La operación de la izquierda más dura que busca destituir a Micco del INDH

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ofició al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, por solicitud del legislador comunista Boris Barrera -también miembro de la junta-. La cita tenía como objetivo que Micco explicara un cambio en el criterio con el que se llevan las cifras de las víctimas de trauma ocular, con lo que el número disminuyó de 460 casos a 173.

Durante la sesión, llevada a cabo el 23 de junio, Micco precisó que “las 460 víctimas de trauma ocular es el registro que levantaron durante la crisis social de octubre a partir de la observación de los hospitales y en el balance aparecen las querellas que presentamos a partir de los testimonios que nos pidieron representación judicial”. 

La decisión tomada por el INDH llevó a que desde el 7 de junio, una de las asociaciones de trabajadores del instituto decidiera cesar sus funciones y llamar a paro indefinido. Esto, sumado a que el gremio denuncia “maltrato laboral y el mal uso de recursos públicos en el INDH”.

Sobre esto, en la instancia en el Congreso, Micco señaló: “Lamento que se haya producido esta polémica, pero quiero señalar que lean la noticia. El artículo (en alusión a una nota de Interferencia del miércoles pasado) trata de un conflicto gremial dentro del instituto, y quienes levantaron este debate fue en torno a ese contexto. ¿Debo yo responder por eso? Evidentemente he cometido muchos errores como director, desde direcciones laborales, obvio, me he equivocado muchas veces. Pero este conflicto surge por un tema gremial. Aunque quiero insistir en que jamás ocultamos cifras. Si pusimos el acento en la estrategia judicial fue por una decisión que se tomó y hemos perseverado, porque es ahí donde el Estado de Chile se juega la partida”.

La Asociación Nacional de Funcionarios Defensores de Derechos Humanos del INDH (ANDEDH) públicamente ha solicitado la renuncia o destitución del director de la institución por «alterar» las cifras a «beneficio del gobierno» en un intento por «salvarlo».

Al ser consultados sobre el tema, fuera de micrófono, miembros del INDH explican que detrás de las acciones del gremio existe una «intención política». Los miembros de la asociación, en su mayoría simpatizantes de Convergencia Social y el Partido Comunista, alegan que alguien de la Democracia Cristiana como Sergio Micco «no puede» liderar el organismo. 

Adicionalmente, funcionarios en conocimiento de la situación plantean que “acá hay una intencionalidad política y una molestia profunda de que quien dirige hoy día el instituto no es una persona de extrema izquierda como ha sido más usual”. Algo que, dicen, no se explica considerando que Micco “desde su época universitaria fue un férreo defensor de los derechos humanos, o sea él fue detenido, una persona con esa historia personal, están diciendo que es prácticamente un cómplice de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Con respecto a lo ocurrido con las cifras de las víctimas de trauma ocular, uno de los integrantes del Consejo del INDH, Cristian Pertuzé, explica que no existe dicha modificación, sino que durante el período del denominado estallido social solo se podía hablar de denuncias. Sin embargo, a la fecha se ha avanzando en la judicialización y la presentación de 173 querellas.

“Las 400 denuncias sí se tuvieron, pero las que se pueden acreditar, se reunieron la totalidad de los antecedentes, las personas siguieron el proceso y nos dieron el mandato como instituto para hacer las querellas son los casos que están hoy”, describe Pertuzé.

Funcionarios aseguran que a finales de febrero de este año, cuando una serie de solicitudes de información llegaron al instituto, fue el propio Mauricio Carrasco, secretario de la Asociación, quien elaboró una base de respuesta aclarando que no existía un cambio de metodología, mientras que comenzada la movilización señaló no tener conocimiento de la modificación de las cifras. 

A Carrasco se le vincula con Convergencia Social y fue candidato a diputado por el Movimiento Autonomista en el distrito 13, en 2017. Sobre sus nexos políticos escribió una carta a El Mercurio en la que se reconoce como militante del Frente Amplio que fue publicada el 11 de mayo de 2020.

“No sé por qué se cambió el criterio, siendo investigador y parte del desarrollo de la metodología, no sé cuales son los argumentos que hacen que se deje de documentar y registrar toda la atrocidad y enfoquen solo y exclusivamente en el accionar judicial, lo he preguntado varias veces y nadie me ha respondido”, señaló Carrasco a Interferencia.

«Boicot» del PC y Convergencia Social

El intento de boicot al director de la institución no remite únicamente a las últimas tres semanas, sino que desde que asumió el cargo. Cercanos a la dirección apuntan que, aunque puedan haber algunas demandas gremiales, la asociación está en contra del tipo de gestión y de Micco como director del Instituto. “Fue una Asociación que reclamó cuando se nombró a Sergio como director, estuvo en contra siendo que no tiene arte ni parte en el nombramiento, ha tenido una posición de confrontaciones con el alto de la administración”, describen.

La asociación gremial cuenta con el apoyo de algunos consejeros directivos como Consuelo Contreras, exdirectora de la institución, y Margarita Romero, que se han manifestado en reiteradas ocasiones en contra de Micco y el manejo de las cifras. 

