La fiscal jefe de alta complejidad investiga los beneficios fraudulentos desde junio de 2013, cuando el Ministerio del Interior presentó una denuncia por presunto fraude al fisco de 3 mil personas que recibieron pensiones en forma irregular. Ex subsecretario de esa cartera pidió la misma celeridad que ha tenido en casos de financiamiento irregular de la política.
Publicado el 30.06.2016
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El caso de los “falsos exonerados políticos” volvió a la palestra pública tras la resolución judicial de la ministra en visita, Mireya López, de sobreseer parcial y temporalmente a 54 parlamentarios.

Los entonces diputados de la Concertación –en lista encabezada por la actual senador Isabel Allende– extendieron masivamente certificados entre 1996 y 2007 que sirvieron para que personas obtuvieran pensiones vitalicias de exonerados sin cumplir los requisitos exigidos por la ley 19.234, respecto a acreditar la relación laboral y la afiliación política durante el régimen militar, según publicó El Mercurio.

El escándalo se desató cuando un informe de la Contraloría de mayo de 2013 detectó que casi 3 mil personas no cumplían con los requisitos para recibir el beneficio, lo que sólo entre 2005 y 2012 generó un perjuicio fiscal de $29 mil 600 millones.

Con esos antecedentes el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, presentó en junio de 2013 una denuncia ante el Ministerio Público por presunto fraude al fisco, malversación de caudales públicos culposos (por negligencia)  y prevaricación administrativa por las resoluciones dictadas.

La magistrado López logró procesar a trece personas por obtención fraudulenta de pensiones, seis de los cuales están condenados y con el beneficio revocado definitivamente, y dos casos están en etapa de casación en la Corte Suprema.

Los cuestionamientos a Chong por su rol en caso de falsos exonerados

Sin embargo, una diferente situación enfrenta la investigación que desde hace exactamente tres años realiza la fiscal jefe de alta complejidad de la Fiscalía Centro-Norte Metropolitana, Ximena Chong, a quien el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, le encargó el caso.

rodrigo ubillaHace pocos días, el propio Ubilla pidió que “la fiscal Chong haga su trabajo, resguardando los dineros del fisco, por una parte, e investigando objetivamente”, y dijo que le gustaría “que con la misma celeridad que se están investigando los escándalos, que todos nosotros compartimos que se investiguen, de financiamiento de la política, lo hagan con el mismo interés que en esta investigación”.

Las críticas de Ubilla apuntan a que la fiscal Chong no ha logrado procesar a ninguno de los involucrados en el caso “falsos exonerados”, situación diferente a la que ha existido en el escándalo de Corpesca, donde tras solo 14 meses logró dejar en prisión preventiva al senador Jaime Orpis, por los supuestos delitos de cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos, quien cumple la medida cautelar actualmente en la cárcel Capitán Yaver. El fraude al fisco al que acusan a Orpis es de $230 millones.

Cuando Chong recibió la causa de falsos exonerados tenía dos tomos de antecedentes y varias declaraciones y documentos, ya que el tema había sido investigado en profundidad por la Contraloría General de la República, que revisó los expedientes de 9.145 beneficiados.

Ocho meses después, en enero de 2014, la fiscal depuró la lista de casi 3 mil falsos exonerados a 71 casos, y ordenó a la PDI investigarlos porque obtuvieron beneficios del Instituto de Previsión Social. Esas personas fueron indagadas por el delito de falsificación y fraude con subvenciones debido a que se detectaron irregularidades en declaraciones juradas y certificados falsos.

Según reportó La Tercera,  la fiscal también entrevistó a los encargados de entregar el beneficio, así como a las personas que prestaron su colaboración para que los falsos exonerados recibieran el apoyo económico por parte del fisco, no logrando aún formalizaciones.