Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, tiene «un dato» sobre Venezuela: «Hay cientos de agentes del Estado venezolano condenados por la violación a los derechos humanos en las protestas. ¿Cuántos hay aquí? La violación a los DD.HH. son dolorosas en todas partes del mundo, pero no transforman a un gobierno en una dictadura«. Así afirmó en una entrevista a La Tercera publicada el sábado tras ser consultado si apoya al gobierno de Nicolás Maduro.
Los «cálculos» del presidenciable del Partido Comunista (PC) no son correctos tal como lo demuestran organismos de DD.HH.
Según el informe la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2 de julio de 2020, liderada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, el Ministerio Público de esa nación emprendió 361 investigaciones de tortura y 9.951 de malos tratos. «Como resultado de estas investigaciones, fueron acusados 517 agentes del Estado, imputados 401, privados de libertad 167 y 26 fueron condenados por tortura y malos tratos».
El político comunista concluye que «no» respalda al régimen y condena la violencia «venga de donde venga», y destaca que está «en contra de la intervención extranjera en Venezuela».
El régimen de Maduro informó de que entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio hasta el mes de mayo. Los crímenes fueron cometidos en distintos escenarios, incluyendo operativos policiales y hasta por enfrentamientos con bandas delictivas; es decir, el centenar de condenados por homicidio no refiere al contexto de las manifestaciones opositoras.
«Él (Jadue) está confundiendo. Se trata de funcionarios de seguridad del Estado condenados por homicidio, pero esa cifra no representa la realidad de la lucha a favor de los derechos humanos en el país. No se puede decir que esas 117 condenas son por violación de derechos humanos en las protestas, porque obedecen a distintas causas y escenarios», explica Ali Daniels, director ejecutivo de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, a El Líbero.
En ese mismo período, el Ministerio Público venezolano, controlado por Maduro, inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad; de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su etapa intermedia y 13 en juicio; «el perpetrador fue condenado por homicidio en un caso«, señala el informe de ACNUDH. La proporción entre el número de denuncias por malos tratos y las condenas es menor al 1%.
Destacan las observaciones de Naciones Unidas sobre las protestas masivas ocurridas entre abril y julio de 2017 en ese país. «En reacción a estas violaciones, las autoridades han respondido con escasas condenas de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, con un discurso que estigmatiza a la oposición y los manifestantes, con la negación de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad antes de que concluyeran las investigaciones de las muertes y con una falta de cooperación con las investigaciones iniciadas», indica otro informe del la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos difundido hace tres años.
Identifican la existencia de «una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones a costa de los derechos y libertades de los venezolanos», además del uso «generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones» y detenciones arbitrarias, especialmente de opositores, lo cual «denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados».
«Solo en los primero 9 meses de 2019, las denuncias de tortura crecieron en un 508% respecto al año anterior»
Los defensores de derechos humanos reiteran su preocupación por «escuadrones de la muerte» al servicio de Maduro, que intervienen violentamente en barrios de clase pobre, y en la ausencia de justicia en el país. Daniels explica que «cada paso del proceso penal» venezolano está diseñado en contra de opositores o disidentes al régimen. «Si te detienen, el patrón es, primero, desaparición; después presentación tardía en tribunales: cuatro, cinco, una semana después (…) Adicionalmente, están los malos tratos que se llevan a cabo en las cárceles y en los sitios de detención, y donde eso ha quedado evidenciado, no solo en los informes de la actual Alta Comisionada Michelle Bachelet, sino de su antecesor, Zeid Ra’ad Al Hussein, que realizó dos informes sobre este tema (…) Él, ahí, describe cómo había denuncias de tortura y cómo, al ser llevadas al juez de la causa en las audiencias, nunca se hacía nada«, agrega.
Considera que existe un patrón, pues los casos de represión y tortura ocurren de modo sistemático. Solamente en los primero nueve meses de 2019 creció en un 508% las denuncias de tortura en Venezuela respecto al año anterior, según un estudio de la ONG Provea. «La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,90% (5) pertenecen al género femenino. En el restante 0,54% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; patadas e insultos», detalla la investigación.