“No tenía información de un cambio de metodología. Todas las personas que sufrieron algún tipo de trauma ocular con pérdida o no de visión son víctimas de violación a sus derechos independiente de si se han querellado a través del instituto o no”, señaló Contreras a The Clinic.

A ellos se suman dos exjefes de unidad que fueron despedidos el año pasado, Osvaldo Torres y Jorge Ortiz. Este último fue herido de seis perdigones en medio de una fiscalización en una movilización. Sin embargo, tras conocerse su pasado en el MIR se trató de desacreditar sus lesiones, sobre todo porque tras el ataque las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejos se encontraban en el lugar y documentaron la situación. 

Tras su salida del cargo, Ortiz solicitó una indemnización por $160 millones al Instituto por un supuesto despido injustificado. De igual forma, Torres está pidiendo $60 millones por el mismo motivo. En esta denuncia, ambas consejeras asistieron a testificar a favor de los dos. 

Adicionalmente, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, pidió a la Comisión de DD.HH. de la Cámara que cite a Micco para que exponga sobre los criterios que ha impuesto en el organismo. Previo a la sesión de este miércoles -en que Claudia Mix (Comunes), Marcela Sandoval (RD) y Gael Yeomans (Convergencia Social) participaron para interpelar a Micco-, el parlamentario se reunió con miembros de la ANDEDH, encuentro que fue publicado en las redes sociales del legislador y la agrupación. 

“Claramente está detrás (el diputado), está todo concertado, porque les molesta el ideal de pluralismo que debería tener el Instituto de Derechos Humanos. Con asociaciones así le dan la razón a las personas que dicen que acá trabajan solo comunistas; eso es muy malo para la institución y refuerza el sentido de buscar más pluralismo”, señalan funcionarios del INDH. 

No obstante, miembros del consejo valoran la instancia ya que describen que está dentro de las funciones de la Cámara fiscalizar a los órganos del Estado y la cita en la comisión permitió explicar que no hay cambio de números.

Por su parte, miembros de la convención constituyente del Partido Comunista entregaron una declaración pública donde emplazaron al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo a que «las presas y presos políticos de la revuelta social» sean puestos en libertas sin sanciones. En esta línea, acusan que el rol del INDH ha sido «errático» porque, dicen, ha «relativizado las violaciones a los Derechos Humanos».

«El actual director del INDH, Sergio Micco, no puede seguir dirigiendo dicha institución dado que sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los derechos humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad», plantean. En caso de que las instituciones no respondan, advierten que incluirán en la nueva Constitución un artículo transitorio para liberar a los detenidos.

El petitorio 

La ANDEDH realizó un petitorio formal con siete puntos en el que señalan la existencia de “graves situaciones de desórdenes administrativos con respecto al presupuesto institucional, incumplimiento de los deberes del empleador, abusos y discrecionalidad de los procesos de movilidad y promoción de personas”, entre otros elementos.  

Funcionarios con conocimiento de la situación afirman que el punto que se señala «la inexistencia de medidas concretas que permitan cubrir el menoscabo de remuneraciones de trabajadoras y trabajadores que han asumido al costear operaciones institucionales pese al enorme ahorro presentado en la solicitud de información hecha por la Asociación”, busca el pago de agua, la calefacción y una serie de escritorios que tuvo que costear el gremio.

Esto, dice la funcionaria, mientras que los sueldos de los trabajadores se mantuvieron durante la pandemia, incluso el ticket de restaurante. “En el Instituto todo peso adicional que se tenga lo están destinando a las víctimas. El año pasado nos dieron más plata y contratamos a abogados, psicólogos y trabajadores sociales, pero ellos (la Asociación) quieren que esos ahorros institucionales en vez de ir a las víctimas, vayan para ellos y se llaman defensores de derechos humanos”, acusa la fuente.

Adicionalmente, el gremio denuncia una práctica de “constante persecución y abstracción de las referidas áreas de soporte mediante auditorías, cuando contrariamente estas debieran ser fortalecidas”. 

Sin embargo, otros trabajadores del INDH explican que la Dirección realizó una auditoría, la que decantó en la apertura de un sumario por ciertas irregularidades en materia de horas extra, vacaciones y áreas que tenían desempeños “ineficientes”.  Lo anterior fue considerado por el sindicato como persecución, “en el fondo ellos no quieren que la Dirección investigue y, por otro lado, no quieren ser sujetos a evaluación de desempeño”, lo que es obligación en el sistema público. 

Por último, el gremio denuncia la “inexistencia de una política de personal que incluya, entre otras cosas, un inmediato proceso de encasillamiento”, lo que se traduce en un aumento en los sueldos.  

Este encasillamiento por bandas, establece franjas de sueldos, donde no se permite la flexibilidad de reajuste de acuerdo con el presupuesto de la institución. Esto significa que algunas personas podrían subir más de $500 mil su salario. “Obviamente pedir eso en un momento en que estamos en pandemia, con crisis económica, con gente que de verdad está en la calle, parece que se les olvidó esta realidad del verdadero Chile”, crítica la funcionaria.