Este martes se aprobó en el Congreso la renovación del Estado de Excepción en La Araucanía y el Biobío, lo que fue visado por una amplia mayoría, recibiendo 122 votos a favor en la Cámara y 40 en el Senado, pese a los cuestionamientos de algunos parlamentarios. Mientras, este miércoles el Presidente José Antonio Kast realizó su primer viaje a la Macrozona Sur, donde visitó Temuco, Ercilla y Victoria.
En conversación con El Líbero, la senadora por La Araucanía, Vanessa Kaiser, militante del Partido Nacional Libertario, explicó su voto a favor de esta iniciativa, pero sostuvo que le hizo entrega de un petitorio a la ministra de Seguridad y al ministro de Defensa, donde condiciona su apoyo a la próxima votación de Estado de Excepción para la zona al cumplimiento de una serie de medidas.
«Si queremos que las cosas cambien no puedes seguir haciendo más de lo mismo»
«Se dio libertad de acción a los parlamentarios del Partido Nacional Libertario, porque sabemos que si de un día para otro despejáramos de la presencia militar, todo lo que es la zona roja, La Araucanía, Biobío, los ciudadanos sufrirían muchísimo las consecuencias. Sin embargo, este decreto que se presentó es exactamente el mismo decreto que se venía renovando con Gabriel Boric«, explicó la senadora.
«Entonces, si queremos que las cosas cambien, y nosotros sabemos que el gobierno de José Antonio Kast quiere hacerse cargo y que cambien las cosas, no se puede seguir haciendo más de lo mismo. Y ahí es donde yo condicioné mi futuro apoyo a la renovación del Estado de Excepción, al cumplimiento de una serie de puntos que he trabajado» sostuvo.
Así, Kaiser sostuvo que el primer punto clave -entre los nueve que le presentó al gobierno- es empoderar al jefe de defensa nacional en la zona sur, para que cuente con mayores facultades y autonomía. «El jefe de defensa nacional, en la práctica, depende de lo que le diga Carabineros, lo que le diga la administración regional, lo que le diga la PDI, por lo que no tiene libertad de acción”, detalló.
La senadora también subrayó la necesidad de focalizar acciones armadas, y
que en el próximo decreto se incorporen tareas y objetivos claros, acotados a las zonas más conflictivas. Según la parlamentaria es fundamental que se actúe con una mirada estratégica. “No podemos tener todo el sur bajo un estado de emergencia, cuando las crisis son acotadas a zonas específicas (…) es mucho más inteligente abocarse a esos lugares en los que en definitiva el Estado está fallido», sostuvo.
«Pedimos también la creación de una comisión investigadora que aclare la relación y el rol que tienen organismos que operan en la zona», agregó, refiriéndose a partidos políticos, ONG’s nacionales e internacionales y el crimen organizado.
Además, Kaiser solicitó medidas como avanzar en la implementación de la ley antiterrorista para la identificación de las organizaciones que operan en la región, precisar en el decreto cuánto personal asignará Carabineros, PDI, Ejército y Armada, y terminar con leyes discriminatorias «que atentan contra el derecho a la propiedad individual de nuestros compatriotas mapuches».
Por último, la senadora abordó la necesidad de «reabrir los regimientos en Lautaro y Traiguén» y «pedirle a la contralora Dorothy Pérez que investigue cómo ha funcionado la Conadi«.
Y agregó que «ese petitorio fue lo que yo le entregué a la ministra de Seguridad y al ministro de Defensa, para que tuviesen un poco de input«. «Espero que el próximo decreto no sea el mismo de Gabriel Boric. Es decir, un decreto en el que efectivamente se avance en los puntos aquí planteados», advirtió.
«Espero que el gobierno no esté pensando que La Araucanía soporta cuatro años más de estado de emergencia«
Sobre el reciente viaje del Presidente Kast a la Araucanía, Kaiser se mostró cautelosa, pero expresó sus expectativas de que este sea el primer paso hacia un cambio real en la región, y dijo que espera anuncios claros y concisos sobre qué se va a hacer en los próximos 60 días.
La senadora aclaró que no puede seguir el mismo esquema que se aplicó durante el gobierno de Boric. «Estoy esperando con fe y esperanza que el Presidente pueda hacer anuncios que cambien en el corto plazo la situación», dijo y agregó que «espero que el gobierno no esté pensando en que La Araucanía soporta cuatro años más de estado de emergencia«.
«Hay zonas acotadas donde están operando estos grupos narcoterroristas y hay que ir ahí a hacer la pega. Y eso se hace con militares (…). Por lo tanto, uno esperaría un plan de acción claro, con medidas anunciadas, que sirvan a la preparación de una estrategia en el corto plazo, para resolver el problema del terrorismo en La Araucanía», sostuvo.
