Publicado el 5 septiembre, 2020

La «oportunidad perdida» del Tribunal Constitucional de dar un téngase presente en el fallo a favor de Hugo Gutiérrez

Autor:

Emily Avendaño

Siete de los ocho ministros que vieron el requerimiento de los diputados de Chile Vamos para cesar en el cargo al legislador comunista estuvieron por rechazar la solicitud al considerar que no se había acreditado que Gutiérrez hubiese incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. Mientras unos juristas consideran que el organismo se apegó a sus atribuciones, al entregar solo el fallo, otros deseaban, al menos, un “téngase presente” debido al tema en juego. En el ámbito político, el diputado Javier Macaya (UDI), subrayó: “Se perdió una oportunidad de dar una señal respecto del comportamiento de los legisladores con lo que significa la afectación de los derechos de los niños, la incitación al odio y la violencia”.

Autor:

Emily Avendaño

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Al no acreditarse la causal invocada por los requirentes, el Pleno del Tribunal Constitucional adoptó acuerdo y resolvió rechazar el requerimiento formulado por diputados de Chile Vamos que pedían el cese en el cargo del legislador comunista Hugo Gutiérrez. La decisión no dejó margen de duda ya que 7 de los ministros -de los 8 que estaban conociendo la causa- votaron por rechazar la petición.

El único que estuvo por acoger parte del requerimiento fue el ministro Cristián Letelier -diputado por la UDI de 2010 a 2014- y “solo en aquella parte que denuncia tweets en que el requerido difunde diálogos de niños con personificaciones contrarias a la tradición democrática, dando lugar a una denuncia de la Defensoría de la Niñez ante los Tribunales de Familia de Iquique, por vulneración del artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño”. Esto en alusión a un tuit emitido por el diputado comunista en diciembre de 2019 en el que aparece un dibujo de un hombre con barba disparando al Presidente de la República. 

Las argumentaciones que respaldan la decisión del TC aún no se dan a conocer, pues la sentencia debe publicarse en los próximos días. Sin embargo, no fue sorpresivo que la votación quedara 7 a 1, pues en la previa a la decisión fuentes cercanas a la corte no dudaban que el requerimiento iba a ser rechazado por un quórum alto, con la inhabilitación de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez y también porque los magistrados Gonzalo García y María Pía Silva ya habían marcado su postura de rechazo en el voto disidente que suscribieron el 22 de enero de 2020, cuando se admitió la causa a tramitación y al decidirse abrir el término probatorio, en mayo, cuando señalaron que los hechos sobre los cuales debió recaer la prueba debieron relacionarse únicamente con las imputaciones formuladas a Gutiérrez contenidas en las publicaciones efectuadas en Twitter.

En este caso también se analizaron las amenazas que habría proferido Gutiérrez contra un Mayor de Carabineros el 11 de agosto de 2019, durante una marcha no permitida que se concentró en la Plaza Prat de Iquique; y la presencia del diputado comunista en una manifestación el 19 de octubre de 2019 ante el Cuartel General de la VI División del Ejército, ubicada frente a la Playa Cavancha de Iquique, que terminó con soldados lesionados y daños en el edificio por más de $15 millones.

El constitucionalista Víctor Manuel Avilés analiza que “lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es seguir con la doctrina tradicional, que es aplicar muy estrictamente las causales de destitución de un parlamentario porque son sanciones, y como sanciones que son no hay que aplicarlas por analogía sino que solamente en caso que se cumpla al pie de la letra lo que señala la Constitución”.

El abogado Javier Couso, profesor de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht en Holanda, también había adelantado que con los antecedentes presentados no se  alcanzaba a configurar la incitación de palabra o por escrito a la alteración del orden público, causal del artículo 60 de la Constitución, por el que se solicitaba la destitución de Gutiérrez.

