Restan pocas horas para que Gabriel Boric asuma la Presidencia de la República, y con él las nuevas autoridades designadas por su gobierno. Pese a que se informó la contratación de una empresa que se encargaría de hacer escrutinio a cada uno de los nombramientos para evitar polémicas, igualmente han dejado de qué hablar: un ministro con condena pendiente por injurias graves, una ministra investigada por maltrato y hostigamiento laboral y dos subsecretarios que fueron investigados por la Contraloría se cuentan entre los integrantes del equipo que han sido cuestionados.

A Boric le acompañarán sus 24 ministros, 35 subsecretarios, 13 delegados presidenciales regionales y 40 delegados presidenciales provinciales. 

El primero de los nuevos funcionarios en tomar la responsabilidad de un cargo fue Gabriel De la Fuente, que asumió este miércoles como subsecretario de Interior de forma subrogante, ya que Manuel Monsalve aún es diputado. De la Fuente es socialista, director Ejecutivo del Instituto Igualdad y jefe de gabinete de Monsalve.

Al ahora subsecretario (s) le corresponde preparar la llegada del nuevo gobierno a La Moneda el 11 de marzo. Al socialista no le es extraño el funcionamiento del Estado pues se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia entre agosto de 2017 y marzo de 2018. Antes fue jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales en la Subsecretaría General de la Presidencia y estando en ese cargo estuvo sometido a un dictamen de Contraloría en cuanto a si le correspondía el pago de viáticos debido a que estaba residenciado en Viña del Mar y debía trasladarse a Santiago y Valparaíso por razones de trabajo.

De la Fuente vivía en Viña del Mar y ejercía su cargo en Santiago, pero en ocasiones debía trasladarse a Valparaíso a las instalaciones del Congreso para lo cual hacía uso de un vehículo con chofer pagado mediante viáticos.

La Contraloría emitió un dictamen en 2014 en el que precisa: «Aquellos funcionarios que deben cumplir un cometido en la misma localidad de su domicilio, sólo tendrán derecho a viáticos, en el evento que incurran en gastos de alojamiento y alimentación, pues éstos son los elementos que determinan la procedencia de dicha asignación, y no la ausencia del respectivo lugar de desempeño habitual».

Es por esto que el ente contralor concluyó que «no procede su uso para los fines por los que se consulta» y agrega que «aquellos trabajadores que voluntariamente han fijado su domicilio en una localidad distinta de aquélla donde funciona el organismo en el que se desempeñan, deben asumir los costos de sus desplazamientos desde y hacia su lugar de trabajo».

La condena por injurias y la querella por violación de morada contra el próximo ministro de Agricultura

El futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, fue condenado a 21 días de prisión en su grado medio y a una multa de 10 unidades tributarias mensuales, eximido del pago de las costas, por su responsabilidad como autor del delito consumado de injurias graves con publicidad. Eso sí, fue absuelto por el delito de calumnias por escrito y con publicidad.

El caso se remonta al año 2020, cuando Valenzuela hizo un vídeo que subió a su cuenta de YouTube y difundió a través de su cuenta de Twitter, junto a una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook, donde hace alusión al dueño de la empresa Tralcán, Nicolás del Río, que posee un cultivo de paltas en la comuna de Las Cabras en la región de O’Higgins. Allí, Valenzuela se se refería a él como “delincuente”, “racista” y perteneciente a una “mafia”.

“El mero hecho de publicarlas en redes sociales como YouTube y Twitter, lleva ínsita la intención de divulgarlas, lo que constituye en el caso de las injurias difamatorias, el dolo específico exigido para que se consume la puesta en peligro exigida por el tipo penal”, explicita la querella presentada por el abogado Nicolás Garrido.

Es por esto que el pasado 24 de febrero de 2022 el 1° Juzgado de Letras y Garantía de Peumo -Región de O’Higgins- dictó como fecha de presentación ante el Centro de Reinserción Social de Rancagua el día jueves 10 de marzo del presente año a las 10.00 horas para iniciar el cumplimiento de la condena, es decir, un día antes de asumir en el cargo de ministro. 

Y aunque el abogado defensor de Valenzuela presentó un recurso de nulidad el pasado 27 de noviembre, éste fue rechazado por la Segunda Sala de la  Corte de Apelaciones de Rancagua validando la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2021.

El tribunal permitió que la condena privativa de libertad se cumpliera bajo la modalidad sustitutiva de remisión condicional por el plazo de un año. Valenzuela debía presentarse en Gendarmería el 1 de marzo, sin embargo, hasta el 12 de marzo no se había presentado en las instalaciones del lugar. 

Pero este no es el único flanco judicial que tiene abierto. Uno de los trabajadores de Tralcán, Juan Andrés Morales, realizó una denuncia -proceso que aún se encuentra en tramitación- contra el futuro titular de Agricultura por violación de morada. Y es que tras la realización de las publicaciones en redes sociales, Valenzuela habría asistido a las instalaciones de la empresa e ingresó por un camino aledaño de forma irregular. 

Allí se encontró con el agrónomo de la empresa que al percatarse del ingreso irregular bloqueó con su camioneta la salida de Valenzuela. La querella del trabajador relata: “De manera muy hostil me manifiesta: ‘Y quién eres tu weón, yo no tengo que dar explicaciones a ti, ustedes que andan deforestando’ (…) En ese lapso el hombre se baja y me manifiesta: ‘secuestrador saca tu cagá de camioneta’”, explica el trabajador en su denuncia. 

Posteriormente, el futuro ministro habría enfrentado a Morales: “Soy exalcalde de Rancagua. Te voy a meter preso, weón. Y toda tu familia se va a ir a la concha de tu madre (sic)”. 