«Si nos empiezan a hablar de que nos van a tener cuatro años más con estado de emergencia, yo le puedo asegurar que esto va a generar una decepción radicalizada en la región más de derecha de Chile«, advirtió.
“Me alegra profundamente que el Presidente Kast no apoye a Bachelet”
En cuanto a la decisión del Presidente Kast de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Kaiser se mostró completamente de acuerdo.
“Me alegra profundamente que el Presidente Kast no apoye a Bachelet, que es el origen de todos los males que nos afectan. Ella fue la que inventó la retroexcavadora, con la reforma tributaria, la reforma educacional. Ella comenzó con los diálogos constitucionales, y abrió el proceso constitucional en la práctica», dijo.
«Para mí, el origen de todos nuestros males es Michelle Bachelet». Y agregó que «Bachelet salió muy mal de su cargo en la ONU. Entonces, me parece excelente la decisión que ha tomado el Presidente».
«No podemos poner un cheque en blanco sobre la mesa«
Sobre el apoyo del Partido Nacional Libertario al gobierno, la senadora afirmó que «no podemos poner un cheque en blanco sobre la mesa. Uno va viendo cómo se van tomando las decisiones, y eso va generando una legitimidad en el accionar del gobierno. Por eso es que yo también le di mi respaldo a la renovación del estado de emergencia, porque he visto que el gobierno ha hecho bien las cosas.».
En relación a los indultos presidenciales que podrían entregarse a ex uniformados condenados durante el estallido, la senadora expresó su apoyo total. “Si quieres poner orden en este país y terminar con la crisis de seguridad, tú tienes que restablecer las relaciones entre fuerzas armadas y de orden y el poder Ejecutivo. Y eso pasa, en este caso, por hacer indultos”, dijo.
Y agregó que «por eso es que los nacional libertarios planteamos la reforma al poder judicial. Porque también pasa por el nombramiento de los jueces, por la fiscalización, por esta creación de esta entidad fiscalizadora de jueces que están prevaricando».
La primerísima obligación de los gobernantes es asegurar el orden público, la vida y las posesiones de sus ciudadanos; tarea que no cumplen, dejando abandonados a su suerte a los habitantes del territorio de Chile —forzándolos a ejercer la autodefensa— especialmente en las regiones de la denominada “Macrozona Sur” con sus secuelas de destrucción, dolor y muerte.
Las organizaciones guerrilleras y terroristas que operan impunemente en La Araucanía —y que han declarado explícitamente sus objetivos de control territorial, político y militar de la zona— están en guerra contra el Estado de Chile; una guerra de guerrillas que, aunque irregular, es una guerra de verdad la que debe ser enfrentada como tal.
Para enfrentar con éxito esta guerra se requiere el empleo de las fuerzas militares del Estado con todas sus capacidades y con todo su potencial bélico; no por fuerzas policiales que no están preparadas para tales funciones y cuyo armamento tiene menor poder de fuego que el empleado por los miembros de tales organizaciones que actúan impunemente en dicha zona y que, descaradamente, difunden fotografías de grupos armados con fusiles de guerra.
Lamentablemente nuestros gobernantes no cumplen su obligación esencial de restituir el orden exigido por el bien común y de asegurar los derechos humanos de los habitantes de esa zona por su lenidad y pusilanimidad para emprender las acciones que corresponden con los medios apropiados al caso para enfrentarse con éxito a esas organizaciones.
Ellos no se atreven a hacer uso de la violencia física legítima del Estado, de la cual tiene el monopolio, porque han sido permeados por el discurso de los derechos humanos, que es un arma estratégica del comunismo —los mayores violadores de los derechos humanos del mundo— que considera violatoria de los derechos humanos cualquier acción de fuerza destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, el flagelo terrorista y la violencia o la insurrección revolucionaria; y así quitar legitimidad al uso de la fuerza y desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar tal violencia.
Resulta más que razonable que las fuerzas del Estado usen sus armas letales sin previos perifoneos, diálogos o exhortaciones a la paz, contra quienes están cometiendo o se apresten a cometer delitos de carácter terrorista; desde encapuchados que portando fusiles de guerra (tales como AKA-47 o M16) están bloqueando un camino hasta otros que están incendiando un molino histórico o quemando vivo al conductor de un camión o a otras personas.
Quienes realizan ataques terroristas —eufemísticamente denominados “violencia rural”— son grupos de combatientes organizados fuertemente armados, que forman un verdadero ejército y que utilizan una estrategia denominada “guerra de guerrillas”. No se trata de algo parecido a la guerra, es una guerra de verdad y debe ser tratada como tal. Ella debe ser enfrentada por fuerzas militares que empleen todo su potencial, aplicando los procedimientos de tiempo de guerra; no por fuerzas policiales, que están preparadas para restablecer el orden público y para controlar la delincuencia en tiempos de paz.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política