“Es una decisión adecuada, contundente. Si bien hubo una falta de prudencia o de criterio del diputado no había dolo o intención de llamar a alterar el orden público. Yo creo que fue un fallo predecible, fácil. Era un caso bastante claro”, afirmó Couso, quien además relevó como un punto positivo para el tribunal que se haya limitado a informar el rechazo del requerimiento por no acreditarse la causal. “El tribunal tiene que decidir si la situación es o no contraria a la Constitución y a las leyes, pero no tiene que andar dando recomendaciones, opiniones, tirones de oreja. Todas esas cosas están fuera de lugar y en ese sentido estuvo bien el tribunal”.

Lo mismo opina Avilés, que subraya que el TC tiene ciertas competencias muy específicas y dentro de ellas no se contempla la posibilidad de amonestar a un parlamentario, simplemente evaluar si efectivamente incurrió en la causal de cesación en el cargo.

De todas formas, si bien no se estila, otros expertos del mundo jurídico esta semana recordaron el requerimiento parlamentario que hubo a comienzos de año para que le extendieran el indulto conmutativo a los presos de Punta Peuco, en el que se hizo una consideración que se calificó de “político-contingente”.

De hecho, previo a la decisión de ayer, se comentaba en sectores del mundo jurídico que el TC podía aprovechar esta ocasión «para restituir la dignidad del cargo de parlamentario».

Y antes del fallo de ayer, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica, José Luis Lara, señaló: “Dada la entidad del TC siempre puede efectuar declaraciones en sus sentencias, con independencia del resultado de la acción. Los tribunales excepcionalmente hacen este tipo de declaraciones y podría ser una vía que decida el pleno del tribunal. Ahora, el tribunal tiene que pronunciarse respecto de si acoge o rechaza, eso es lo relevante en definitiva, pero podría hacer una declaración”.

Pero esta vez el Tribunal Constitucional optó por la vía tradicional de solo emitir el fallo.

Chile Vamos acudirá a instancias internacionales

Por rechazar el requerimiento estuvieron la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Brahm y los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo, Juan José Romero, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica. 

Los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron de conocer la causa. Esto a raíz de los dichos de Brahm que en una entrevista ofrecida en abril en la que afirmó que antes de su llegada al cargo las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción”; lo que desencadenó una oleada de querellas -del propio Hugo Gutiérrez y de diputados y cercanos al Partido Comunista- contra los ministros del tribunal, en particular contra Aróstica y Vásquez. 

Además la decisión llega en un momento en que según la última encuesta de Cadem, 42% de los consultados se mostró de acuerdo con que no exista un Tribunal Constitucional y que sea la Corte Suprema la que declare la inconstitucionalidad de las leyes.

Couso opina que el hecho de que el único voto por acoger el requerimiento haya sido el del magistrado Cristián Letelier le hace un flaco favor al tribunal, pues es el que tiene menos trayectoria académica: “Es una persona con un pasado político. No tiene una trayectoria como constitucionalista, entonces no me extraña que haya hecho un fallo muy político. Creo que Letelier quedó muy expuesto. Es un ex político y su voto fue de acuerdo a esa trayectoria”.

No obstante, los diputados de Chile Vamos rescatan el paréntesis que hizo Letelier con respecto a los tuits emitidos por Gutiérrez, teniendo eso en consideración aún no desisten y no descartan llevar el caso a tribunales fuera del país. Uno de los diez diputados requirentes, Javier Macaya (UDI) declaró sobre este asunto. “No descartamos que en el futuro se pueda recurrir a instancias internacionales, fundamentalmente por lo que significa la afectación de los derechos de los niños. Creo que el TC perdió una oportunidad. Era parte de un resultado que era esperable, pero creemos que se pueden recurrir a otras instancias particularmente por la situación de los niños y la afectación de sus derechos”, dijo.

En esto último participarán los mismos abogados que actuaron frente al Tribunal Constitucional. La abogada Jéssica Torres, que los representó en el TC, explicó que esta es una alternativa que se venía planificando “considerando la gravedad de las causales que motivaron este requerimiento, porque estamos seguros que situaciones como esta no se pueden repetir en un estado democrático. Lamentablemente, esperábamos que se ejercieran las atribuciones que la Constitución le entrega al Tribunal Constitucional, pero con la reserva de que no sabemos aún los fundamentos, la claridad que tenemos es que esta historia continúa, pero continúa fuera de nuestro país”, planteó.

