comenzó a botar «la plata en aquellos falsos exonerados».

Respecto al monto que el Estado ha destinado entre 1993 a la 2018 para cubrir los beneficios a exonerados políticos, el ex diputado Edwards afirma: «La Reforma a las Pensiones propuesta por el Presidente Piñera para beneficiar a más de un millón trescientas mil personas en régimen va a costar US$3,500 millones, anual, pero esta cifra es más que eso, entonces la cantidad de plata que se ha gastado es realmente estratosférica para efectos de las posibilidades del fisco«. Aunque precisa que «muchos de esos exonerados son verdaderos beneficiarios y la ley los faculta a tener este derecho».

Aunque para el diputado Pepe Auth esta cifra de US$5 mil millones representa solo el 0,3% anual del presupuesto anual, algo que considera una cifra baja en si se toma en cuenta que las reparaciones serían mucho menores al daño causado.

La fiscal de los casos Corpesca y OAS

La fiscal Ximena Chong se hizo conocida por dos casos de alta connotación para la política chilena. Uno de ellos fue Corpesca en el que la persecutora, en menos de 14 meses logró la prisión preventiva para el entonces senador Jaime Orpis, por supuestos delitos de cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos, quien cumplió la medida cautelar en la prisión Capitán Yaver.

El otro proceso por el que Chong saltó a la palestra pública fue el caso OAS, que ha salpicado a diversos gobiernos de la región, cuya máxima figura es el ex Presidente de Brasil Inazio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión por delitos de corrupción. El año pasado, la fiscal generó polémica al señalar que «todo lo que es eventual infracción a la ley electoral, a la época de comisión de estos hechos, tenían un plazo de prescripción de un año, por lo tanto ya al tiempo en que detectamos estos hechos, que es el año 2017, esos antecedentes se encontrarían a esa fecha prescritos».

Pese a esto, a principios de marzo, la persecutora, que investiga la arista chilena del caso Lava Jato, solicitó nuevos antecedentes a Brasil a través de la cooperación internacional a la Procuradoría de la República respecto a eventuales pagos de coimas en Chile. Actualmente en la investigación solo está formalizado el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, por haber rendido gastos electorales de campaña ante el Servel que no procedentes en 2013, además MEO es indagado por el delito de facilitación de facturas ideológicamente falsas, ocurridos entre enero y febrero de ese año.

 

Oficio enviado por la Dirección de Presupuesto al diputado Pepe Auth 

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