El exedil de Rancagua publicó un video a través de la cuenta de Twitter ‘Bosques para Cachapoal’ en el cual denuncia la irregularidad en la plantación de paltas, en el mismo acusa y graba al trabajador por no dejarlo salir del lugar.

“Atrapados y bloqueados al verificar destrucción del Cerro Los Boldos para plantar paltas por los Del Río en Quilicura en Las Cabras. Secuestrados por lacayos una hora hasta que Carabineros los obligó a dejar salir”, escribió Valenzuela en su cuenta de Facebook junto al mismo vídeo. 

El Ministerio Público de San Vicente solicitó la imposición de una pena de 300 días de reclusión menor en su grado mínimo, junto el pago de asesorías legales y costas. Sin embargo, recientemente el abogado defensor solicitó fijar audiencia para discutir el posible sobreseimiento definitivo, la cual fue fijada para el pasado 3 de marzo (información que aún no se encuentra actualizada en la carpeta judicial). 

En todo caso, Valenzuela está citado a declarar el 22 de marzo, once días después de que asuma el cargo. Deberá asistir a una audiencia, fijada a las 9:15, en el Juzgado de Garantía de Peumo por la misma causa.

Consultado vía WhatsApp por los procesos judiciales en su contra, el futuro ministro explicó que lo ocurrido fue en el marco de una denuncia que realizó contra Tralcán, “dicha empresa, ya condenada por el Juzgado de Peumo por tala ilegal de bosque nativo, presentó las denuncias”. 

El futuro ministro dio detalles a El Líbero sobre las querellas: “Una por injurias y calumnias, absuelto en calumnias y la condena de 10 UTMs por injuria, otra por amenazas al funcionario de Tralcán que se interpuso cuando nos fue a sacar un campesino con su tractor del camino vecinal donde se deslavo el cerro saqueado en junio del 2020  y le exigimos dejar sacarnos; y otra por la ridícula denuncia de invasión de morada a camino vecinal sin portones ni letreros de propiedad privada”.

Al mismo tiempo, Valenzuela precisó que ya pagó la multa y que comenzó a cumplir con la firma mensual solicitada por el tribunal.

La nula investigación a Benado 

El caso de Valenzuela no es el único que complica el gabinete del próximo presidente. Tras el nombramiento de la futura ministra de Deporte, Alexandra Benado, rápidamente comenzaron a circular en redes sociales los primeros antecedentes de la exfutbolista. 

Un grupo de trabajadores del espacio de Memoria Londres 38 denunció maltrato laboral cuando Benado se desempeñó como coordinadora ejecutiva de la entidad, cargo que ocupó durante cinco años.

Y pese a que rápidamente el equipo de Boric salió a poner paños fríos a la situación y aseguró que se realizaría una investigación, este lunes una de las denunciantes transparentó que nada de eso habría ocurrido. “A estas alturas, esa investigación prometida y difundida es mera ficción. Por no aseverar que es una mentira, una que buscaba calmar las aguas y que, bueno, no les ha funcionado”, expresó Andrea Ocampo a El Mercurio. 

Ni la investigación que se realizaría para esclarecer los hechos, ni el contacto con las presuntas víctimas habría ocurrido por parte del equipo del futuro mandatario. “Lo que me sorprende y decepciona mucho, porque tanto Camila Vallejo como Izkia Siches dijeron a los medios es que se realizaría una investigación sobre los entonces nuevos antecedentes, documentos; archivos que muestran una y otra vez, el maltrato y hostigamiento vivido”, agregó Ocampo.

Adicionalmente, otra arista se abrió para la futura titular de cartera. Un sumario administrativo de Contraloría que sostenía que mientras trabajó en el área de deporte de la Municipalidad de Providencia recibió el pago de horas extra en un período en que Benado se encontraba de vacaciones. 

Benado estuvo de vacaciones entre el 4 y el 24 de febrero, sin embargo, en los registros del municipio marcó asistencia. Adicionalmente, cobró 40 horas extras que aseguró cumplir en el mismo período.

Por dicha investigación, la próxima secretaría de Estado tuvo que devolver más de un millón de pesos por el pago irregular que recibió en 2014: $427 mil de las horas extra y $699 mil correspondientes a los 21 días que se ausentó del trabajo.

La falta de probidad que objetó contraloría a Araos 

Otra de las investigaciones que salió a la luz fue una contra Fernando Araos Dattoli, que asumirá este viernes como subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. El médico cirujano de la Universidad Finis Terrae cuenta con una amplia trayectoria en salud pública, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue director de SAMU Metropolitano. 

No obstante, fueron precisamente los pasos de su padre, Fernando Araos Baldebenito, como jefe de servicio de Radiología en el Hospital Sótero del Río los que causaron polémica, luego de que se diera a conocer una auditoría realizada por la Fundación América Transparente y solicitada por la Contraloría en 2010.  

El ente detectó faltas en la probidad administrativa porque su hijo y futuro secretario formaba parte -con un 20% de participación en la empresa- de una sociedad médica y familiar que prestaba servicios al hospital. 

Contraloría informó que en 2009 el Sotero pagó $184 millones a la sociedad de la que Araos y sus hermanos eran parte. Tras la auditoria, el hospital suspendió el contrato que mantenían desde comenzó en 2003 -y que fue ampliado en 2006- hasta la realización de la auditoría. Posteriormente, Araos se retiró de la sociedad en 2015.

“Contravienen especialmente el principio de probidad administrativa las siguientes conductas: Intervenir, en razón de sus funciones, que tengan interés personal o en que lo tenga el cónyuge, hijos, adoptados o parientes (…) Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”, sostiene el documento.

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