Nunca, en toda su historia, el TC ha destituido a un congresista en ejercicio. Con esto en cuenta, Macaya advirtió que “si bien es una disposición que esperábamos porque en la historia del TC no se ha destituido nunca a un parlamentario desde el retorno de la democracia, nos parece que sí se perdió una oportunidad de entregar una señal respecto del comportamiento de los legisladores con lo que significa la afectación de los derechos de los niños, la incitación al odio y la violencia. Y si bien lo esperábamos nos parece contradictorio, y hasta atípico que una persona que no se defendió en el tribunal, que no aportó ninguna prueba haya resultado ganador. Eso es algo que no ocurre en ningún tribunal de Chile”.

Sobre este punto el diputado Jorge Alessandri (UDI) reiteró que a juicio de los requirentes “las manifestaciones afuera del regimiento, los dibujos de niños matando al Presidente eran sumamente graves. No descartamos otras acciones legales, pero uno por supuesto como respeta la democracia, respeta también los fallos de los tribunales y el Tribunal Constitucional es un tribunal más de nuestro país”.

«Uno no puede juzgar los fallos de los tribunales de acuerdo con lo que uno piensa o no»

Una vez conocido el resultado, Gutiérrez publicó en su cuenta de Twitter: “Agradecido de todo el gran apoyo que recibí en este período donde la derecha intentó destruirme. Muy significativo para mí que la resolución del caso haya coincidido con la conmemoración de los 50 años del triunfo de Salvador Allende en un proceso democrático”. Y en la madrugada había anticipado en la misma red social: “4 de Septiembre, la victoria es nuestra”.

Argumenta el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), que figura entre los requirentes, que “es importante la señal que se da a la ciudadanía en términos de que el mismo diputado Gutiérrez se declara sorprendido. La gran mayoría de los países, ya sea a través de su Corte Suprema o de instituciones como tribunales constitucionales, resuelven este tipo de problemas. En consecuencia, es una institución que se valida, que es legítima en las democracias y fallan de acuerdo a la Constitución vigente. Por lo tanto, me parece que es una institución sumamente necesaria; contrario a lo que señala el diputado Gutiérrez. De alguna forma esto también es una lección para él”.

En esta línea Cruz-Coke recordó que Gutiérrez “decía que esta era una institución que era parte de una suerte de complot institucional en contra de la ciudadanía y del pueblo. Eso se cae como tesis”.

Para Alessandri, la decisión no debe afectar la atribución de control del TC sobre los parlamentarios: “Las instituciones son permanentes, los miembros son transitorios. Siempre vamos a tener la opción de recurrir al Tribunal Constitucional con estos miembros o con otros, ellos ejercen un control muy importante de la constitucionalidad de las leyes… Uno no puede juzgar los fallos de los tribunales de acuerdo con lo que uno piensa o no. Uno tiene que juzgarlos cuando pierden su independencia, cuando existe corrupción, cuando fallan en su labor. Este fallo no me da a mí titularidad para cuestionar si sirve o no el Tribunal Constitucional o sus distintas atribuciones. Este fallo no afecta su legitimidad”.

Los diputados de Renovación Nacional Sebastián Torrealba y Luis Pardo también lamentaron la resolución del Tribunal Constitucional. Torrealba afirmó: “Nosotros tenemos la convicción de que el diputado Gutiérrez llamó al desorden público e incitó al desorden, pero la verdad es que el Tribunal Constitucional ha hablado, ha fallado y esos fallos hay que acatarlos. Mientras que Pardo destacó: «Sabemos que el estándar de prueba para este tipo de delito constitucional es muy alto y por eso, probablemente, el Tribunal Constitucional no ha fallado como hubiéramos querido, pero no descartamos otras acciones en contra no solo del diputado Gutiérrez, sino que en contra de todos aquellos que atenten en contra de la democracia mediante la incitación al odio y la violencia».

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